Serían de carácter inmobiliario
La investigación
llevada a cabo por el Vaticano de operaciones financieras supuestamente
irregulares vinculadas a la compraventa de inmuebles, ha tenido una primera
consecuencia: la suspensión cautelar de empleo de cinco empleados de altas
instituciones de la Santa Sede.
(Efe)
Ayer martes los gendarmes vaticanos requisaron
documentación y ordenadores en la Secretaría de Estado de la Santa Sede por orden del promotor de
Justicia (fiscal), Gian Piero Milano, después de recibir una serie de denuncias
a comienzos del pasado verano.
El Vaticano informó de esta
operación sin dar mayores detalles y se limitó a señalar que la incautación
tuvo lugar en la primera sección de la Secretaría de Estado y en la
Autoridad de Información Financiera (AIF),
un organismo de la Santa Sede instituido para la lucha contra el blanqueo de
capitales.
Hoy el semanario
italiano «L'Espresso» publica que el objetivo es investigar operaciones
financieras millonarias supuestamente
irregulares realizadas por algunos funcionarios de la Secretaría de Estado y la
AIF.
Entre estas, apunta, los
magistrados analizan compraventas de inmuebles en
Londres y la gestión del Óbolo de San Pedro,
que recoge las ayudas económicas que los fieles ofrecen al papa para que sean
destinadas a obras de caridad.
Además, prosigue, desde esta
mañana han sido suspendidos de empleo de forma cautelar
cinco trabajadores del Vaticano.
Son, según la fuente, Vincenzo
Mauriello y Fabrizio Tirabassi, dirigentes de la Secretaría de Estado; una
empleada de la administación, Caterina Sansone; Mauro Carlino, jefe del
Departamento de Información y Documentación, y el director de la AIF, Tommaso
Di Ruzza.
La revista publica la circular
con la que el Vaticano informa a sus empleados y servicios de seguridad sobre
la suspensión de estas personas.
«Los
mencionados podrán acceder al Estado exclusivamente para acudir a la Dirección
de Sanidad e Higiene y para sus servicios, o bien con la
autorización de la magistratura vaticana. Monseñor Mauro Carlino seguirá
residiendo en la Domus Santa Marta», reza el texto.
La operación surge de unas denuncias presentadas al principio del pasado verano por el Instituto
para Obras de Religión, conocido
como el banco vaticano, y por la Oficina del Revisor General, este último
encargado de auditar la administración vaticana.
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