CBE: «NI LA EUTANASIA NI EL AUXILIO AL SUICIDIO SON SIGNOS DE PROGRESO, SINO UN RETROCESO DE LA CIVILIZACIÓN»
El Comité de
Bioética de España (CBE), adscrito al Gobierno, ha rechazado por unanimidad los
fundamentos de la ley de eutanasia y suicidio asistido que ha presentado el
Ejecutivo de Sánchez en el Congreso de los Diputados.
(Cope/InfoCatólica) El Comité de Bioética advierte
en su informe al Ejecutivo de que la ley propuesta no es válida desde un punto
de vista ético porque «reconoce la
muerte como un derecho incorporable al catálogo de prestaciones de la Sanidad
pública». «Existen sólidas
razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales para rechazar
la transformación de la eutanasia en un derecho subjetivo y en una prestación
pública», asegura.
Todos
los miembros aseguran que legalizar la eutanasia o el suicidio asistido «supone
iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas
fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno
nos muestra», escriben. Y advierten que legalizar la eutanasia como un derecho «puede afectar al futuro de las
personas más vulnerables». La compasión dicen, debe conjungarse con
responsabilidad y prudencia, además del «deber de
no abandono y la solidaridad» y temen que la eutanasia se convierta en
una práctica que quede en manos del Estado.
El documento, muy crítico, se
queja de que el Gobierno haya llevado al Congreso una ley sin haber
universalizado previamente los tratamientos y apoyos sociales que necesitan los
enfermos crónicos y aquéllos en una situación terminal. «Se propone poner fin a la vida de una persona como única solución a
su situación de sufrimiento», subrayan.
Por ello, apuestan también por
los cuidados paliativos y rechazan que la eutanasia pueda verse como un «logro progresista». «Ni la eutanasia ni el auxilio
al suicidio son signos de progreso, sino un retroceso de la civilización.
En un contexto en que el valor de la vida humana con frecuencia se condiciona a
criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidades familiares y
cargas o gasto público, la legalización de la muerte temprana agregaría un
nuevo conjunto de problemas», finalizan.
El CBE tiene entre otras
funciones la responsabilidad de emitir informes en asuntos
con implicaciones bioéticas relevantes. Los
informes no son vinculantes.
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