POR PRIMERA VEZ DESDE 1975, UN COMITÉ DECIDE LEGALMENTE A QUIÉN SE MATA EN ESPAÑA
ORIOL LAFAU ES EL
PSICÓLOGO ENCARGADO DE IMPLANTAR LA EUTANASIA EN BALEARES Y DE VENDERLA A LA
POBLACIÓN COMO ALGO MUY BUENO
Son 4 médicos, 4 juristas y una
enfermera. En parejas (un sanitario con
un jurista) decidirán si se eutanasia o no a tal o cual enfermo que lo
solicita. Si no se oponen de acuerdo, lo decidirán entre los nueve. Los Nueve. Hace pensar en los Nueve
Espectros del Anillo de Tolkien: eran
hombres al principio, pero su atracción por el mal los convirtió en espectros
huecos.
Baleares es la primera comunidad
autónoma que ha anunciado los nombres de aquellos hombres y mujeres que,
desde la Comisión de Eutanasia,
decidirán quién vive y quién muere. Dedo arriba, dedo abajo. En otras
comunidades autónomas la comisión puede tener otro número de miembros, pero
como mínimo han de ser 7.
Aquí los ha elegido la consellera socialista de Sanidad,
diplomada en enfermería, Patricia Gómez Picard. Ella les ha dado poder sobre la vida y la muerte. El diccionario
de la Real Academia dice que la enfermería consiste en "el
cuidado y atención de enfermos". Ahora incluye nuevas tareas,
parece.
Patricia Gomez Picard,
enfermera, consellera de salud de Baleares, ha dado poder a 'los Nueve'
para que decidan a quién se puede matar con la eutanasia en esas islas y a
quién no; Baleares es la primera autonomía en anunciar quién ostenta este
insólito poder.
Un poder que nadie ha
tenido durante 45 años
El poder de los Nueve es un poder
radical, en el que un error no se puede
solucionar: el paciente ya está muerto. ¿Y si un mes después se descubre un fármaco que podría
haber ayudado mucho al eutanasiado? ¿Y
si semanas después de eutanasiarlo se descubre que se había ejercido coerción o
coacción sobre el enfermo para que pidiese la eutanasia? No hay
vuelta atrás: ya está muerto. Matar tiene
eso, que es algo definitivo. También tiene la ventaja de que el muerto ya no se queja, pero los vivos
pueden quedar atrás, heridos.
Estos hombres tendrán un poder insólito
que nadie tenía en España desde 1975, cuando fueron condenados a muerte
y fusilados 5 terroristas, por decisión de un tribunal. Desde entonces, nunca en la España democrática un grupo de
hombres y mujeres había recibido poder para elegir en comité a quién se puede
matar legalmente y a quién no. (En el aborto legal se mata mucho, pero
no por decisión de unos servidores públicos encargados por el Estado).
Repasemos quiénes
son los Nueve (listado de cargos publicado en Ara Balears):
Los cinco sanitarios
- Oriol
Lafau Marchena, coordinador autonómico de Salud Mental, experto en psiquiatría
infantil, jefe de la Comisión (aquí daba unos consejos para dormir bien... ahora es
inquietante)
- Joan Santamaría Semis,
coordinador de la unidad de curas intensivas del Hospital General de Palma; sabe de paliativos (el único de la
Comisión, parece)
- Ana Maria Espino, jefa del
servicio de Neurologia de Son Llàtzer; sabe de enfermedades mentales
- Joan Pou Bordoy, coordinador
del centre de Salut del Camp Redó; sabe de medicina general y gestión de
recursos
- Yolanda Muñoz Alonso, enfermera
y profesora de la UIB
Los cuatro juristas
- Laura Monserrat Calbó, abogada
experta en bioética;
- Juan Marqués Pascual, abogado
y técnico experto en normativas del Servei de Salut autonómico;
- Josep Aguiló Regla,
catedrático de Filosofía del Derecho;
- María del Carmen Tomás-Valiente,
abogada y profesora de Derecho penal de la UIB
Como miembros
suplentes están: Onofre Sans Tous, José Manuel García Mena y María Antonia
Mas Cantallops.
No está muy claro si los 4 juristas
están ahí para proteger a los enfermos y vulnerables o para escudar a los
eutanasiadores y a las Administraciones.
Se juntan un médico y
un jurista y deciden a quién se eutanasia
La ley dice que es una pareja de un sanitario y un jurista quienes deciden
sobre el caso que llega a su mesa y deben hacerlo rápido. Por lo
general, a menos que se decreten reglamentos internos más exigentes, parece que se limitarán a mirar la información en un
mail o un sobre y quizá hacer una llamada telefónica con algunas preguntas
al médico "responsable" (que puede
ser el eutanasiador).
¿Es eso garantía suficiente de que no ha
habido coacción, coerción o 'gaslighting' (manipulación sutil) sobre el
enfermo que pide que le maten?
El coladero del "sufrimiento psíquico" parece
especialmente relevante, y ahí es esencial el papel de Oriol Lafau, el
psiquiatra del equipo.
Los 5.000 baleares con problemas
mentales graves, ¿son eutanasiables?
Como coordinador de Salud Mental
en las Baleares explicaba en 2016 que hay en
las islas unas 9.000 personas con enfermedades mentales "graves, como algún tipo de psicosis o bipolaridad". En 2019 decía que son
unas 5.000 personas las que tienen "patologías más graves como esquizofrenias y
trastornos bipolares".
Y están los suicidas: 71 suicidios consumados en 2018; 103 en
2017...
