EL TRIBUNAL VATICANO

El elevado número de procesos en el Vaticano no debe sorprendernos.

Para encontrarse en el Estado más pequeño del mundo, el Tribunal de la Ciudad del Vaticano debe afrontar una enorme cantidad de trabajo: 640 procesos civiles y 226 penales en 2001, ante una población verdaderamente minúscula de apenas 492 personas. El sistema, hasta ahora, ha
funcionado bien, si bien podría colapsarse en los próximos años.

Lo advierte, en la relación que presentó durante la apertura del Año Judicial del Tribunal vaticano, el promotor de la justicia, es decir el procurador general del Tribunal, el abogado Nicola Piccardi.

El elevado número de procesos en el Vaticano no debe sorprendernos: no son tanto los ciudadanos y los residentes vaticanos los que son particularmente “litigosos”, más bien es la consecuencia del hecho de que cada año entran al Vaticano, sobre todo a la Basílica de San Pedro y a los Museos Vaticanos, alrededor de 18 millones de peregrinos y turistas. No es una casualidad que la mayor parte de los delitos cometidos en el Vaticano son robos de toda índole, a menudo perpetrados contra los visitantes del estado más pequeño del mundo.

A pesar de la cantidad de trabajo, según Piccardi, el ordenamiento judicial del Vaticano es «un aparato suficientemente equilibrado y eficiente», es más, «ágil y armónico», capaz de una productividad impresionante.

Lo confirma la duración promedio de los procesos, muy inferior con respecto a los de Italia; los procesos penales duran, en promedio, 18,8 días, con instructorias de 270 días, mientras que para los procesos civiles se requieren unos 13 días en promedio. Una duración –indicó el promotor– que puede aumentar desmesuradamente hasta alcanzar muchos años, cuando los procesos se vuelven más complejos, sobre todo porque un sitio como la Ciudad del Vaticano debe conducir
prácticamente todas sus averiguaciones e instructorias en colaboración con estados extranjeros.

Sin embargo, los buenos resultados no deben hacer que se olviden los riesgos que acarrea el aumento de las competencias del sistema judicial vaticano de los últimos años. Primero fueron introducidas las causas de trabajo para los empleados del Vaticano y de los entes relacionados con él, después –y aquí se encuentra el mayor riesgo– fueron introducidos nuevos delitos en materia económica y financiera, gracias a la normativa antireciclaje vaticana que entró en vigor el año pasado.

Frente a tareas tan amplias, el promotor de justicia subrayó que está preocupado ante la posibilidad de que «tales alabables novedades terminen por comprometer gravemente las funcionalidades del tribunal».

El Tribunal vaticano, explicó Piccardi, en materia económica y financiera «est investido de la jurisdicción penal, no solo por los hechos y actividades que conciernen a sujetos y entes del Estado de la Ciudad del Vaticano, sino también por lo que tiene que ver con los Dicasterios de la Curia Romana y los Organismos y entes que dependen de la Santa Sede». En la práctica, termina «por asumir el papel de una autoridad jurisdiccional ultraestatal»; por ello, «para estas nuevas funciones será necesario ofrecer un aumento del orgánico congruente».

De cualquier manera, según el promotor, gracias a la ampliación de su sistema jurídico, el Estado de la Ciudad del Vaticano se está convirtiendo cada vez más en un «Estado de Derecho» con todas sus letras, en el que la ley es soberana.

Después de su nacimiento, explicó Piccardi, «superadas las concepciones originales de Estado patrimonial y de Estado teocrático o hierocrático, el Estado Vaticano, al carecer de una Comunidad propia, se ha ido calificando como Estado aparato, que, como tal, se gobierna a sí mismo». Pero ahora, añadió, gracias a las innovaciones que ha introducido el Papa Benedicto XVI, también el Estado Vaticano «se ha ido progresivamente “auto-limitando”, sometiéndose al
propio derecho y, de esta forma, se ha transformado de Estado aparato en un Estado de derecho».

Autor: Alessandro Speciale