Los abogados de las Hermanitas de los Pobres
(Little Sisters of the Poor) reiteraron su llamado a la Corte Suprema de
Estados Unidos para que intervenga después de que un segundo tribunal de
apelaciones falló en contra de la excepción religiosa que las protegía de
cumplir con el mandato de brindar anticonceptivos a sus empleados por medio de
su plan de seguro.
“Las Hermanitas nunca quisieron esta pelea y han
pasado 8 años tratando de concentrarse en cuidar a los ancianos pobres en lugar
de pelear batallas legales sin sentido. Los Estados en estas demandas deberían
dejar en paz a las monjas”, dijo Montse Alvarado,
vicepresidenta y directora ejecutiva de Becket, la firma de abogados que
representa a las hermanas.
En un comunicado del 22 de octubre en Twitter, Alvarado señaló que
Becket y el Procurador General de los Estados Unidos le pidieron a la Corte
Suprema que revisara el asunto.
“Debe intervenir para arreglar el desastre y
asegurar la libertad religiosa para las Hermanitas”, escribió.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito falló contra las
Hermanitas de los Pobres el 22 de octubre, uniéndose al Tercer Circuito, que en
julio también falló contra la orden religiosa y otras organizaciones provida
que habían beneficiado de una política de exención religiosa contra los
requisitos del mandato del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los
Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés).
El mandato, inicialmente emitido por el gobierno de Barack Obama en
virtud de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible del
HHS, requiere que los empleadores ofrezcan planes de seguro de salud que cubran
la anticoncepción gratuita, esterilización y algunos medicamentos para el
aborto en las primeras etapas de gestación.
El mandato de anticoncepción ha sido controvertido desde que se dio a
conocer por primera vez en 2011, lo que provocó demandas de más de 100
particulares, organizaciones religiosas, Estados y empresas con fines de lucro
que tenían objeciones religiosas a sus términos.
Las Hermanitas de los Pobres, una orden religiosa católica dedicada al
cuidado de los ancianos sin recursos, no calificaron para la exención religiosa
incluida en el mandato original, que estaba reservada para las casas de culto y
sus afiliados directos.
En 2013, la orden presentó su primera demanda contra el HHS, reclamando
que el mandato estaba violando su libertad religiosa. Se les otorgó una orden
de emergencia a fines de ese año que las exoneró de pagar miles de dólares en
multas por no cumplir con el mandato.
Tres años después, la Corte Suprema se puso de lado de las religiosas y
ordenó al gobierno encontrar una solución que pueda calmar a ambos lados. En
2017, la solución llegó en una nueva regla del HHS, que eximía a las
organizaciones religiosas sin fines de lucro del mandato.
“Los estados argumentan que a pesar de que hay
entredichos en el mandato en el caso de las Hermanitas en este país, estás
violaron la ley para que el gobierno federal emita una excepción religiosa”, dijo a CNA –agencia en inglés del Grupo ACI– a principios de octubre,
Diana Verm, abogada principal de Becket.
“Las Hermanitas solo quieren volver a seguir
sirviendo a los ancianos pobres. Si la Corte Suprema falla a su favor, serán
capaces de hacerlo”, dijo Verm.
Si las Hermanitas de los Pobres no ganan este caso judicial, señaló
Verm, tendrían que pagar miles de dólares en multas al gobierno. "Eso sería devastador", dijo.
Redacción ACI
Prensa
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