miércoles, 19 de abril de 2023

LOS COLEGIOS PODRÁN DENUNCIAR A LOS PADRES QUE SE OPONGAN A QUE SUS HIJOS SE AUTODIAGNOSTIQUEN TRANS

 CONTRA EL BORRADO DE LAS MUJERES: EN ESPAÑA, TODOS LOS PROTOCOLOS ASUMEN LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO

Entre otras medidas, el "Análisis de los protocolos educativos de cortes transgenerista en España" de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres denuncia que los colegios están obligados a denunciar a los padres que nieguen a sus hijos cambiar de sexo.

El pasado 15 de abril, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres (ACBM) presentó su Análisis de los protocolos educativos de cortes transgenerista en España, que se ponen en marcha en el centro en el momento en que un menor se autodiagnostica como trans.

Las conclusiones no son alentadoras para padres, familias, educadores y asociaciones, que contemplan sin posibilidad de réplica como en casi todo España (en el 79% de las Comunidades Autónomas) el alumnado está expuesto a los postulados LGBT. En todas ellas, independientemente del signo político que ostente el gobierno o las consejerías de educación y cultura, se inculca desde las aulas el inexistente derecho a la "identidad de género".

El Análisis desarrollado por la ACBM analiza el impacto de los protocolos autonómicos en aspectos como la patria potestad, la propia educación o en la salud mental del alumnado se enmarca en un contexto de creciente oposición a las legislaciones transgénero liderado por familias, asociaciones o especialistas del sector de la salud mental.

OBJETIVO, HACER CREER QUE LOS PADRES "SON EL ENEMIGO"

Hasta hace poco, la amenaza transgénero en las aulas era algo propio de países anglosajones, especialmente Estados Unidos o Reino Unido. Informamos del caso de January Littlejohn, madre de tres hijos, que relataba desesperada como prácticamente de la noche a la mañana su familia casi se vio destruida por completo cuando el colegio guio a su hija en la llamada "transición social".

Un día, al recogerla, se enteró de que había cambiado su nombre sin que las autoridades escolares le informasen y mientras su hija le contaba divertida que le preguntaban qué baño quería usar en el centro. Littlejohn no tardó en ver cómo los proyectos de afirmación de género en las escuelas "están abriendo una peligrosa brecha entre padres e hijos", convenciendo a estos últimos de que "los padres son el enemigo" del que "deben ser protegidos".

La familia estuvo cerca de perder la patria potestad. Hoy enfrenta la dictadura de género mediante una demanda federal en curso con el objetivo de proteger los derechos de todos los padres y se define en sus redes como una luchadora por erradicar la ideología de género de las escuelas, la medicina y la cultura.

January Littlejohn vio cómo el lobby trans estuvo a punto de quitarle todo: hoy dedica su vida a enfrentar sus postulados. 

EL 100% DE LOS PROTOCOLOS EDUCATIVOS, CONTRA PADRES Y MENORES

Casos como el de Littlejohn son cada vez más frecuentes en España. Actualmente, los niños de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas del país son de hecho educados en estos postulados a través de los protocolos de educación sobre identidad de género. Por el momento, las únicas Comunidades Autónomas que no disponen de estos protocolos son Asturias, Ceuta, Cantabria, Extremadura, La Rioja y Murcia, aunque los alumnos de estas cuatro últimas se ven afectados de igual modo por la legislación vigente de identidad de género.

La Asociación Contra el Borrado de las Mujeres es una de las cada vez más numerosas organizaciones que luchan activamente contra la imposición de la ideología de género en la escuela española. Lo hacen junto a organizaciones de familias (AMANDA), educadores (DOFEMCO) u organizaciones educativas de inspiración católica como la Fundación Arenales o Educatio Servanda entre otras. 

