No defenderá su derecho a nacer
Los Decanos de
las Facultades de Derecho de varias universidades argentinas han publicado un
comunicado en el que muestra su rechazo a la designación de la doctora Marisa
Graham, proabortista, como defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
(InfoCatólica) Los decanos advierten que no
tiene sentido que alguien que está a favor de matar a los niños antes de nacer
ocupe ese cargo. Además, desechan el argumento de que la condición de abortista
de Graham no vaya a influir en su labor.
El comunicado ha sido firmado
por Pablo María Garat
(Facultad de Derecho. Buenos Aires), Martín Acevedo Miño (Facultad «Teresa de
Ávila». Paraná), Luis María Caterina (Facultad de Derecho. Rosario), de la Universidad
Católica Argentina; Miguel Gonzáles
Andia (Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas, Universidad Católica de la Plata), Ricardo
von Büren (Facultad de
Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Universidad del Norte Santo Tomas de
Aquino), Livia Mercedes Uriol (Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad del
Salvador) y María Paula Giaccaglia (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
Universidad Fasta).
COMUNICADO
Los firmantes, en nuestro
carácter de Decanos de las Facultades de Derecho abajo mencionadas, hacemos público nuestro rechazo a la designación de la
Dra. Marisa Graham como Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
Su pública y
manifiesta militancia en favor de la legalización del aborto resulta discriminatoria respecto de un número
indeterminado de personas que quedarían desprotegidas, desamparadas y privadas
de la defensa de sus más elementales derechos, en clara violación de la
Constitución Nacional (entre otros, Arts. 75, inc. 22 y 23 de la Constitución
Nacional, Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 3 y 4 y Convención
sobre los Derechos del Niño – texto aprobado por ley 23.849 -, arts. 1 y 6,
inc., 1 y 2), y del art. 19 del Código Civil y Comercial.
Los mismos reconocen que la vida de las personas comienza con la concepción y que desde ese
momento ya se es niño y hasta los
18 años; que todos los niños tienen derecho intrínseco a la vida desde la
concepción y que su supervivencia y desarrollo sea garantizado desde ese
momento, en la máxima medida posible, por el Estado y sin discriminación
alguna.
Las argumentaciones invocadas
por la Dra. Graham en cuanto a que su posición sobre la
legalización del aborto no influirá en el ejercicio de su cargo resultan
insostenibles, en tanto no se
entiende cómo defenderá el derecho a la vida de los niños por nacer, que son personas conforme a normas de
máxima jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico.
Y las que se invocan pretendiendo que los niños por nacer no son personas para nuestro
ordenamiento, además de falaces, resultan inadmisibles desde la
primera regla de interpretación jurídica que es la literal.
Si
se pretende otra cosa debe reformarse la Constitución Nacional, denunciar al menos dos
tratados sobre derechos humanos, modificar el Código Civil y Comercial y los
arts. 1, 2 y 3 de la Ley 26.061.
Mientras tanto la
designación de la doctora Marisa Graham resulta manifiestamente violatoria del orden jurídico federal.
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