COMIENZA LA «PENDIENTE RESBALADIZA» UN MES DESPUÉS DE EMPEZAR A APLICAR LA LEY
El Ministerio de Sanidad de Nueva Zelanda respondió a la pregunta presentada por activistas anti-eutanasia afirmando que pacientes de Covid-19 podrían ser eutanasiados
El mundo vive una nueva ola de coronavirus que
está llenando los países de nuevos positivos. Camino de los dos años de
pandemia, el final que parecía ya cercano no lo parece tanto para muchos, y el
miedo que se ha propagado durante este tiempo se ha extendido igual de rápido
que el virus.
Es además en este contexto en el
que se han aprobado y empezado a aplicar leyes como la de la eutanasia en España o Nueva Zelanda, por ejemplo. Y en el
país oceánico este miedo que se ha instalado en la población coincide con una
significativa revelación del Ministerio de Sanidad, que ha abierto la vía
a aplicar la eutanasia y el suicidio asistido a enfermos de Covid-19.
La eutanasia se aprobó en Nueva
Zelanda en octubre de 2020, pero ha empezado a aplicarse en noviembre de 2021,
hace apenas un mes. No ha hecho falta más tiempo
para que la “pendiente resbaladiza” de la que tanto se ha alertado desde
países en los que ya es legal aparezca en el país de los kiwis.
La ley, catalogada como del final
de la vida, debería aplicarse de esta manera: será accesible para los
ciudadanos o residentes permanentes de Nueva Zelanda mayores de 18 años, que
tengan una enfermedad terminal con solo seis meses de esperanza de vida. Deben
padecer un dolor insufrible, con un deterioro físico irreversible, pero con la
capacidad mental de tomar una decisión informada. La muerte asistida debe ser
aprobada por dos médicos y si en algún momento se detecta que la persona
afectada ha sido presionada, se detiene el proceso. Esta es la
teoría.
EL MIEDO Y LA LIBERTAD
CONDICIONADA
La realidad es que apenas un mes
después está vía se abre a los enfermos graves de Covid-19. Esto supondría un
paso más en cuanto a esta ley pues se trataría de casos que no
lejanos sino que se han repetido durante estos meses en muchas familias por todo el mundo.
Ante el temor de que esto pudiera
pasar, el activista provida Henoch Kloosterboer, editor de la web
anti-eutanasia The Defender, envió
una solicitud oficial amparada por las leyes para que el
Ministerio de Sanidad respondiese a la posibilidad de que se aplicara la muerte
provocada a estos pacientes.
El caso producido el pasado año
de una anciana canadiense a la que aprobaron el suicidio asistido
para así evitar el “sufrimiento insoportable” de otro confinamiento total debido a la pandemia había puesto en alerta
a aquellos que temen el uso arbitrario de esta leyes.
En el caso de Nueva Zelanda, The Defender no
planteaba en la solicitud un escenario imposible. Con una incidencia creciente
del coronavirus y con un sistema sanitario con unos medios que no son
ilimitados podría darse la posibilidad de un aumento rápido de las
hospitalizaciones y de un posible colapso hospitalario. Qué se haría en ese
caso y más disponiendo de una herramienta nueva como es la eutanasia…
UNA PREGUNTA RELEVANTE
"¿Podría un
paciente que está gravemente hospitalizado con Covid-19 potencialmente ser
elegible para el suicidio asistido o la eutanasia según la ley si un profesional de la salud
considera que su pronóstico es de menos de 6 meses?", era la pregunta lanzada por Kloosterboer.
La respuesta ha llegado y ha
confirmado los temores de todos aquellos que luchan contra la eutanasia y sus
tentáculos.
Elsa pasó diez meses
hospitalizada por Covid-19 en Madrid, la mitad de ellos en la UCI. Finalmente,
se recuperó y pudo recibir el alta. Muchos enfermos que estuvieron muy graves e
intubados finalmente se recuperaron.
Sanidad aclara que “hay criterios claros de elegibilidad para la
muerte asistida. Estos incluyen que una persona debe
tener una enfermedad terminal que probablemente terminará con su vida en el
plazo de seis meses”.
UNA DECISIÓN SUBJETIVA
Y ABIERTA A INTERPRETACIÓN
Sin embargo, el problema empieza
a partir de ahora cuando argumenta en su respuesta que “una
enfermedad terminal casi siempre es una enfermedad prolongada
en la que el tratamiento no es eficaz. La ley establece que la elegibilidad la
determina el médico tratante (AMP) y el médico independiente”.
Este “casi
siempre” no concreta qué es una enfermedad terminal por lo que tal como
está planteado es algo subjetivo y abierto a interpretación. Pero además, otra conclusión que se
saca de esta respuesta es que depende de los dos médicos que tratan al enfermo
calificar qué es y qué no es la enfermedad terminal.
Sin embargo, ya no hay dudas
cuando en el final de su respuesta Sanidad afirma que “la
elegibilidad se determina caso por caso; por lo tanto, el Ministerio no puede
hacer declaraciones definitivas sobre quién es elegible. En algunas circunstancias, una
persona con Covid-19 puede ser elegible para la muerte asistida”.
The Defender analiza uno a uno los criterios
de la ley neozelandesa para acceder a la eutanasia o el suicidio asistido. “Nos parece que el único factor protector posible aquí, y
es extremadamente endeble, es que todo esto depende de las tenues bases de cómo
se interpreta la expresión ‘enfermedad terminal’”, afirma
esta plataforma anti-eutanasia.
En su opinión, la expresión “enfermedad prolongada” que Sanidad utilizaba en
su respuesta a las dudas de estos activistas tiene además una “naturaleza altamente subjetiva”.
“A la luz de esta
interpretación vaga es razonable sugerir que COVID-19 podría clasificarse como
una 'enfermedad terminal' según el pronóstico del paciente y los juicios
subjetivos del AMP y del médico independiente. Parece que nos han vendido
una cosa y nos han entregado otra", se lamenta Kloosterboer.
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