La ley recibe el visto bueno de la Comisión de Justicia del Senado
Con 19 votos a favor y 10 en
contra, el dictamen sobre la ley de suicidio asistido fue aprobado ayer jueves
por la Comisión de Justicia del Senado. La ley llega al pleno de la Cámara alta
donde con casi total seguridad será aprobado dado. Varios grupos que votaron a
favor advirtieron de las deficiencias del texto. Especialmente destacada fue la
intervención del senador de Geroa Bai, que es además médico intensivista.
(Agencias/Infocatólica) Muchas de las enmiendas
presentadas por los partidos minoritarios se retiraron a última hora para
allanar el camino al consenso y porque eran repetitivas. Buena parte de ellas
buscaban preservar los derechos de los discapacitados.
El Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) pidió a los grupos
parlamentarios que se corrijan las lagunas del texto en lo que atañe a los «derechos humanos de personas con discapacidad», a
fin de evitar que se conviertan en «vidas
descartables».
A juicio de esta organización, «la vida de las personas con discapacidad es igualmente
de valiosa que la del resto de seres humanos». Las decisiones que se tomen en el final de
la vida «no tienen que estar basadas u orientadas
sobre aspectos como la discapacidad o la edad», lo que supondría una «discriminación derivada de prejuicios sociales».
TEXTO DE POCA
CALIDAD
Durante el debate del
dictamen, la senadora de ERC, Laura Castells, echó en falta la celebración de
«varias ponencias divididas por temas» y «un debate
más sosegado» de la nueva «prestación de
ayuda a morir». «Esta ley adolece de poca calidad legislativa», espetó
la senadora, cuyo partido votó a favor del dictamen que deberá ser debatido
ahora por el pleno del Senado antes de volver al Congreso de los Diputados. «Preferimos una ley de eutanasia así como está
a no tenerla», afirmó
Castells al diario Abc un día
antes de la reunión de la Comisión.
Dentro del grupo de Izquierda
Confederal (Compromís, Más Madrid, Catalunya en Comú Podem), su portavoz Koldo
Martínez de Geroa Bai criticó «la oscuridad
conceptual» de la proposición de ley. «La
falta de claridad conceptual es antidemocrática y la manipulación de la
realidad provocará inseguridad jurídica para los sanitarios y los pacientes»,
afirmó el senador, cuyo grupo parlamentario, sin embargo, también apoyó el
dictamen.
ES UNA
BARBARIDAD
Martínez, que resulta ser
médico intensivista, criticó además la falta de garantías que ofrece la ley a
los pacientes. «Todos los controles desaparecen
cuando una persona se encuentra sin uso de sus facultades. Es una barbaridad que el médico
pueda presentar la solicitud de eutanasia en nombre del paciente, ya
que no sabemos cómo se llevó a cabo el proceso de las voluntades anticipadas», afirmó.
D. Koldo tampoco está de
acuerdo con la falta de definición de la ley sobre el perfil profesional de la
persona que debe ejecutar el «derecho a morir». El articulado de la ley habla de «profesional sanitario competente» pero no
especifica si debe ser el médico o el personal de enfermería. «Estamos a tiempo de reflexionar y mejorar una ley necesaria
pero que ahora es deficiente y que habrá que modificar en tres años porque generará
importantes recursos en los tribunales», afirmó.
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