Ciudadanos, representantes de la sociedad civil y un experto en derecho criticaron al ministro de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) de Perú, Eduardo Vega, por apoyar el pedido de eutanasia de la ciudadana Ana Estrada, a pesar que se trata de una práctica sancionada por el Código Penal.
Estrada, de 44 años, tiene polimiositis, una inflamación muscular
crónica, que la ha dejado paralizada y en silla de ruedas.
En febrero de 2020 la Defensoría del Pueblo presentó una acción de
amparo contra el
Estado peruano para que se le permita a Estrada recurrir a la eutanasia y
quienes la asistan no sean sancionados penalmente. El recurso fue presentado
contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Salud y
el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud).
“El año pasado apoyé a Ana Estrada y la Defensoría
del Pueblo en la lucha por una muerte digna. Hoy, como ministro de Justicia,
sigo apoyando su causa. El procurador del Estado es autónomo en su estrategia
legal sobre la que no puedo interferir”, tuiteó el
ministro el 7 de enero, adjuntando un video de apoyo.
El comentario del titular de justicia se realizó el mismo día de la
audiencia en el 11° Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima para
resolver la demanda de la Defensoría del Pueblo.
Según el diario Expreso, “las
partes demandadas, coincidieron en señalar que la demanda debería declararse
infundada, porque el tema no debería resolverlo un juez constitucionalista sino
a través del Congreso”.
“El magistrado a cargo, Jorge Ramírez Niño de
Guzmán, culminó la sesión anunciando que resolverá el caso dentro de un plazo
razonable y que recibirá alegatos adicionales debido a la complejidad del
caso”, agregó.
En Perú la eutanasia está penalizada. El artículo 112 del Código Penal
señala que “el que, por piedad, mata a un enfermo
incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus
intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de
tres años”.
En declaraciones a ACI Prensa, el abogado y presidente del Centro de
Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro, Alberto Gonzáles Cáceres, dijo que “el ministro Vega, de manera impresionante, hace una
declaración a favor de la eutanasia cuando, en realidad, debería mantenerse
neutro y no poner de manifiesto su posición personal, ya que representa a todos
el Estado peruano y la ciudadanía”.
“Ahora él hace esto porque tiene un respaldo
público y de comunicaciones de parte de los movimientos LGTB y de quienes
promueven la modificación de la agenda cultural”, aseguró.
Además, dijo que “hay que tener en cuenta
que desde el punto de vista procesal jurídico, nos encontramos en una
circunstancia en la que la demanda es presentada por movimientos proLGTB, que
toman casos controversiales y llegan a un entendimiento con las personas que
buscan modificar la legislación a través de acciones de amparo constitucionales
ante jueces parcializados”.
En ese sentido, el abogado cree que “la
demanda se presenta contra un ministerio que también está politizado, y esto,
desde el punto de vista jurídico procesal, podría considerarse un ‘fraude
procesal’, es decir, que las dos partes estarían concertadas con la finalidad
de convencer al juez para que el resultado sea favorable tanto para el demandante
como para el demandado”.
Gonzáles precisó que, aunque “no estamos en
la capacidad de decir que existe una concertación delictiva, porque no nos
consta”, lo que se podría hacer “es
solicitar los textos presentados de un lado y del otro de las contestaciones de
demanda, para darnos cuenta si ha habido una apariencia o no de un proceso, y
si es que ha habido concertación o no para la parcialización por parte del
magistrado”.
“En todo caso, si tenemos elementos suficientes
para estimar que esta situación se estaría presentado de manera permanente,
teniendo en consideración de que hay una coincidencia en la posición ideológica
de las ONG que demandan por un lado, de los procuradores, y por el otro lado de
los ministerios que se supone que tienen que defender y de los jueces que
pertenecen a instituciones políticamente ideologizadas”, agregó el abogado.
A través de Twitter, también decenas de usuarios criticaron el apoyo del
ministro hacia el pedido de Estrada, teniendo en cuenta que el Ministerio de
Justicia es una de las partes demandadas.
En un tuit del 7 de enero, el colectivo “Peruanos
por la Igualdad” criticó a Vega: “Cuando el
valor de la vida es nulo y se junta al poder político. ¡Cuidado!”.
También envió una crítica la periodista política, Diana Seminario, quien se
preguntó: “Esta es la
posición oficial del Gobierno Morado [partido oficialista actualmente en el
poder]? ¿El Poder Ejecutivo está por la eutanasia? Siendo ministro de Justicia
su posición dejó de ser personal. ¿Qué dicen la primera ministra y el
presidente Francisco Sagasti?”.
La usuaria Roxana también criticó al
ministro: “Pésimo ejemplo de
separación de poderes”.
El usuario Carlos Martínez, denunció
que la posición de Vega “¡dejó de ser personal
es la posición del Gobierno!”.
Según el abogado Gonzáles, “desde hace unos
diez años los gobiernos han sido tomados por movimientos políticos, que si bien
han mantenido una posición económica de centro-derecha, en relación a los
aspectos culturales y morales han sido liberales y de alguna manera
libertinos”.
“La posición del Estado frente a los asuntos
morales como el caso del aborto o la eutanasia, han sido de una posición muy
relativista. Esto ha tenido un impacto muy concreto en todos aquellos
procedimientos en los que el Estado ha sido demandado, ya que pone en cuestionamiento
su imparcialidad respecto a estos temas controversiales”, explicó el abogado.
“Es conocido por todos los abogados que litigamos
que los juzgados constitucionales están totalmente tomados por movimientos
culturales proLGTB o proaborto, como Promsex, Demus, Flora Tristán, que
mediante capacitaciones u actos similares inclinan la posición de los jueces,
quienes de alguna manera se vuelven activistas judiciales. Esto se concreta con
los pronunciamiento que hace una asociación de jueces denominada Jusdem”, concluyó.
El 5 de enero, luego de un pronunciamiento en el que manifestó su apoyo
a la “muerte digna”, el Colegio Médico del
Perú (CMP) rectificó su postura y aclaró que “no
respalda la eutanasia”.
“Acorde con lo expresado en el art.72 del Código de
Ética y Deontología del CMP que indica ´el médico no debe realizar acciones
cuyo objetivo directa sea la muerte de la persona´, el CMP ve por conveniente
aclarar que no respalda la eutanasia, que es un término con un
concepto de muerte digna que refiere al ´bien morir´”, señaló la institución en una nota
aclaratoria publicada en su cuenta de Twitter.
“El Colegio Médico reafirma su
posición en defensa de la vida y reconoce a la muerte como un
proceso natural que debe ser atendido acompañando a las personas en este trance
final de su vida con el debido respeto a su dignidad”, expresó.
En declaraciones a ACI Prensa, la directora de la Asociación Origen,
Giuliana Caccia, aseguró ayer que “hay que tener
claro que tanto la eutanasia como el suicidio asistido y el aborto son parte de
una agenda que busca instaurar la cultura de la muerte en un país”.
Hace unos días, el Arzobispo de Piura y Tumbes, Mons. José Antonio Eguren,
afirmó que “la vida humana es siempre un bien
intangible e inalienable, del que nadie puede privar a otro, ni siquiera bajo
pedido” y por lo tanto “no existe el derecho
a disponer de la propia vida, no existe el derecho a disponer de la vida de
otros”.
“La eutanasia es un crimen contra la vida”, subrayó.
Redacción ACI Prensa
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