Una cuestión moral que se ha planteado es si puede ser lícito que el Estado obligue a la población a vacunarse. Voy a dar mi opinión después de tomarme mucho tiempo para pensarlo.
Vaya por
delante que no tengo nada contra las vacunas, que no me creo ni una sola
teoría de la conspiración respecto a ellas y que no soy negacionista de la impresionante letalidad y consecuencias que
tiene la COVID.
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ANALICEMOS
AHORA LOS DERECHOS DEL CIUDADANO Y DEL ESTADO
—¿Tiene derecho una
persona adulta a decidir libremente si quiere recibir una vacuna? La respuesta
indudable es sí. El Estado no puede obligarte a que tomes menos azúcar o menos
colesterol. Los deseos de un gobierno pueden ser muy encomiables, pero prima la
libertad de la persona como un derecho. El Estado puede dar normas a las
empresas, puede hacer campañas, pero no puede obligar a un ciudadano a que coma
esto o lo otro.
—¿Tendría derecho el
Estado a obligar a vacunar a todos sus ciudadanos si una enfermedad fuera de unas
características tales que la vacuna fuera la diferencia entre la supervivencia
o no de una notable parte de la población? En
principio, el Estado sí que podría lícitamente imponer la vacunación, aunque
hay que añadir algunos matices.
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ALGUNO
DE ESOS MATICES
Aunque esto
sea un resumen de todo lo que se puede decir, pongamos un ejemplo: si el hecho
de no vacunarse solo
afectara a los que libremente no han querido vacunarse, el Estado no
podría imponer semejante medida.
Pero si la
negativa irrazonable de unos provocara el daño grave de una parte importante de
la población, sí que se puede admitir el derecho del Estado a imponer algo si la omisión de
ese algo afecta gravemente a terceros. Los ejemplos que se pueden
poner son múltiples: el Estado puede restringir el
derecho a la libertad de expresión, puede confinar a una persona con
tuberculosis o incomunicar a alguien con rabia. Y la lista de casos
lícitos de restricción de libertades seguiría, añadiendo casos basados en el
sentido común.
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EN
EL CASO PRESENTE
¿Realmente el caso presente es de una gravedad tal que se deba obligar a
todos los ciudadanos a suspender un derecho personal? No lo veo que sea así. Con una mortalidad global en
España del 2,1% de los infectados, pienso que deben primar los derechos de la
persona. Los datos actualizados de letalidad se pueden comprobar en este link:
Las muertes
en España, durante el 2020, por COVID fueron 68 000. En un país que suele tener
unas 420 000 muertes anuales. Y eso en el 2020 en que todavía no se tenían los
recursos farmacológicos que hoy se tienen para tratar la neumonía por COVID.
Hoy día la mortalidad es menor que a principios del 2020.
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LA
CUESTIÓN DE DERECHO
Lo que aquí,
en estas líneas, se plantea no es si tienen razón o no los que no quieren
vacunarse, sino si tienen derecho a no a rehusar la vacunación. Es decir, nos
preguntamos si tienen derecho a tomar libremente esa decisión sin que nadie les
obligue. Nadie niega que un ciudadano tiene derecho a creer que la Tierra es
plana.
No niego el derecho
del Estado a vacunar obligatoriamente a todos
sus ciudadanos ante un mal objetivo en el que el daño a terceros (por esa
omisión) fuera de mayores dimensiones. Pero las dimensiones del mal actual,
unido a que la obligación del Estado tampoco supone el punto final a este mal, me
llevan a esta conclusión.
Insisto, si
la vacunación universal obligatoria supusiese el punto final de esta pandemia,
la cuestión se plantearía en otro campo distinto del actual y podríamos llegar
a otras conclusiones respecto a la licitud de la suspensión de un derecho. Pero
la vacunación universal obligatoria solo se impondría en orden a la reducción de
un mal que afecta a un 2,1% de la población. Y según los datos provisionales
de Israel, tampoco esa vacunación universal ha supuesto una reducción de
dimensiones de la pandemia en la medida que se esperaba; aunque los datos de
esa nación todavía se están analizando para llegar a una conclusión global
cuantificable.
Alguien me
acusará de dar mi juicio moral basándome en las “dimensiones”, en la “cuantificación”, cuando la vida de cada persona es insustituible.
Cierto que es insustituible y un drama único; pero, a la hora de restringir o
no un derecho, las dimensiones, la cuantificación, sí que son elementos
suficientes para tomar o no una decisión moral o para justificar o no la
legitimidad en el campo del Derecho. De lo contrario, el Estado podría
intervenir en todo lo que tenga que ver con la salud. Por ejemplo, por la misma
razón, el Estado podría decir: “Si usted no se
cuida la salud y hace deporte, la Seguridad Social no le atenderá en el
hospital, porque todos no tienen que pagar con sus impuestos su negligencia en
hacer deporte y comer menos”. En ese caso, como en tantos, una decisión
personal tiene repercusiones en la colectividad. En realidad, el criterio lo
podríamos usar para casi todo lo que tiene que ver con la salud.
P. FORTEA
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