MICHAVILA CRITICA LA EXTRAPOLACIÓN DE LOS DATOS, CAMPAÑA DE E-CRISTIANS POR LO MISMO...
Ángel Gabilondo, ex candidato socialista a la
Comunidad de Madrid y Defensor del Pueblo, al presentar el pasado 27 de octubre
su informe sobre abusos en la Iglesia.
El Defensor del Pueblo y ex
candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, continúa su gira de entrega del informe sobre abusos en la
Iglesia católica, cada
acto con su correspondiente repercusión mediática. El 27 de octubre lo puso de
largo en el Congreso de los Diputados ante su presidenta, Francina Armengol. El 2 de noviembre se lo llevó a Pedro Sánchez al Palacio
de La Moncloa. El día 8 lo recibió de sus manos el cardenal Juan José Omella, presidente de la
Conferencia Episcopal Española, y el día 21, el presidente de la Confer
(Confederación Española de Religiosos), Jesús Díaz
Sariego.
Pero este jueves, la repercusión
mediática del informe ha ido por otro camino. José Ramón Navarro-Pareja desvela en
el diario ABC que "un
grupo de católicos" le 'coló' un caso falso a Gabilondo.
EL
CASO "FAKE"
Se trata del llamado
"testimonio 359", en la página 246 del informe. Recoge los abusos
sufridos en 1991, a manos de un catequista (un ficticio 'Emi' apodado o apellidado 'Flores'), por un inexistente -y entonces
adolescente- Sergio Gámez en una parroquia del barrio madrileño
de Aluche que dejó de
existir en 2018.
El testimonio fue recogido por la
Unidad de Atención a Víctimas creada por Gabilondo y la única prueba
aportada fue el propio correo electrónico dirigido
a ella donde se relataban los supuestos hechos. No hubo
entrevistas personales ni mayor verificación.
El falso caso había sido enviado
antes a El País (que llevaba a cabo su propia investigación),
y este diario lo publicó y lo entregó a Gabilondo. Es más: el caso fue incluido por la conferencia episcopal en su propia investigación,
trasladada a su vez también al Defensor del Pueblo.
"Nuestro único
objetivo era comprobar si las sospechas sobre el modus operandi de
estas investigaciones eran ciertas", declara Alfredo Fernández, portavoz de ese grupo de católicos que, en el verano de 2022,
decidieron esta estrategia al ver el sectarismo y los métodos con los que se
estaba actuando.
"El foco se
debe poner en los malos procedimientos en la investigación, que hemos
conseguido demostrar con esta acción", añade
Fernández, pero "de ningún modo queremos
denostar a las verdaderas víctimas, que las ha habido y es muy doloroso".
Su pretensión es que "se descubra
cuales son víctimas de verdad, para así poder ayudarles con la reparación
necesaria, porque pensábamos es que detrás de esto sólo había una
campaña ideológica, en la que no importaban las víctimas, sino denostar a la
Iglesia".
SENSACIÓN
"AGRIDULCE"
La denuncia arrancó el 21 de
julio de 2022 con un correo electrónico desde una
cuenta gratuita, donde el
denunciante describía lo supuestamente acaecido. Pedía discreción. Los
periodistas de El País pidieron algunos detalles, y ellos contestaron
el 2 de agosto resolviendo dudas. No hubo más hasta finales de noviembre,
cuando le pidieron a 'Sergio' el nombre del juez del tribunal de la Rota que,
según el testimonio, habría declarado la nulidad del matrimonio de la víctima,
roto como consecuencia del trauma dejado por aquellos abusos.
Los denunciantes dieron evasivas
y no hubo más contacto, hasta que el 14 de diciembre el diario informó a 'Sergio'
de que su historia sería incluida en el trabajo que estaban realizando. El
31 de enero de 2023 le invitaron a participar en la investigación de Gabilondo,
cuya Unidad de Víctimas contactó con él para enviarle un cuestionario, que
respondió. El 7 de julio su caso salió publicado en El País, y el 27 de octubre
en el informe del Defensor del Pueblo. 'Sergio'
nunca atendió las peticiones del diario y de la Unidad de Víctimas para una
llamada telefónica.
