Nota
de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura
La Comisión
Episcopal para la Educación y Cultura de la CEE ha publicado una nota comentado
el Proyecto de Ley de Educación (ley Celaá) que se está tramitando en el
Congreso. La nota defiende el estatus de la asignatura de religión católica. No
dice nada sobre la imposición de una educación sexual ideologizada.
(InfoCatólica) Los obispos españoles están
preocupados por el cambio que supondría para la asignatura de religión la casi
segura aprobación de la ley Celaá.
Igualmente solicitan que se
mantenga el criterio de «demanda social», fundamental
a la hora de regularizar los conciertos de los centros educativos no públicos
así como el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos.
Sin embargo, no dicen una sola
palabra sobre el apartado dedicado en la ley a la imposición de la ideología de
género y una moral sexual que debería de chocar contra el ideario de los
colegios católicos.
NOTA DE LA COMISIÓN
EPISCOPAL PARA LA EDUCACIÓN Y CULTURA
El Proyecto de Ley de
Educación –de la LOMLOE–, que ha sido publicado en circunstancias tan
extraordinarias como las de un «estado de alarma», afecta
sin duda a toda la sociedad, verdadera protagonista de la educación,
de la que formamos parte como Iglesia católica. Por ello, consideramos
responsabilidad nuestra participar en el debate público en orden a su
tramitación.
Punto de partida es, sin duda,
el compromiso con este bien inmenso que es la educación, uno de los tesoros más
valiosos de la sociedad, pues afecta a la vida de los seres más queridos y, de
muchas maneras, al futuro de todos.
Tras examinar con atención el
actual Proyecto de Ley, nos parece tener que insistir
en la necesidad de proteger y promover el derecho a la educación y la libertad
de enseñanza, tal como se explicitan en la Constitución y en
su interpretación jurisprudencial.
Nos preocupa que se recojan
plenamente las consecuencias de estos principios en la nueva Ley, y en primer
lugar el respeto por la responsabilidad y los derechos de los
padres en la educación de los hijos. Si el
Estado tiene una tarea principal en la defensa y la promoción del bien de la
educación para todos, no es sin embargo el sujeto del derecho educativo.
En este mismo sentido parece necesario que, a diferencia del actual Proyecto, la futura Ley
siga recogiendo la «demanda social» en
todas las etapas del proceso educativo, desde la libertad de elección de centro
escolar, que incluye la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones, al trato
en igualdad de condiciones de los diversos centros y a la libertad para su
creación.
La formación integral es un
principio educativo recogido también por la Constitución. En consecuencia, no puede excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral
y religiosa de la persona, de modo que ésta pueda crecer como sujeto
responsable y libre. En este ámbito de conocimientos se sitúa la asignatura de
Religión, como es habitualmente reconocido en los sistemas educativos europeos.
Queremos insistir en que esta asignatura no puede plantearse de manera ajena a la identidad
cultural, moral y religiosa de la persona.
Pues esta identidad forma parte esencial de la realidad a cuyo
conocimiento la escuela ha de introducir a la persona concreta. Conocer y comprender
la propia realidad es el método adecuado para poder luego actuar con libertad.
La persona, además, no existe
nunca como individuo aislado, sino como miembro de un pueblo, partícipe de una
cultura, de una tradición. La cual, en el caso de nuestra sociedad, como en el
de los diferentes países europeos, no se entendería sin conocer y comprender la
fe cristiana.
La
asignatura de Religión católica es una respuesta a estas exigencias en el caso de la mayoría del
alumnado. Ciertamente puede ser integrada de varios modos en el área de
conocimiento que le corresponda en el currículo, de modo que no se generen para
nadie agravios comparativos. De igual manera, habrá de respetarse el conjunto
de exigencias propias de su presencia en el ámbito escolar, relativas a la
metodología o al estatuto del profesorado. Pero no debe ser considerada ajena
al proceso educativo. Por ello, debe ser una asignatura
comparable a otras asignaturas fundamentales y, por tanto, evaluable de igual
manera.
Estos derechos y libertades, estos
bienes relativos a la educación, recogidos en la Constitución, han sido también
confirmados en varias ocasiones por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. Están contenidos igualmente en los Acuerdos del Estado español
con la Santa Sede.
Del mismo modo que es importante el diálogo y la participación de todos, no podemos dejar de tener en cuenta el marco jurídico fundamental,
que, defendiendo los derechos y libertades fundamentales, constituye la base no
sólo de nuestro «pacto social», sino también de un muy deseable «pacto escolar».
La presencia de la Iglesia,
del «pueblo católico» en nuestra sociedad es
grande, y ha desarrollado una tradición educativa secular. Creemos que ha sido
y deseamos que siga siendo una riqueza de nuestra sociedad, que posibilite el
crecimiento, la libertad y la pluralidad de la propuesta educativa y, sobre
todo, que sirva así al bien de los alumnos, las familias y toda la sociedad.
Creemos que estos grandes bienes justifican suficientemente todo esfuerzo de diálogo y de colaboración leal en el proceso de
preparación de la nueva Ley de Educación, para el cual ofrecemos nuestra plena
disponibilidad.
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