Lo cierto es que del estudio elaborado por la ACBM se desprenden multitud de razones para enfrentar la ideología de género en las escuelas. Aunque los protocolos varían en función de las Comunidades Autónomas, el Análisis de los protocolos vigentes en España muestra que en el 100% de todos ellos:

·         Afirman un inexistente derecho a la “identidad de género”, definiéndose esta última como “la vivencia íntima del propio género, incluyendo la vivencia del propio cuerpo y su sexualidad, así como de la vivencia social del género en la vestimenta, el lenguaje y otras pautas de comportamiento".

·         Usan una terminología sin base científica y se refieren al "sexo" como una categoría subjetiva "que se asigna al nacer"

·         Permiten que el alumnado autodiagnosticado como "trans" use los baños, vestuarios y otros espacios segregados por sexo según su "género sentido".

·         Prevén medidas disciplinarias para el alumnado, personal docente y no docente en caso de que cuestionen cualquiera de las medidas implementadas por el centro

·         Incluyen la denuncia por maltrato psicológico iniciándose contra dichos progenitores el protocolo por maltrato infantil con intervención de los servicios sociales si el centro considera que la actitud de los progenitores no es la esperada.

·         Exigen/esperan del profesorado que observe al alumnado del centro y comunique a la dirección, para que se inicie este protocolo, aquellos casos en los que crea identificar a un alumno como “trans”.

·         No consideran necesario que el menor o sus progenitores hayan comunicado al centro una supuesta situación de disforia o que se tenga ningún tipo de certificación de disforia de género para iniciar así la conocida como transición social.

El informe de ACBM también pretende hacer evidente "la magnitud de la intromisión y la influencia de las organizaciones trans en los centros escolares.

Esto se plasma, por ejemplo, en que la formación del alumnado en cuestiones de género se delega a activistas LGBT en el 62% de los protocolos estudiados. El 92% de los mismos no exigen ninguna cualificación a tal efecto y el 28% ha recibido el asesoramiento para su redacción por parte de asociaciones pertenecientes a los activistas de género.

UNA AMENAZA TOTAL A LA PATRIA POTESTAD DELAS FAMILIAS

En cuanto a las medidas que afectan a las familias y a la patria potestad, destaca que el 77% de los protocolos prevén actuaciones externas sobre los progenitores o tutores legales que no acepten las medidas planteadas por el centro sobre el menor y se nieguen a firmar el documento de consentimiento de aceptación del protocolo. Además, en el 100% de los casos incluyen la denuncia por maltrato psicológico iniciándose contra dichos progenitores el protocolo por maltrato infantil. Entre otros aspectos, en el 54% de los protocolos se inician los cambios en el centro (nombre, vestimenta, etc) sin que los progenitores hayan firmado el documento de consentimiento.

APISONADORA LEGAL CONTRA PROFESORES EN 1 DE CADA 2 COLEGIOS

También se destacan las medidas dirigidas específicamente contra los profesores y la comunidad docente.

Un 46% de los protocolos obliga al profesorado a usar materiales educativos o documentación de apoyo con ideología LGBT, un 38% empuja al profesorado a usar el lenguaje inclusivo (todos, todas y todes) como en Canarias y en un 54% se prevén medidas disciplinarias para quien no colabore en reafirmar la disforia no certificada por profesionales cualificados de un menor, como en la región vasca.

LOS PROFESIONALES SANITARIOS, CRUZADOS CONTRA EL ADOCTRINAMIENTO

Los especialistas de la salud también alertan del adoctrinamiento transgénero en las escuelas. Recientemente, la doctora en pedagogía y orientadora familiar Carmen López alertó precisamente de las consecuencias de que "en muchos centros se está bombardeando" a los alumnos con la doctrina trans. Entre otras, que las consultas por disforia en los servicios públicos se han incrementado un 7.652% desde 2012 en Cataluña.

López es testigo directo de cómo padres y madres denuncian que en los centros "se induce al cambio de sexo o se hacen procesos de captación con el consiguiente efecto contagio", según palabras de las propias familias. Incluso reciben amenazas por las que, no respetar "la `identidad´ de sus hijos" pasa a ser considerado "maltrato, discriminación y desamparo y se pondrá en conocimiento de la administración", como también denuncia el informe de CBDM.

