Tras dos años en
el cargo, se pueden señalar ocho medidas tomadas por el Presidente Trump en
defensa de los no nacidos. La decisiva es la octava, que podría cambiar
radicalmente la consideración jurídica del aborto en los Estados Unidos y
tendría efectos más allá de sus fronteras.
(InfoCatólica) Cuando el Presidente
norteamericano, Donald Trump, fue elegido en 2017, uno de los aspectos de sus
futuras políticas que más atención suscitaron fue si tomaría o no medidas para
proteger la vida de los no nacidos. Si bien en el pasado, se había mostrado favorable al aborto legal, Trump
cambió de opinión hace unos años y, pese a su fama de voluble e impredecible,
se ha mostrado llamativamente firme en
defensa de los no nacidos.
Después de dos años en el
poder, es posible señalar las medidas
concretas que ha tomado el mandatario en relación con la defensa de los
niños no nacidos.
1) PRIVAR DE FINANCIACIÓN A PLANNED PARENTHOOD: Derogando la regla contraria
impuesta por la administración del Presidente Obama, cuyo gobierno fue, quizás,
el más abortista de la historia de los Estados Unidos, Trump ha permitido que
los estados dejen de financiar a la multinacional abortista Planned Parenthood,
firmando una ley en ese sentido.
2) POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO: El Presidente Trump ha
prohibido que el dinero procedente de los impuestos se dirija a financiar
abortos en el extranjero, reinstaurando la llamada Política de la Ciudad de
México. Esta política fue creada por Reagan y ha estado en vigor durante todos
los gobiernos posteriores del Partido Republicano (Bush padre, Bush hijo y el
propio Trump), pero no durante los gobiernos del Partido Demócrata (Clinton y
Obama).
3) FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: Trump ha retirado la
financiación estadounidense al Fondo de Población de las Naciones Unidas, que
promueve abiertamente los anticonceptivos y la ideología de género y, de forma
más o menos encubierta (bajo el engañoso término de «salud
reproductiva»), el aborto en multitud de países.
4) SEGUROS MÉDICOS Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA: A diferencia de Obama, Trump
ha dado luz verde a la objeción de conciencia contra los seguros legalmente
obligatorios que incluyen abortos, esterilizaciones o anticonceptivos y que
muchas entidades no podían aceptar por motivos de conciencia. También ha
obligado a que las compañías de seguros revelen si sus planes de seguros cubren
el aborto y ha creado la División de Conciencia y Libertad Religiosa, que
protege a los médicos que no quieran realizar abortos.
5) NOMBRAMIENTO DE PERSONAS PROVIDA: La defensa de los no nacidos
se ha convertido en un elemento importante de su administración al elegir a
personas con firmes convicciones provida para multitud de cargos públicos, en
particular el vicepresidente Mike Pence, pero también el Fiscal General Jeff
Sessions, la Consejera Presidencial Kellyanne Conway o el Secretario de Estado
Mike Pompeo, así como multitud de jueces federales.
6) APOYO A LA MARCHA POR LA VIDA: La marcha anual por la vida es
el principal evento provida de los Estados Unidos y, en las dos últimas que se
han celebrado, el Presidente ha grabado un mensaje personal de apoyo para que
se reprodujera durante la marcha. El Vicepresidente Pence participó
directamente en la marcha, donde afirmó: «Esta será la generación que restaure
en América el derecho a la vida». Su presencia ha supuesto un gran impulso para
el evento, que habitualmente es marginado por los principales medios de
comunicación.
7) VETO DE LEGISLACIÓN ABORTISTA: Durante la última marcha por
la vida, el Presidente Trump prometió públicamente usar su derecho de veto para
impedir la aprobación de cualquier legislación abortista que pudiera aprobar el
Congreso. En esta promesa se puede discernir un elemento de interés de partido,
ya que en principio las leyes abortistas provendrían de la cámara baja, que
está en manos del Partido Demócrata, pero no deja de ser un firme apoyo público
del más alto nivel a la causa provida.
