Contradice las recomendaciones de Doctrina de la Fe y el Consejo de Europa
A pesar de que
la Congregación para la Doctrina de la Fe dictaminó que no se puede obligar a
vacunarse a nadie y que el Consejo de Europa sostuvo que la vacunación es
voluntaria y no se puede sancionar a quien no se vacune, el estado del Vaticano
ha decidido imponer la vacunación a sus empleados bajo amenaza de sanciones o
despidos.
(NCRegister/InfoCatólica) El 21 de diciembre del 2020 la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una
nota sobre la
vacunación durante esta pandemia que, entre otras consideraciones, decía lo
siguiente:
Al mismo tiempo, es evidente
para la razón práctica que la vacunación no es, por regla general, una
obligación moral y que, por lo tanto, la vacunación debe ser voluntaria.
La Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa aprobó el pasado 27 de enero la resolución 2361 de 2021,
sobre consideraciones éticas, legales y prácticas en torno a la aplicación de
las vacunas contra el Covid19. Dicha resolución dice expresamente que los gobiernos deben asegurarse de que los
ciudadanos estén informados de que la vacunación NO es obligatoria y de que
nadie es presionado política, social o de otro modo para que se vacune,
si no lo desea; deben además velar por
que nadie sea discriminado por no haber sido vacunado, por
posibles riesgos para la salud o por no querer ser vacunado.
Sin embargo, se ha sabido que
en un decreto emitido a principios de este
mes, el cardenal gobernador del Estado de la Ciudad del
Vaticano advierte que los empleados que se nieguen a
recibir la vacuna COVID-19 cuando
se considere necesario para su trabajo podrían enfrentarse a sanciones
e incluso al despido.
El decreto del 8 de febrero
del cardenal Giuseppe Bertello, presidente de la Comisión Pontificia del Estado
de la Ciudad del Vaticano, establece las normas que deben
seguir los empleados del Vaticano, los ciudadanos y los funcionarios de la
Curia Romana para controlar la
propagación del coronavirus en el territorio del Vaticano, como el uso de
mascarillas y el distanciamiento físico. El incumplimiento de las normas
podría acarrear multas.
«La emergencia
sanitaria debe ser afrontada para garantizar la salud y el bienestar de la
comunidad de trabajo, respetando la dignidad, los derechos y las libertades
fundamentales de cada uno de sus miembros», señala el documento, firmado por Bertello y el obispo Fernando Vérgez
Alzaga.
Una
de las medidas incluidas en la orden es el protocolo de la vacuna COVID del Vaticano. En enero, la
ciudad estado comenzó a ofrecer la vacuna de Pfizer-BioNtech a los empleados,
residentes y funcionarios de la Santa Sede.
Según el decreto del cardenal
Bertello, la autoridad suprema, junto con la oficina de salud e higiene, «evaluó el riesgo de exposición» al COVID-19 y su
transmisión a los empleados en el desempeño de sus actividades laborales y «puede considerar necesario poner en marcha una medida
preventiva que prevea la administración de una vacuna para proteger
la salud de los ciudadanos, los residentes, los trabajadores y la comunidad
laboral».
El decreto establece que a los empleados que no puedan recibir la vacuna por
«razones de salud acreditadas» se les podrán asignar
temporalmente «funciones diferentes, equivalentes o, en su defecto, inferiores» que
presenten menor riesgo de contagio, manteniendo su salario actual.
La orden también dice que «el trabajador que se niegue a someterse, sin razones sanitarias
probadas», a la administración de la vacuna «está sujeto a las disposiciones» que se encuentran en el artículo 6 de las normas
de la Ciudad del Vaticano de 2011 sobre la dignidad de la persona y sus
derechos fundamentales en materia de controles sanitarios en la relación
laboral.
El artículo 6 de las normas
dice que una negativa puede acarrear «consecuencias de
diverso grado que pueden llegar hasta la interrupción de la relación laboral».
Además de la vacunación, las
medidas contenidas en el decreto incluyen la limitación de las reuniones de
personas y de los desplazamientos, la obligación de llevar correctamente la
mascarilla y de mantener el distanciamiento físico, así como de observar el
aislamiento si es necesario.
Las multas por incumplimiento
de estas medidas oscilan en su mayoría entre 25 y 160
euros (30 a 193 dólares).
Si se descubre que alguien ha
incumplido una orden legal de autoaislamiento o cuarentena por tener COVID-19 o
haber estado expuesto a él, la multa oscila entre 200 y
1.500 euros (de 242 a 1.812 dólares).
El decreto encarga a los
gendarmes del Vaticano (Guardia Suiza) que intervengan cuando observen el
incumplimiento de las medidas y emitan las multas.
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