¿Es eutanasiable toda esta gente?
Según la ley de eutanasia, se requiere "consentimiento informado", definido como "conformidad
libre, voluntaria y consciente del paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades". ¿Tienen
pleno uso de sus facultades esos 5.000 o 9.000 ciudadanos de Baleares?
¿Lo decide Oriol Lafau caso a caso? ¿Decide quién puede decidir matarse?
La ley también habla de «padecimiento grave,
crónico e imposibilitante», lo que incluye, dice "sufrimiento físico o
psíquico constante e intolerable para quien lo padece"; y
habla también de «enfermedad grave e incurable» como
la que "origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin
posibilidad de alivio que la persona
considere tolerable". El grado de subjetividad de estas
definiciones es enorme.
Imaginemos que una pianista pierde 6
dedos en un accidente y dice que ya no puede vivir sin su música, sin tocar el
piano y pide la eutanasia. ¿Se le da terapia
psicológica o se le da un fármaco letal? ¿Y una mujer que perdió a su familia
en un accidente?
En general, a quien tiene fabulaciones
suicidas y alega "sufrimiento psíquico que no
considero tolerable", ¿se le ha de facilitar la dosis letal?
¿Y si Oriol Lafau y
su pareja jurista son 'permisivos' pero los otros juristas no ven tan claro el
caso? ¿Pueden detectar el caso, bloquearlo o llevarlo a Fiscalía? En España aún existe el delito de cooperación al
suicidio.
En Bélgica se está juzgando el caso de Tine Nys: una psiquiatra eutanasiadora le diagnosticó trastorno de espectro autista
y 4 meses después la eutanasiaban (vea aquí más detalles feos). Su
familia reaccionó después: dicen que Tine merecía terapia, no inyección letal. ¿Puede hacer eso Oriol Lafau o los psiquiatras que le
envíen informes?
Preguntas infinitas: es un territorio nuevo... y muy siniestro
Las preguntas son infinitas. ¿Cómo se sabe en psiquiatría
que "no había perspectiva de mejora"?
¿Y si eutanasian a un enfermo psicótico y dos años después descubren un fármaco
muy eficaz contra sus síntomas? ¿El principio de prudencia no aconseja no
matar?
¿Sabe la Comisión cómo afectará a la
psique de los eutanasiadores el hacer eutanasias? ¿Cómo se previene que
los eutanasiadores no sean, precisamente, personas con trastornos mentales, por
ejemplo, del espectro narcisista?
¿Cómo afectará a los miembros de la comisión
ese poder radical para decidir quién vive y quién muere? Según el
decreto balear, el cargo en la comisión dura un año, renovable por otro, y tras
un año de descanso, se puede ser reelegido. ¿Pasará mucha gente por la comisión
o se creará un núcleo de corazón endurecido?
¿Qué formación recibirán los eutanasiadores
para realizar su novedoso 'oficio'? Sanidad
del País Vasco ha anunciado que lo resolverá enviando unos vídeos para ver desde
casa.
¿Quién controlará de verdad a la Comisión de control?
La experiencia belga es que no hay control (como explica el Informe Gante 2021). En Bélgica en 2002, tras 21.000 casos
declarados (se considera que hay un tercio más que los médicos no se molestan
en declarar) sólo 2 han llegado a los tribunales. ¿Eso es un control absoluto o una absoluta falta de
control real?
Y siguen las preguntas. Según la ley, la eutanasia se ha de aplicar en un
hospital o en la residencia del solicitante. ¿Y si es un anciano que reside en una
residencia católica de ancianos o enfermos? ¿Vendrán los eutanasiadores con su
maletín negro y policías si las
monjas se niegan a abrirles?
La ley dice que hay que acompañar y asistir al solicitante hasta que se le
administra la dosis letal. Pero imaginemos que se le da un botecito con las
pastillas para que se las tome él mismo (suicidio asistido). ¿Hay que estar
ante él hasta que se las tome, como coercionándole y metiendo prisa?
En otros países (Oregón, por
ejemplo), mucha gente guarda las pastillas ("la
cajita negra") en un cajón, deja pasar meses o años y hasta un
tercio acaban muriendo de forma natural. ¿O esa 'asistencia' puede ser enviarle una caja
por correo y decirle "si necesitas algo me llamas o envías un mensaje al
Whatsapp"?
Y están las dudas sobre los efectos
psíquicos en la familia de hacer la eutanasia en el hogar. Por un lado,
si hay coerción (si la familia presiona al abuelo 'amablemente'
para que deje de ser una carga) preferirá hacerla en casa, sólo con el eutanasiador, sin molestas enfermeras,
recepcionistas, celadores, pacientes, etc... que pueden ser incluso
fastidiosos provida o seguidores de la ética hipocrática.
Por otro lado, ¿cómo nos
afecta saber que 'en esta habitación dimos su inyección al abuelo'?
Imaginemos un adolescente
depresivo, quizá con tendencias destructivas: 'me han dado la habitación donde mis padres
y un médico mataron a mi abuelo'.
¿Afecta esto a la psique de una familia?
(Quien quiera explorar más preguntas incómodas
pero necesarias puede leer las del Comité de Bioética del Colegio de Médicos de
las Islas Baleares).
Los Nueve de Baleares -y los de otras comunidades- van a ir explorando y cartografiando el tétrico, oscuro, mundo del matar
enfermos. Tienen que ofrecer un informe cada año. Cabe imaginar que no
será edificante.
Pablo J. Ginés/ReL
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