El pasado 27 de mayo, Rosanne
Casimir, jefa de una reserva de indios shuswap, anunció el hallazgo
de 215 cuerpos de niños indígenas en una fosa del Kamloops Indian
Residential School (Columbia Británica, Canadá). Localizaron los restos gracias
al empleo de radares de penetración terrestre y se desconoce la causa de sus
muertes.
Pero como esa residencia del
gobierno canadiense había sido gestionada por una congregación católica, este
hecho está sirviendo para una nueva campaña de los medios de
comunicación laicistas, con el apoyo del primer ministro Justin Trudeau, contra
la Iglesia, exigiéndole disculpas por hechos aún no esclarecidos y
que no le afectan solamente a ella, y que algunos consideran ya "genocidio".
La campaña está siendo eficaz,
pues según una encuesta el 66% de los canadienses culpa
a la Iglesia (de qué, exactamente, es otra cuestión) y solo el 34%
al gobierno. Y, de hecho, dos representantes de las principales
asociaciones indígenas de Canadá, Perry Bellegarde,
jefe de la Asamblea de Primeras Naciones, y David Chartrand, vicepresidente del Consejo Nacional Métis,
quieren visitar al Papa para que se disculpe.
RESIDENCIAS DEL
GOBIERNO
El sacerdote Jorge
Enrique Múgica, L.C. ha analizado en un artículo en Zenit el
alcance de lo sucedido.
Entre 1883 y 1996, explica, unos 150.000 niños indígenas pasaron por 130 residencias instituidas por el
gobierno canadiense, cuando todavía formaba parte del Imperio
Británico, para asimilar a la población indígena. La gestión de las residencias
fue confiada a diversas asociaciones religiosas,
entre ellas, pero no solo, instituciones católicas, y finalmente también se
hicieron cargo de ellas instancias oficiales de forma directa. La residencia
de Kamloops fue confiada a los Misioneros Oblatos durante buena parte del periodo en que estuvo
operativa y fue la que mayor número alumnos acogió.
"Ante
todo", señala el padre Múgica, "habría que recordar que las residencias no fueron
iniciativa de la Iglesia ni de ninguna otra confesión religiosa sino totalmente
proyectos
del gobierno civil... Las asociaciones religiosas se ocupaban de la
disciplina en las escuelas, de la educación y de la organización del día a día
al interior de las mismas".
Fue el gobierno quien en 1920
declaró obligatorio para los niños indígenas acudir a esas escuelas, "no fueron las iglesias las que arrebataban a
los niños a algunas familias sino el gobierno por medio de una ley. Por otra parte, algunos niños ya
eran huérfanos, lo que
facilitaba aún más el traslado por parte del gobierno a una de las
residencias".
Una comisión que estudia el caso
ya había establecido en 2015 las causas de las muertes en las
residencias: al menos la mitad de los niños murieron de
tuberculosis y otros de gripe y
neumonía. Otras causas de muerte son ahogamiento, hipotermia y algunos
por suicidio.
"Es legítimo
preguntar", señala el padre Múgica, "si los niños que morían entonces tenían acceso a vacunas
que en todo caso debería proporcionar el gobierno -piénsese la fácil
correspondencia que se puede hacer entre tiempo y aparición de las mismas- o en
los enseres necesarios como ropa adecuada y alimentos que
también el gobierno debía -¿y daba?- a niños en un país donde las temperaturas
no son las de Cancún y las residencias eran su propiedad".
El politólogo Pablo
Muñoz Iturrieta ofrece otro análisis sobre esta cuestión, complementario al del
padre Múgica.
"¿Qué hay
entonces detrás de toda esta campaña emotivista que se
aprovecha de la muerte de niños y que abandera Justin Trudeau?", se pregunta Múgica.
INTERESES POCO
RESPETUOSOS DE LA POBLACIÓN AUTÓCTONA
Y apunta a una causa política: "A finales de junio de 2021 vence el
plazo para que el primer ministro saque iniciativas legislativas en un
congreso en el que no tiene mayoría su partido (el Partido Liberal de Canadá).
Entre las iniciativas de ley en puerta está la aprobación de leyes indigenistas
como la Ley C15 por la cual se sustrae de la soberanía del país a las
poblaciones indígenas. Esa es una política impulsada por la ONU para
un objetivo muy sencillo y que no es el de proteger al indígena: posibilitar
que las empresas entren directamente, y sin mediación del Estado, en contacto
con la población autóctona sustraída del poder del gobierno del país para
poder quitarles sin trabas sus tierras a través de 'proyectos' que
explotan la biodiversidad, minerales o petróleo. Después de todo eso es más
sencillo que hacerlo por medio de las instancias gubernamentales y toda su
burocracia".
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