Juez
Giesbrect: «La agresión más agresiva contra los derechos de los padres»
Un juez
canadiense jubilado ha arremetido duramente contra los proyectos de ley de que
prohibirían a los padres intentar ayudar a un hijo o hija a superar la
confusión de género, calificándola de la «agresión más agresiva contra los
derechos de los padres» jamás intentada por un gobierno federal.
(LSN/InfoCatólica) El juez Brian
Giesbrecht expresó su parecer en un artículo de opinión en el Epoch Times
titulado «El problema con la propuesta de prohibición de la terapia de
conversión en Canadá».
En su artículo, Giesbrecht
escribió sobre los proyectos de ley C8 y S-202, que, si se aprueban, criminalizarán la llamada «terapia de conversión».
«Es verdaderamente
aterrador que si esta legislación se aprueba, cualquier
asesoramiento que no se considere 'afirmativo' (ndr: o sea, a favor del cambio
de sexo) será ilegal», escribió Giesbrecht.
«En otras
palabras, un profesional que podría ayudar a un niño a aceptar su sexo biológico
mediante tratamiento psicológico se convertiría en un delincuente
en virtud de esta legislación. Esto es profundamente malvado»
Giesbrecht escribió que hay un
«acuerdo universal» de que los padres que tienen un hijo con disforia de género
luchan con «desafíos inmensamente difíciles» pero añadió que el gobierno ha
elegido ir en contra de la elección de los padres al «hacer
ilegal que los padres busquen ciertos tipos de tratameinto para su
hijo. Pero eso es exactamente lo que el gobierno ha elegido hacer. Esta
legislación es probablemente el asalto más agresivo a la patria potestad que un
gobierno federal haya intentado jamás. Si se aprueba, corre el riesgo de
destruir el vínculo entre padre e hijo cuando la filosofía o la religión de un
padre entra en conflicto con la del estado».
Giesbrecht fue juez en
Manitoba desde 1991 hasta que se retiró de la magistratura en 2007. Ahora forma
parte del Frontier Centre for Public Policy
En su crítica a los proyectos
de ley C8 y S-202, Giesbrecht dijo que la legislación canadiense
propuesta es una respuesta a la «campaña de las Naciones Unidas para la educación sexual integral de los niños».
Según indicia la web de la
ONU, la educación sexual integral «capacita a los
jóvenes para conocer y exigir sus derechos. La importancia de la educación
sexual ha sido reconocida por numerosos acuerdos internacionales«.
Giesbrecht asegura que
mientras «ninguna persona razonable» estaría
en desacuerdo con la noción de que «como parte de
su educación», los niños deben recibir información sexual, los «extremistas» han influido en los líderes
políticos con su ideología radical.
«Los activistas
extremistas han convencido a algunos líderes particularmente 'progresistas' de que
deben ir mucho más allá de la educación. La 'Educación Sexual' en
algunos lugares ahora incluye una agenda extrema que enfatiza la sexualización
temprana de los niños», escribe Giesbrecht, que su vez advierte que uno de los problemas de
los «expertos» encargados de elaborar las
leyes y asesorar a los encargados de la formulación de políticas es que son «las mismas personas que suelen participar en
el sistema de cambio de género».
LOS PROYECTOS DE LEY
Presentado por el ministro de
justicia David Lametti el 9 de marzo, el proyecto de ley C-8 tipificará como
delito en el Código Penal 1) hacer que un menor
se someta a una terapia de conversión, 2) sacar
a un menor de Canadá para someterlo a una terapia de conversión, 3) hacer que una persona adulta se someta a una
terapia de conversión contra su voluntad, 4) obtener
beneficios económicos de la terapia de conversión y 5) hacer
publicidad de la terapia de conversión.
El proyecto de ley C-8 define
la «terapia de conversión» como: «una práctica, tratamiento o servicio diseñado para
cambiar la orientación sexual de una persona a heterosexual o la identidad de
género a cisgénero, o para reprimir o reducir la atracción no heterosexual o el
comportamiento sexual».
El proyecto de ley añade: «Para mayor certeza, no se admite una práctica,
tratamiento o servicio que se relacione: a) con la transición de género de una
persona; o b) con la exploración de la identidad de una persona o su
desarrollo».
El proyecto de ley fija una pena de hasta cinco años por hacer que un menor se someta a una «terapia
de conversión», ya sea dentro o fuera de Canadá, o por obligar a un
adulto a hacerlo. Beneficiarse económicamente de la publicidad de la «terapia de conversión» se castiga con hasta dos
años de cárcel.
El proyecto de ley S-202,
ahora en el Senado, criminalizaría la llamada terapia de conversión, que define
de la siguiente manera: «cualquier práctica,
tratamiento o servicio destinado a cambiar la orientación sexual o la identidad
de género de una persona o a eliminar o reducir la atracción sexual o el
comportamiento sexual entre personas del mismo sexo. Para mayor certeza, no se
admite el cambio de sexo quirúrgico o cualquier otro servicio relacionado».
Giesbrecht concluyó su
artículo de opinión diciendo que los proyectos de ley C8 y S-202 castigarían a
un padre o psicólogo que quisieran ayudar a un niño a superar la confusión de
género, incluso si el niño cambia de opinión, pero no castigaría a un psicólogo
«que aboga por un cambio de género».
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