"Se prohíbe el acceso de los menores a contenidos de carácter pornográfico, en cuanto mina el respeto a su dignidad y compromete su bienestar físico y mental, constituyendo un problema de salud pública": así reza el artículo 13.1 de la ley de 13 de noviembre publicada al día siguiente en la Gaceta Oficial del Estado italiano. Queda así convertido en ley, con algunas modificaciones introducidas por el Senado, el decreto-ley del 15 de septiembre con el que la primer ministro Giorgia Meloni adoptó una serie de "medidas urgentes contra el malestar juvenil, la pobreza educativa y la criminalidad de los menores, y también para la seguridad de los menores el ámbito digital".
Dicho decreto fue denominado
oficiosamente como "decreto Caivano" porque
responde a la alarma social generada en Italia tras la violación colectiva y
salvaje de dos niñas de 13 años en julio por parte de seis adolescentes (solo
uno mayor de edad), en dicha localidad de la Campania napolitana. La
delincuencia juvenil se ha disparado en Italia, en particular por delitos
sexuales, al mismo tiempo y ritmo que las cifras de consumo de
pornografía a través de la telefonía móvil.
De ahí que la nueva ley obligue a
los responsables de sitios web y a los proveedores de plataformas de
vídeo a verificar si los usuarios son o no son mayores de
edad "para evitar el acceso a
contenidos pornográficos de los menores de 18 años". Tienen sesenta días desde la entrada en vigor de
la ley para "garantizar un nivel de seguridad proporcional
al riesgo". En caso
contrario, y según los procedimientos ya establecidos por la legislación
italiana, "se procederá a bloquear
el sitio y la plataforma".
Tras los sucesos de Caivano,
Giorgia Meloni visitó la ciudad y se entrevistó con el sacerdote Maurizio Patriciello,
un referente de la lucha moral y social contra la Camorra.
El Estado "ha estado mirando para otro lado" demasiado
tiempo ante los problemas de inseguridad y delincuencia juvenil, lamentó Meloni
en una rueda de prensa en septiembre, tras la adopción de estas y otras medidas
por el Consejo de Ministros.
"Cuando la
ministra Eugenia Roccella [de Familia, Natalidad e Igualdad de
Oportunidades] dijo la edad en la que se calcula hoy el primer acceso a sitios
pornográficos, a los 6 o 7 años, vi la cara espantada de algunas
madres, más o menos la cara que se me quedó a mí cuando descubrí este
dato", dijo Meloni al presentar su plan
de lucha contra esa lacra, responsable en buena medida de la delincuencia
sexual.
Las medidas adoptadas incluyen un
incremento de penas por posesión de armas o drogas, el reforzamiento del
control de la escolarización, la responsabilización de los padres de las
acciones de sus hijos, los apercibimientos a menores con sanciones como
la prohibición del uso de teléfonos móviles hasta por
dos años, la creación de guarderías públicas y el establecimiento de
planes de formación y asistencia psicológica a los menores.
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