Lucha por la vida en Chile
Ya se aprobó en
referéndum la redacción de una nueva constitución, ahora la Convención
Constitucional de Chile ha creado una plataforma digital para que los
ciudadanos hagan propuestas sobre los temas que consideran deben ser debatidos
y consagrados en la nueva constitución.
(NCRegister/InfoCatólica) En un referéndum de octubre de
2020, los chilenos votaron a favor de la redacción de una nueva constitución.
La convención constitucional comenzó a reunirse en julio de 2021. En septiembre
de este año debería celebrarse otro referéndum para decidir si se acepta la
constitución que se redactará.
El umbral para garantizar que
la convención considere una propuesta es de 15.000 firmas. Aunque las
iniciativas que respaldan el derecho a la vida, la libertad de religión y
conciencia, y el derecho de los padres a que sus hijos sean educados de acuerdo
con sus convicciones han alcanzado esa meta, los proponentes piden más firmas antes
de la fecha límite del 1 de febrero para demostrar que tienen un fuerte apoyo
público y facilitar su eventual inclusión en la constitución.
DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGIÓN
Las comunidades religiosas de
Chile se organizaron para crear la Iniciativa 3042 sobre «Libertad de conciencia y
religión», que establece que «la
libertad religiosa comprende su libre ejercicio, la libertad de profesar, continuar practicando y
cambiar de religión o creencias, así como el derecho a asociarse para profesar
y propagar la religión o las creencias, tanto en público como en privado».
«El Estado no podrá coaccionar
a ninguna persona para que actúe en contra de sus convicciones o creencias
religiosas y cualquier persona podrá abstenerse de realizar conductas
contrarias a las mismas», agrega.
La iniciativa también pide que
las confesiones religiosas sean reconocidas «como sujetos de derechos» que «gocen de plena autonomía e igualdad de trato para el
desarrollo de sus fines de acuerdo con sus propias normas».
En consecuencia, el Estado
puede celebrar «acuerdos de cooperación» con estos grupos. Podrán «construir iglesias, instalaciones, lugares de culto, los
cuales estarán totalmente exentos de impuestos» y el daño que se haga «a dichas iglesias, instalaciones, lugares de culto y a
las personas en ejercicio de este derecho se considera un atentado contra los
derechos humanos de los afectados».
Además, la iniciativa
establece que los padres o tutores deben tener «el
derecho de que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa, espiritual y
moral que sea conforme a sus propias convicciones».
Estas confesiones religiosas
lanzaron un esfuerzo conjunto en agosto de 2020 para redactar una iniciativa y
presentaron un texto base denominado «Propuesta de
Contenido sobre Libertad Religiosa en la nueva Constitución» que fue
entregado a la Convención Constitucional el 18 de octubre.
El obispo Juan Ignacio
González Errazuriz de San Bernardo dijo a ACI Prensa que reunir el número
mínimo de firmas solo asegura la discusión y votación de la propuesta, pero «nadie está asegurando que el contenido de la disposición
propuesta permanecerá en la Constitución».
Por tanto, a medida que «más ciudadanos expresen su apoyo a estas iniciativas» podría
ayudar a quienes «no las entienden bien o tienen
otra interpretación de estos temas esenciales» a «aceptar algunas de las propuestas que se hacen», señaló.
Por ejemplo, el obispo se
refirió a la decisión que podrían tomar los delegados a la convención
constituyente cuando vean que la iniciativa a favor del aborto ya reunió más de
24.000, mientras que la iniciativa en defensa del derecho a la vida tiene
19.000 firmas.
Monseñor González dijo que lo
que está en riesgo es que los derechos fundamentales, que hoy están consagrados
en la constitución vigente, terminen «muy mal configurados o insuficientemente
asegurados».
«Lo importante
es que el Estado reconozca que el factor religioso en cualquiera de sus
vertientes es un factor social relevante en la vida de un país», subrayó.
DERECHO DE LOS PADRES A ELEGIR LA EDUCACIÓN DE SUS
HIJOS
La iniciativa 4102 por una «educación libre y diversa» aboga por la libertad
de educación y el derecho preferente de los padres a educar a sus
hijos, y busca garantizar una educación de calidad y de acceso universal.
La propuesta establece que la
educación debe ser un «bien integral de la persona
humana en las diferentes etapas de su vida, tanto en su dimensión corporal como
espiritual».
Por tanto, el Estado debe ser
responsable de «fomentar y financiar dicho
desarrollo desde las comunidades de familias» sin «imponer una visión única de la persona humana, la
sociedad y el mundo, ni una comprensión única de los derechos humanos». Por
el contrario, debe ayudar y apoyar a los padres en su función de «educar, criar y formar a sus hijos, así como el derecho
a elegir el establecimiento educativo para ellos».
Ingrid Bohn, del grupo «Con Mis Hijos No Te Metas» y también integrante
del grupo Educación Libre y Diversa, explicó a ACI Prensa que, aunque ya se han
recogido 15.000 firmas, se está trabajando en todo el país para reunir más,
porque «la iniciativa debe tener mucho apoyo
ciudadano».
«Apoyamos esta
propuesta y la patrocinamos junto con otras organizaciones de padres, tutores,
docentes y estudiantes porque somos quienes mejor conocemos a nuestros hijos y
quienes debemos tener la libertad de elegir entre una variedad de proyectos
educativos», dijo.
EL DERECHO A LA VIDA
Organizaciones como Siempre
por la Vida y la ONG Comunidad y Justicia crearon la Iniciativa 4138 sobre el «Derecho a la Vida».
La iniciativa propone que el
derecho a la vida tenga protección constitucional desde
el momento de la concepción, «independientemente de la edad o etapa de desarrollo», porque
«si las leyes y la Constitución no reconocen que
todos somos iguales en dignidad y derechos, puede contribuir al problema social
de discriminar arbitrariamente a los no nacidos».
La propuesta se basa en
argumentos biológicos, filosóficos y jurídicos del derecho internacional.
«Es inconcebible
que una Constitución que busca, precisamente, proteger la dignidad de todas las
personas, sin discriminaciones arbitrarias, deje a un grupo fuera de esta
protección, solo por no haber nacido», señala la iniciativa.
Aun así, desde septiembre de
2017, Chile cuenta con una ley que despenaliza el aborto por violación hasta
las 12 semanas de embarazo, y sin límite gestacional tanto por inviabilidad fetal
como por riesgo para la vida de la madre.
Verónica Hoffmann, directora
ejecutiva de la Fundación Chile Unido, dedicada a apoyar a madres con embarazos
en crisis, animó a la ciudadanía a suscribir la iniciativa «para que la Constitución de Chile siga protegiendo el
derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, y que la
ley proteja la vida del no nacido».
«Debemos
participar ya que el derecho a la vida es la dignidad de todo ser humano, es
inviolable, desde el momento en que comienza su existencia. Es fundamental que
este derecho sea reconocido a todos los individuos humanos, sin distinción, y
siga estando presente en la Constitución chilena», dijo Hoffmann a ACI Prensa.
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