Lucha por la vida en Inglaterra y en Gales
El proyecto de
ley Assisted Dying Bill pretende legalizar el suicidio asistido en Inglaterra y
en Gales. El Obispo de Nottingham ha pedido a los católicos unirse a defender
la vida.
(ACIPrensa/InfoCatólica) El pasado 1 de septiembre, a
través de un video publicado como respuesta al proyecto de ley Assisted Dying
Bill, monseñor Patrick McKinney ha invitado a todos los católicos a oponerse a
dicho proyecto, puesto que la intención de este es legalizar el suicidio
asistido en Inglaterra y en Gales. Apoyar esta iniciativa significaría dar por
hecho que «no vale la pena luchar por algunas
vidas».
El proyecto de ley ha sido
patrocinado por Molly Meacher, miembro de la Cámara Alta del Parlamento, y
consistiría en permitir, tras la aprobación de 2 médicos y un juez del tribunal
superior, el suicidio asistido por un doctor para adultos que presenten
enfermedades terminales con un tiempo de vida restante estimado menor de 6 meses.
«La introducción
de un sistema que otorgaría licencia al suicidio asistido para los enfermos
terminales enviaría el mensaje, aunque no sea intencionalmente, de que ya no
vale la pena luchar por algunas vidas», dijo el Obispo.
«Nuestra ley tal
como está, que prohíbe el suicidio asistido, envía un mensaje claro: no nos
involucramos en provocar la muerte de otra persona, sin importar cuán enferma o
deprimida se sienta».
Añadió que «esta es la forma más segura de proteger a quienes se
acercan al final de sus vidas del abuso, la coerción o la presión interna para
elegir la muerte asistida por temor a sobrecargar a sus seres queridos».
El obispo también mencionó
que, en caso de que se legalice el proyecto, podría comenzar a suceder que los
profesionales de la salud suministren drogas letales a personas con
enfermedades graves para ayudarlas a acabar con sus vidas.
«A los
entusiastas de un cambio en la ley les gusta etiquetar eufemísticamente esta
controvertida propuesta como ''muerte asistida'', cuando en realidad lo que
están exigiendo es el suicidio asistido para personas vulnerables gravemente
enfermas», dijo.
«También sería
ingenuo creer que, una vez que se promulgue un proyecto de ley como el de la
baronesa Meacher, las demandas de suicidio asistido simplemente se limitarían a
aquellos que tienen una enfermedad terminal. Si el propósito de la muerte
asistida es aliviar el sufrimiento, ¿por qué debería limitarse a los enfermos
terminales con solo seis meses de vida?», añadió.
«Los activistas
argumentarán inevitablemente que también debería permitirse para aquellos que
tienen años de sufrimiento por delante, debido a una enfermedad crónica o
discapacidad».
Desde que la Congregación para
la Doctrina de la Fe del Vaticano reafirmó la postura perenne de la Iglesia respecto
al pecado presente en la eutanasia y el suicidio asistido, varios partidarios
de estas prácticas han tomado ventaja en varios países en Europa.
En diciembre del 2020, el
Tribunal Supremo de Austria dictaminó que el suicidio asistido ya no debería considerarse
delito.
En febrero del 2021, el
Parlamento de Portugal apoyó un proyecto de ley que aprobaría la eutanasia. Sin
embargo, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa vetó la legislación.
En marzo de este mismo año,
España se convirtió en el cuarto país europeo en legalizar la eutanasia y el
suicidio asistido, después de los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.
«En Italia, la
edad media es de 47 años. En España, creo que es más viejo. Es decir, la
pirámide se ha invertido. Es el invierno demográfico al nacer, en el que hay
más casos de abortos», comentó el Papa Francisco cuando, durante una entrevista con la estación
de radio española COPE transmitida el 1ero de septiembre, se le pidió opinar
sobre la situación.
«La cultura
demográfica está perdida porque miramos las ganancias. Se mira al de
enfrente... y a veces usando la idea de la compasión: ''Que esta persona no
sufra en el caso de ... '' Lo que pide la Iglesia es ayudar a las personas a
morir con dignidad. Esto siempre se ha hecho».
Monseñor McKinney alentó a
todos los católicos a escribir a los miembros de la Cámara de los Comunes, la
Cámara Baja del Parlamento y la Cámara de los Lores sobre su oposición e
indignación respecto al proyecto de ley.
«Por favor,
transmita este mensaje vital: que una receta de drogas letales no es la
solución civilizada para las personas vulnerables que buscan un final digno y
pacífico», afirmó
finalmente.
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