1.600 víctimas mortales entre enero y mayo
El presidente de
Filipinas ha admitido que la situación en la lucha contra el narcotráfico está
fuera de control. Hubo 1.600 víctimas entre enero y mayo. En los operativos
contra la droga, perdieron la vida 49 agentes de policía y 144 resultaron
heridos.
(Asia News) Los últimos datos de la
Policía Nacional (PNF) llevan a más de 6.600 la cifra de muertos oficiales en
la guerra contra la droga, impulsada por el presidente filipino Rodrigo
Duterte.
El Cnel. Bernard Banac,
portazov de la PNF, declaró ayer que en los últimos seis meses han perdido la
vida 1.600 personas. La publicación de las estadísticas se da luego de que
Duterte admitiera, en un mitin realizado en Malabon City el 2 de abril pasado,
que la difusión de las drogas ha aumentado en el país, a
pesar de las violentas políticas represivas adoptadas. El 12 de
junio, en Cagayan De Oro City, el presidente confesó que el sector más pobre de
la población es el más golpeado por la represión.
Los
grupos de activistas pro-derechos humanos exigen una investigación a fondo sobre la política contra el
narcotráfico que lleva adelante la administración: según los activistas, esta
es responsable de más de 30.000 muertos -incluyendo aquellos perpetrados por mano de «justicieros».
Tras ganar la presidencia en
julio del 2016, el presidente Duterte lanzó una guerra sin precedentes contra
los narcóticos ilegales, con la promesa de matar a decenas de miles de
criminales. El 27 de noviembre de 2018, la Agencia Filipina de Lucha contra la
Droga (PDEA) -el departamento que opera bajo la supervisión directa de la
Oficina de la Presidencia- publicó un informe en el cual certificó la muerte de
4.999 «personalidades vinculadas a la droga».
El Cnel. Banac declaró ayer
que a este número deben agregarse «al menos» otras 1.600 víctimas, registradas
entre enero y mayo de este año. El aumento se debe a que los
sospechosos han opuesto resistencia armada frente a los agentes», explicó
el vocero de la policía a cuantos cuestionaron las razones del semejante pico.
El funcionario agregó que en los operativos conducidos en los últimos seis
meses, murieron 49 agentes de la policía y 144 resultaron heridos.
La
Iglesia católica se cuenta entre las pocas voces que denuncian la violencia de
la guerra de Duterte contra el narcotráfico. En respuesta a las críticas por los asesinatos extrajudiciales, Duterte en más de una oportunidad ha arremetido duramente contra obispos
y sacerdotes.
El creciente número de muertos
reaviva el pedido de los activistas, que exigen una investigación a fondo por
parte de la Corte Penal Internacional (CPI) o por el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas (UNHRC). En marzo del 2018, el gobierno de las
Filipinas comunicó oficialmente su decisión de abandonar el Estatuto de Roma,
tratado a través del cual fue instituida la CPI. El mes anterior, el Tribunal
para los crímenes internacionales, con sede en La Haya (Países Bajos), había
emprendido una investigación preliminar en virtud de las acusaciones de
crímenes de lesa humanidad en los operativos contra la droga realizados por Manila.
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