Los obispos católicos de Canadá condenaron el 26 de
febrero los esfuerzos del Parlamento para expandir aún más el suicidio asistido
a las personas que no tienen enfermedades terminales.
El proyecto de ley, conocido como Bill C-7, se presentó
en el Parlamento el 23 de febrero. Además de permitir que las personas sin
enfermedades terminales acaben con sus vidas, el proyecto también crea la
posibilidad de que los pacientes emitan instrucciones anticipadas, autorizando
su propia muerte por adelantado.
Según el lenguaje del proyecto de ley, “eliminaría
el requisito de que la muerte natural de una persona sea razonablemente
previsible para ser elegible para asistencia médica para la muerte”.
El 26 de febrero los obispos expresaron en una declaración “la mayor preocupación y consternación con respecto a la
(introducción) del proyecto de ley C-7, que busca ampliar los criterios de
elegibilidad para la eutanasia y el suicidio asistido”.
Los obispos condenaron “el lamentable
objetivo legislativo” de ampliar el acceso a la muerte asistida e
insistieron en “aprovechar todas las oportunidades
de debida diligencia durante el proceso parlamentario”.
“Se debe hacer todo lo posible para comprender más
plenamente las graves implicaciones de lo que se contempla a través del
proyecto de ley C-7, incluidos los peligros inevitables, negativos y
perjudiciales que enfrentan los que son más vulnerables en la sociedad”, agregaron.
Los obispos pidieron a la Cámara de los Comunes de Canadá que remitiera
el proyecto de ley a un comité para su posterior debate y examinación,
antes de su segunda lectura en el Parlamento. Si el proyecto de ley se
trasladara al comité, a los testigos se les permitiría testificar “de manera totalmente pública, transparente y abierta a
una amplia gama de voces”, dijeron.
Los obispos también expresaron su esperanza de que una audiencia en el
comité resulte en “una consideración plena y
prudente de los principios morales y éticos inviolables, el bien común y la
preocupación por las generaciones futuras”.
Además, expresaron su preocupación por la pérdida de las salvaguardas
existentes para las “muertes con asistencia
médica”.
“Aquellos que cambian de opinión en una fecha
posterior, pero cuya capacidad de comunicación se ha visto afectada desde
entonces, tendrían que expresar su rechazo en 'palabras, sonidos y gestos'
potencialmente vagos”, dijeron los obispos.
Esto haría “inmensamente difícil y altamente
subjetivo para los médicos y abogados descifrar si el paciente todavía desea o
no consentir el procedimiento letal”, dijeron.
Los obispos también señalaron que el Gobierno ignoró una carta abierta
firmada por más de 65 organizaciones canadienses de defensa de la discapacidad,
así como el consejo del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad.
El proyecto de ley C-7 es el intento del Gobierno canadiense de acomodar
un fallo del Tribunal Superior de Quebec, que determinó en septiembre de 2019
que el requisito previo, de que la eutanasia se reservara para los enfermos
terminales, era una violación de los “derechos
humanos”.
“El ministro de Justicia y el fiscal general de
Canadá lamentablemente optaron por no apelar la decisión del Tribunal Superior
de Quebec”, dijeron los obispos.
Además, los obispos cuestionaron una encuesta de opinión en línea sobre
la muerte asistida cuyos resultados ayudaron a dar forma al texto del proyecto
de ley C-7.
“Las preguntas en esta encuesta se enmarcaron de
una manera que presuponía un acuerdo con la eutanasia y el suicidio asistido,
incluida su ampliación, sin dar a los canadienses que se oponen una voz igual”,
dijeron.
A los obispos les preocupa que, aunque menos del 1% de la población
canadiense respondiera a la encuesta, “lamentablemente
no solicitó datos demográficos detallados y esenciales de los participantes”, incluidas
preguntas sobre la edad, el sexo o el estado de discapacidad.
Los obispos señalaron que la naturaleza de la encuesta únicamente podría
excluir a los canadienses de bajos ingresos, ancianos, discapacitados
cognitivos o canadienses rurales, que pueden carecer de acceso a Internet.
“La encuesta en línea no puede representar un
'amplio espectro' de la población canadiense, como se ha afirmado. Una encuesta
tan defectuosa no puede usarse de manera realista para justificar el proyecto
de ley C-7”, dijeron.
El Catecismo de la Iglesia Católica condena la eutanasia y el Papa
Francisco recientemente reiteró el rechazo de la Iglesia a esta práctica.
Los obispos ahora están pidiendo a los canadienses que “hagan oír su voz”, e “instan
firmemente a los miembros del Parlamento a reconocer el don de la vida como un
derecho inalienable, para que otros no se lo quiten”.
Redacción ACI Prensa
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