La sensación de los participantes
en esta iniciativa es "agridulce", recoge ABC. Habían logrado demostrar
que un caso "totalmente ficticio" era
admitido por El País, el
Defensor del Pueblo y la Iglesia sin haber sido
contrastado. Pero,
añaden, "nos queda la duda de cuántos más
puede haber en ese informe, lo que nos hace dudar de su credibilidad y
acaba dañando a las verdaderas víctimas".
¿UNA
INVESTIGACIÓN ILEGAL?
Pero esa credibilidad ya venía
siendo cuestionada desde que comenzase la investigación por parte del Defensor
del Pueblo, una institución cuyo mandato constitucional, como comisionado de
las Cortes Generales, es "supervisar
la actividad de la Administración" en defensa de los derechos fundamentales. La ley
orgánica que regula su actuación establece, en su artículo 9.2, que "las atribuciones del Defensor del Pueblo se
extienden a la actividad de los ministros, autoridades administrativas,
funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de las
Administraciones públicas".
El portal del Defensor
del Pueblo presenta en cabeza de las 'Últimas noticias' la más antigua de las
que muestra en pantalla. (Captura realizada a las 18:37 del
23-11-23.)
En consecuencia, la petición que
le cursó el Congreso de los Diputados, de investigar a una
institución privada como la Iglesia, y solo a ella, es "ilegítima", según Josep Miró i Ardèvol, ex conseller de
la Generalitat catalana y presidente de E-Cristians. Al no estar sujeto a
mandato imperativo y actuar "con autonomía y
según su criterio", según establece dicha ley (art. 6.1), debió
rechazar el encargo.
Máxime cuando, según estudios que ya eran conocidos como
el de la fundación especializada ANAR y según los
datos que figuran en el propio informe del Defensor
del Pueblo, la Iglesia es responsable de una exigua minoría de los casos de abusos
denunciados.
Por todas estas irregularidades,
pide Miró que Gabilondo dimita.
MICHAVILA:
"UN DELIRIO ESTADÍSTICO"
En cualquier caso, el 'gol' colado por el 'fantasma'
de Sergio Gámez afecta también a El
País, diario que ha contribuido de forma decisiva al otro gran
escándalo suscitado por este informe: la extrapolación de los datos de la encuesta que el Defensor del Pueblo
encargó a GAD3. Ésta atribuye el 0,63% de los
casos de abuso a
sacerdotes y religiosos.
Con notable sincronía, enseguida
se fabricó con ese dato, extrapolando al conjunto de la población española, la
noticia de que 440.000 españoles habían sufrido abusos sexuales en el ámbito
de la Iglesia católica. Una extrapolación por la que el periodista de ABC que
ha desvelado el caso fake, José Ramón Navarro-Pareja, interrogó a Gabilondo
el 27 de octubre, sin que el ex ministro socialista de Educación la
desmintiese.
Narciso Michavila
explica por qué es falsa la cifra de 440.000 personas a partir del minuto 9:47.
Este martes, el propio
responsable de la encuesta, Narciso
Michavila, presidente de GAD3, declaraba a Carlos Herrera en
la COPE que esa cifra es "un delirio
estadístico" y un número
imposible: "No había curas suficientes en España en los años 60 y 70 (que
es cuando se han cometido la inmensa mayoría de los delitos de pederastia en
España y en Occidente en general) para tantísimo delito", dado que
el número total de sacerdotes y religiosos en ese periodo fue de 72.000.
PETICIÓN
AL DEFENSOR DEL LECTOR
Por la manifiesta
manipulación de hablar de
440.000 víctimas a raíz de un informe que ha encontrado 487,
E-cristians ha lanzado una campaña de denuncia con cartas a los defensores del
lector de El País, Soledad Alcaide y La
Vanguardia, Joel Albarrán para
pedirles una rectificación, dado que son sus principales -aunque no únicos-
propaladores.
La primera de todos, la
presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien ese mismo día lanzó el bulo en Twitter (X) de que "el informe concluye que 440.000 personas en España han sido víctimas de
pederastia en la Iglesia católica", a sabiendas de que el
informe en ningún momento concluye eso.
En su página 36 apunta que "la Comisión Asesora considera que no ha formado
parte de su cometido hacer un cálculo del número de personas afectadas por
abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Ni siquiera se ha
propuesto realizar una aproximación a esta cantidad".
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