El Ministerio de Sanidad responde afirmativamente a una pregunta en ese sentido
Los pacientes
neozelandeses ingresados en el hospital con COVID-19 pueden solicitar morir por
eutanasia si los médicos deciden que no pueden sobrevivir, según ha declarado
el gobierno del país.
(CH/InfoCatólica) El Ministerio de Sanidad
neozelandés confirmó que el derecho a una inyección
letal en virtud de una nueva ley
de eutanasia podría extenderse a los pacientes que estuvieran
muriendo por Covid-19 o sufrieran insoportablemente sus
consecuencias.
En respuesta a una petición de
aclaración sobre la ley de eutanasia que entró en vigor el mes pasado, el
gobierno declaró que «en algunas circunstancias una
persona con COVID-19 puede ser elegible para la muerte asistida».
La admisión de que los
pacientes con COVID pueden recibir una inyección letal se produjo después de
que Henoch Kloosterboer, editor del sitio web antieutanasia The Defender, presentara
una solicitud en virtud de la Ley de Información Oficial, el equivalente
neozelandés a la Ley de Libertad de Información de 2000.
Afirmó que la política dejaba «la puerta abierta al abuso» de los pacientes ancianos y
vulnerables, especialmente si el
servicio de salud del país se veía sometido a la presión de una oleada de
COVID:
«No sería
difícil prever una situación en la que un aumento rápido y considerable de las
hospitalizaciones por COVID-19 podría dar lugar a presiones para utilizar la
eutanasia y el suicidio asistido como herramientas para resolver una crisis tan
grave».
La ley de eutanasia, agregó, «ahora ha hecho que la pandemia de COVID-19 sea
potencialmente más peligrosa para la gente de Aotearoa (ndr:idioma maorí)
Nueva Zelanda».
La Ley de Elección del Fin de
la Vida de 2019 está considerada como una de las leyes de eutanasia más
extremas de todo el mundo, y los críticos dicen que las salvaguardias son tan
endebles que se pueden eludir fácilmente.
Permite tanto la eutanasia
como el suicidio asistido a los adultos que padezcan una enfermedad que sea
terminal en un plazo de seis meses, o que se encuentren en un estado avanzado
de deterioro físico irreversible o que sufran de forma insoportable.
La ley, ratificada tras un
referéndum en 2020, garantiza a todos los residentes el derecho a acceder a un médico que les mate en un plazo tan breve como cuatro días desde la recepción de la solicitud.
Los médicos
reciben una tarifa gubernamental de 1.000 dólares más gastos
por cada muerte por eutanasia que realicen.
Sin embargo, sólo 96 de los 16.000 médicos del país se han ofrecido a participar, y todos menos
uno de los 32 hospicios del país han indicado que no permitirán la eutanasia.
La única excepción -el
hospicio de Totara, en South Auckland- ha accedido a asignar un espacio en sus
instalaciones para la práctica, aunque su personal se opondrá en conciencia a
cualquier participación.
En el Reino Unido, la baronesa
Finlay de Llandaff, profesora de medicina paliativa, afirmó que la ley de
eutanasia neozelandesa contradice el propósito fundamental de la medicina y los
servicios sanitarios de curar a los enfermos:
«Es extraño
que un país que ha tratado de proteger a sus ciudadanos confinándolos por
completo por un virus del que la gente puede recuperarse
totalmente... sugiera ahora que estos pacientes sean asesinados por sus
médicos. Esto pone patas arriba la ética de la medicina».
«Realmente no se
puede predecir la muerte al 100%», añadió. «Así que, ¿por qué no apoyarles
mientras se están muriendo y dejar la puerta abierta por si están en el grupo
que desafía todos los pronósticos y se recupera completamente?».
No hay comentarios:
Publicar un comentario