Si bien estas siete medidas
son importantes, la realidad es que el aborto
legal en Estados Unidos está blindado más allá del poder de cualquier
Presidente, por una sentencia del Tribunal Supremo de 1973, en la famosa
causa Roe contra Wade. En aquella ocasión, los jueces del Supremo encontraron
un (implícito) derecho a la privacidad en el texto de la Constitución de los
Estados Unidos, el cual cubría (implícitamente) el «derecho»
a abortar, que, por lo tanto, según decidieron, estaba protegido por la
Constitución. Aunque varios jueces del propio Tribunal e innumerables expertos
señalaron que la decisión carecía de base jurídica, porque inventaba como por
arte de magia un derecho que no existía en la Constitución y que los redactores
de la misma nunca habrían aprobado, lo cierto es que las decisiones del Supremo
no pueden ser derogadas por nadie más que por el propio Tribunal y el fallo en
favor del aborto permanece en vigor hasta el día de hoy.
El efecto fundamental de la
decisión fue arrebatar a los estados (y
a los votantes) la posibilidad de prohibir el aborto, que se había
convertido en un derecho constitucional que no podía ser conculcado por ninguna
ley. Algo similar se haría, cuarenta años después, con el «matrimonio» entre
personas del mismo sexo.
8) NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS PROVIDA PARA EL
TRIBUNAL SUPREMO: Debido a esta situación peculiar de los Estados Unidos, la contribución más importante que puede hacer
Trump a la lucha contra el aborto en su país consiste en influir en la
composición del Tribunal Supremo, cuyos miembros permanecen el cargo de forma
vitalicia y, por lo tanto, generalmente son nombrados por el presidente que
esté en el poder cuando se produce un fallecimiento o una renuncia.
Ya en su campaña electoral,
Trump afirmó «Soy provida
y nombraré jueces provida». En efecto, el
nuevo Presidente ha nombrado ya dos magistrados del Supremo contrarios al
aborto,Neil M. Gorsuch y Brett M. Kavanaugh. El nombramiento de este último fue
objeto de una resistencia desaforada por parte de demócratas, abortistas y
feministas radicales, que temían precisamente que los nuevos jueces dieran
marcha atrás al blindaje constitucional del aborto. Esto indica que, a pesar de
las apariencias, la situación de los
defensores del aborto es muy precaria: como ese blindaje del supuesto «derecho
a decidir» se impuso por fiat judicial, sin ninguna votación por parte de los
norteamericanos, igualmente podría desmantelarse por una simple decisión
judicial del Tribunal Supremo, que volvería a permitir que los ciudadanos
votaran en sus distintos estados (muchos de los cuales son firmemente provida)
para limitar o prohibir el aborto.
A esto se suma que es muy
posible que Trump tenga la oportunidad
de nombrar un tercer magistrado, ya que la Juez Ruth Bader Ginsburg, de
85 años y militantemente abortista, fue operada de cáncer de pulmón en
diciembre del año pasado (después haber sufrido anteriormente otros dos
cánceres, pancreático y de colon) y hace tiempo que no puede cumplir sus
deberes de magistrada del Supremo. Si el Presidente Trump llegara a nombrar un
tercer magistrado contrario al aborto, la mayoría provida en el Tribunal Supremo sería de 6 a 3, lo cual
probablemente supondría un cambio sustancial en este ámbito durante las
próximas décadas.
Los nombramientos, sin
embargo, no son garantía de nada. La triste realidad es que las grandes
decisiones del Supremo contrarias a las normas fundamentales de la moral (en
favor del aborto y también, por ejemplo, del matrimonio entre personas del
mismo sexo) se han tomado gracias a la «deserción»
de miembros supuestamente provida en el pasado, nombrados por
presidentes republicanos y, en algún caso, «católicos».
¿Se atreverán los nuevos magistrados a dar marcha
atrás en la decisión que su propio Tribunal tomó hace casi medio siglo? Es difícil de predecir. En ese
sentido, la opinión pública norteamericana está pendiente de algunos casos
sobre los que tendrá que decidir próximamente el Supremo y que podrían dar un
indicio de por dónde irán los tiros en las futuras actuaciones del Tribunal. El
más inmediato es un caso en el que se debatirá si es inconstitucional o no una
ley del estado de Luisiana que pone cortapisas a las clínicas abortistas,
exigiendo que los médicos que llevan a cabo el aborto tengan autorización para
llevar pacientes a algún hospital cercano.
Si bien este caso y otros
similares no llevarían, en principio, a revocar la decisión de Roe contra Wade,
sí que podrían ser un anticipo de la
seriedad de las convicciones constitucionalistas y provida de los nuevos
magistrados. De esas convicciones podrían depender en gran medida que el
aborto sufra un golpe decisivo en los Estados Unidos, que a su vez tendría una
gran influencia más allá de sus fronteras.
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