Desde su perspectiva, la administración está utilizando la escuela "para adoctrinar a los menores, hacerles creer que el sexo es un sentimiento cuando es algo biológico y para transmitir que se puede nacer en un cuerpo equivocado y cambiar de sexo". Algo que a su juicio no hace sino poner "en grave riesgo la salud mental, emocional y física" de los menores.  

La doctora en pedagogía no está sola en su cruzada contra la ley trans y la defensa de los menores. Otros especialistas, como el jefe de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón Celso Arango o la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria han rechazado en bloque la Ley Trans desde que se encontraba en tramitación por eludir a los padres de un proceso con consecuencias irreversibles en sus hijos.

"El colectivo pediátrico considera que el Proyecto de Ley Trans no valora en la medida que sería deseable la participación que los padres y los profesionales sanitarios en el proceso de autodefinición sexual de los niños y niñas", denuncian los pediatras.

Los médicos de Atención Primaria han alertado en varias ocasiones de los riesgos que se corren con esta ley. "La adolescencia es un periodo en el que las personas pueden tener una cierta indefinición e inseguridad sobre los roles sexuales y otros aspectos del desarrollo personal. La ayuda de profesionales sanitarios, en especial de la salud mental, puede jugar un papel importante en el desarrollo de la identidad y orientación sexual", explican.

VOX LA RECURRE POR "DESPROTEGER A LAS MUJERES": EL PP "NO SABE"

En periodo de precampaña electoral y con hasta tres comicios en 2023 -municipales, autonómicas y generales-, todo parece indicar que el adoctrinamiento LGBT en las escuelas será un factor de peso a la hora de votar. Conscientes de ello, el Partido Popular y VOX ya han comenzado a emplear sus primeros anuncios y medidas de precampaña.

Dos meses después de haber sido aprobada la Ley Trans, VOX anunció el pasado 12 de abril que la recurriría ante el Tribunal Constitucional por considerar que es "acientífica" y que "desprotege a las mujeres". Dos argumentos sobre los que ha incidido ACBM en la elaboración de su estudio y que el Partido Popular también empleará para el recurso que llevará a cabo por su cuenta según anunció el mismo día 12. Sin embargo, las autoridades del PP no saben cuándo lo presentarán formalmente, según informó El Diario.

ACBM RECLAMA MEDIDAS "INAPLAZABLES" CONTRA EL LOBBY TRANS

Por su parte, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres hará un llamamiento a no votar por ninguna candidatura que no se comprometa en la protección de los menores del adoctrinamiento y agresiones del lobby transgénero.

Contra Borrado ha indicado que la revisión completa de los Protocolos es inaplazable de cara a "eliminar todos los elementos perjudiciales para la infancia y adolescencia y el establecimiento de criterios garantistas que no avoquen a las y los menores a decisiones injustificadas”.

Las feministas también han reclamado trasparencia a las administraciones y a los centros educativos y solicitan la creación de un Registro Estatal y Autonómico que recopile datos para un Informe público anual sobre esta casuística con indicadores que permitan evaluar el impacto social de las políticas transgeneristas en escuelas e institutos.

A los centros educativos les piden “la incorporación documentada de la opinión profesional cualificada antes de que el centro se precipite a dar pasos hacia una transición social que conduce a las transiciones médicas y quirúrgicas irreversibles”.

Igualmente, la organización considera de máxima urgencia suspender la difusión de contenidos educativos contrarios a la realidad material e impedir la promoción de teorías sexistas contrarias a los principios de la coeducación para la igualdad. Así mismo, exigen prohibir las derivaciones desde los centros escolares a las asociaciones transactivistas que inducen a las terapias afirmativas entre los y las menores de edad.

José María Carrera

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