Los obispos de Costa Rica rechazaron los excesos
cometidos en el allanamiento judicial a la sede de la Conferencia Episcopal
(CECOR) y la Arquidiócesis de San José, para llevarse los documentos sobre los
casos del exsacerdote Mauricio Víquez y el P. Manuel Guevara, acusados de
abusos sexuales; sin embargo los prelados reiteraron su compromiso en la lucha
contra este mal.
“Ni la fiscalía, ni los Tribunales de Justicia, han
requerido información alguna a las instancias de la Iglesia, ni a la Curia
Metropolitana, ni a la Conferencia Episcopal, hasta lo lamentablemente sucedido
el día de hoy”, indicaron los obispos en un
comunicado emitido el 7 de marzo.
“En la orden de allanamiento, la juez razona la
procedencia del mismo en el dicho de un ofendido, el cual relata que los
funcionarios de la Iglesia le negaron copia de su denuncia realizada ante la
Curia Metropolitana en el año 2015, lo cual es falso”, precisan.
La Fiscalía del II Circuito Judicial de San José (Costa Rica) y la
Adjunta de Género allanaron el 7 de marzo la Arquidiócesis de San José por los
casos de abusos cometidos por el exsacerdote
Mauricio Víquez Lizano, expulsado del estado clerical y prófugo de la
justicia; y por el proceso que se sigue al P.
Manuel Guevara Fonseca.
Los obispos indicaron que el allanamiento lo realizaron “al menos 20 agentes del Organismo de Investigación
Judicial (OIJ) al mando de varios fiscales, armados, con pasamontañas y equipo
para derribar puertas y forzar archivos, mostrando una orden de allanamiento, y
encerraron en un salón a todos los colaboradores de las diferentes instancias
de la CECOR”.
“Pese a que los funcionarios se mostraron en la
mayor disposición de colaborar y suministrar los materiales que fueran
requeridos, amenazaron de palabra, y condujeron a nuestros funcionarios,
dándoles el trato de personas peligrosas y los mantuvieron incomunicados”, lamentaron los prelados.
Además, dijeron los obispos, “los agentes
del OIJ causaron destrozos materiales en el edificio”.
También denunciaron que los funcionarios de la CECOR quisieron rezar el
Rosario mientras estuvieron recluidos durante tres horas, algo que los agentes
impidieron con “música a alto volumen” mostrando
así “total irrespeto a su libertad religiosa”.
Los prelados costarricenses también señalaron que “se le impidió al abogado de la Conferencia Episcopal
presente en el edificio presenciar la acción judicial que se estaba llevando a
cabo”.
Los obispos reiteraron su disposición a colaborar con las autoridades en
las investigaciones sobre abusos sexuales, pero rechazaron “el comportamiento de las autoridades judiciales en la
ejecución de la orden de allanamiento, el cual calificamos de excesivo”.
Asimismo expresaron su “preocupación por la
filtración a los medios de comunicación de información contenida en los
documentos secuestrados los cuales están siendo sacados de contexto, dando pie
a especulaciones y poniendo en peligro el honor de las personas cuyos nombres
pudiesen aparecer en los documentos, especialmente el de los denunciantes; de
ello responsabilizamos a los funcionarios judiciales”.
También aclararon que “ni la Conferencia
Episcopal, ni la Curia Metropolitana, han pagado por el silencio de los
denunciantes en ninguno de los casos investigados, cuyos expedientes han sido
secuestrados”.
“Confiados en que la verdad prevalecerá en estas
investigaciones, nos encomendamos especialmente a la oración de todo el pueblo
santo de Dios, para que el Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María,
conceda paz, serenidad y justicia a todas las partes”, concluyeron.
EL CASO DE VÍQUEZ
LIZANO
El exsacerdote Mauricio Víquez Lizano fue durante un tiempo vocero de la
Iglesia en Costa Rica y, según Maikol Rodríguez Solera y Anthony Venegas
Abarca, abusó de ellos cuando tenían 13 y 14 años respectivamente.
Ambos acusaron al Arzobispo de San José, Mons. Rafael Quirós, de haber
encubierto a Víquez por supuestamente no haber actuado cuando recibió las
primeras denuncias en 2003.
En ese entonces el P. Quirós se desempeñaba como Vicario y el Arzobispo
era Mons. Hugo Barrantes.
Mons. Quirós ha negado las acusaciones de encubrimiento y dijo que la
denuncia formal canónica contra el exsacerdote se presentó en 2018.
En un comunicado del 14 de febrero, la Arquidiócesis indicó que en 2003,
cuando recibió las acusaciones contra Víquez por primera vez en su calidad de
Vicario, el entonces P. Quirós “informó al
Arzobispo de San José, Mons. Hugo Barrantes Ureña. Respondiendo a esta queja y
solicitud de quienes la interpusieron, el sacerdote Víquez Lizano fue removido
del oficio de párroco y se decidió no iniciar ninguna acción que lesionara la
buena fama de los menores afectados como en la conversación fue solicitado. A
partir de ese momento nunca más tuvo oficios parroquiales”.
El texto indica además que quienes acusaron a Víquez pidieron 200 mil
dólares cada uno, una solicitud “que fue rechazada
por el Arzobispo”.
En enero Víquez fugó de Costa Rica y el 25 de febrero fue expulsado del
estado clerical. Actualmente tiene orden de captura internacional.
En declaraciones recientes a Radio Fides, el Obispo Auxiliar de San
José, Mons. Daniel Blanco, negó que la Iglesia conozca el paradero de Víquez y
le pidió que regrese a Costa Rica para enfrentar a la justicia.
De otro lado, el P. Manuel Guevara Fonseca, también acusado de abusos
sexuales contra una persona menor de edad, fue detenido el 28 de febrero, tras
lo cual la Arquidiócesis de San José lo removió de su cargo de párroco.
El 1 de marzo fue liberado, pero deberá acudir al
juzgado a firmar cada 15 días.
Redacción ACI
Prensa
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