Con recortes a las clínicas
que lo facilitan
La política que va a aplicar
la Administración Trump conecta con la que puso en marcha el presidente Reagan,
según la cual los servicios de aborto requerían de una separación física y de
personal del resto de las actividades relacionadas con la planificación
familiar.
(ABC/InfoCatólica) Donald Trump ha reafirmado su
posición provida, esta vez con su decisión recortar fondos de la Administración
a las organizaciones y clínicas que promueven o facilitan el aborto. Las
medidas anunciadas el jueves por la Casa Blanca supondrán que ninguno de esos centros ni sus respectivos
programas recibirán dinero público si mantienen su actual labor de promover la
práctica del aborto o de remitir pacientes a clínicas que lo realicen.
Antes de proceder al recorte de fondos, la Administración dará la opción a los
centros de mantener la percepción de las ayudas en el caso de que decidan
renunciar a esa labor.
Aunque las leyes federales
actuales ya prohíben destinar fondos a centros que usan el aborto como método
de planificación familiar, organizaciones como Planned Parenthood, la más
grande proveedora de abortos en Estados Unidos, han mantenido esa actividad y
recibido hasta la fecha cuantiosas ayudas.
La política que va a aplicar
la Administración Trump conecta con la que puso en marcha el presidente Reagan,
según la cual los servicios de aborto requerían
de una separación física y de personal del resto de las actividades
relacionadas con la planificación familiar. Los abortistas consideran que en la
práctica esta política termina suponiendo una «ley
mordaza», al imposibilitar que los cuidadores de esos centros provean a
los pacientes de cualquier tipo de información sobre el aborto o sobre dónde
recibir ese servicio.
Para terminar con la falta de
definición con la que actúan organizaciones como Planned Parenthood, fuentes de
la Administración aseguraron que les exigirán
desde ahora «una línea muy clara, tanto en la separación física como en la
separación financiera, entre las
actividades abortivas y todas las demás». El objetivo que buscan es que «ninguna de las que reciban fondos públicos pueda
proporcionar o dar consejos sobre el aborto».
Los grupos pro abortistas
confían en los tribunales para bloquear la puesta en marcha de las nuevas
medidas.
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