El sacerdote jesuita chileno Felipe Berríos, acusado a fines de abril de haber abusado de una menor de edad hace más de 18 años, emitió una declaración pública en la que se declaró inocente y pidió al Ministerio Público que se le inicie una investigación.
“Quiero que se me investigue al igual que cualquier
ciudadano de este país y para ello y en vista de que la denunciante no ha
recurrido a la justicia, hoy ingresé un escrito ante el Ministerio Público
solicitando que se inicie una investigación sobre los hechos descritos en la
denuncia así como también respecto de lo publicado en algunos medios de
comunicación, que indican que habría otras denuncias, las que a la fecha
desconozco y no me han sido informadas”, escribió
el P. Berríos el 30 de mayo, en la declaración compartida por
CNN.
“He decidido iniciar este trámite a pesar de la
exposición que implica un proceso de investigación penal como este. Los hechos
que se me imputan en la única denuncia que conozco no son ciertos y aspiro a
que se conozca públicamente la verdad”, aseguró.
También dijo que busca la posibilidad de poder defenderse “ante el Ministerio Público y los tribunales en la forma
más transparente posible”.
A inicios de este mes la Compañía de Jesús (jesuitas) en Chile informó que el jueves 28 de abril recibió una denuncia de
una mujer adulta en contra del jesuita Berríos por hechos de connotación sexual
que “habrían ocurrido cuando la denunciante era
menor de edad”.
El 2 de mayo, la Iglesia en Chile decretó la apertura de una
investigación previa canónica en contra del jesuita, que es conocido por sostener
posturas contrarias a la doctrina católica, como estar a favor
del mal llamado “matrimonio” gay.
Mientras dura la investigación canónica, el sacerdote permanecerá
suspendido del ejercicio de su ministerio público.
En la declaración del 30 de mayo, el P. Berríos recordó que la “denuncia fue presentada solo ante la Iglesia y no ante
el Ministerio Público, lo que significa estoy sometido a un proceso canónico
que, por regla, se debe mantener en estricto secreto”.
Según el jesuita, la decisión de solicitar una investigación a la
Justicia chilena fue porque “la opinión pública no
sabe de qué se le acusa” y no está de acuerdo “que
los sacerdotes debamos tener una justicia especial” en el fuero
eclesial.
“Esto es visto, con justa razón, como un privilegio
por el resto de los chilenos. No digo que el proceso canónico sea malo, sino
que es insuficiente y desconocido para el común de la gente”, añadió.
El P. Berríos aseguró que ha “guardado un
riguroso silencio por casi un mes”, con “respeto
por la denunciante”, pero lamentó que la prensa local haya publicado más
datos acerca del caso, “la mayoría de ellos de
fuentes no identificadas y se han echado a correr muchos rumores falsos”.
“Por todo esto, no puedo seguir callando (…) Espero
que, de ahora en adelante, toda información que se divulgue sea pública,
abierta, transparente y, sobre todo, respetuosa de la verdad”, concluyó el jesuita.
OTRAS DENUNCIAS EN SU
CONTRA
El 11 de mayo, algunos días después del comunicado de los jesuitas
chilenos, el diario chileno La Segunda informó
que otras cuatro personas denunciaron al P. Berríos.
Dos de ellas apoyaron la denuncia de la primera presunta víctima, y las
otras dos habrían sido víctimas del sacerdote cuando tenían entre 14 y 17 años.
El diario sostuvo que las nuevas denuncias se presentaron ante la
Fundación para la Confianza, institución civil que ha acompañado a la primera
supuesta víctima.
POR DIEGO LÓPEZ
MARINA | ACI Prensa
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