Elaborado por el «experto independiente» Víctor Madrigal-Borloz
Un nuevo informe
que acaba de entregarse a la Asamblea General de la ONU por parte de la
Secretaría General de la institución pide que se sancione penalmente a quien
critique la ideología de género, la orientación sexual, la transexualidad e
incluso la educación sexual que sigue los parámetros del nuevo orden mundial.
(C-Fam/InfoCatólica) El informe de septiembre,
elaborado por el experto independiente Víctor Madrigal-Borloz, que trabaja bajo
los auspicios del Consejo de Derechos Humanos, sostiene que existe una importante «reacción» contra los avances en
materia de derechos humanos conseguidos por los homosexuales y transexuales,
y que esta reacción amenaza y perpetra violencia contra estas personas.
Madrigal-Borloz señala que esta reacción proviene de un «fuerte aumento de los líderes políticos
ultraconservadores y de los grupos religiosos que utilizan sus plataformas para promover el fanatismo, deshumanizar
a las personas... y fomentar el estigma y la intolerancia entre sus electores».
Madrigal-Borloz cita un
informe que afirma que los grupos «antigénero» de
Estados Unidos recaudaron 6.200 millones de dólares entre 2008 y 2013 y que
estos grupos canalizaron 1.000 millones de dólares en todo el mundo para luchar
contra el auge de los derechos LGBT. Dicho informe es del
Philanthropy Project, una coalición de fundaciones de izquierda, dos de las cuales -Fundación Ford y Fundación
Arcus- gestionan un total de 14.700 millones de dólares. El principal grupo «antigénero» citado en su informe es la
Organización Internacional para el Matrimonio, que sólo recaudó 247.000 dólares
en 2019.
Uno
de los pocos grupos que Madrigal-Borloz menciona por su nombre es la Iglesia
católica.
Madrigal-Borloz
dice que «la doctrina de la complementariedad de la
Santa Sede... sostiene que las mujeres no son iguales sino que tienen roles
sociales complementarios...» Madrigal-Borloz argumenta que la forma de
entender la familia por parte de la Iglesia Católica es una violación de la
legislación vigente en materia de derechos humanos.
Madrigal-Borloz afirma que
tales opiniones «crean un riesgo significativo para
la promoción de los derechos de la mujer y pueden fomentar la violencia y la
discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género». Cita
los esfuerzos realizados en Estados Unidos para garantizar que los niños con
confusión de género no practiquen el deporte de las niñas.
El informe se refiere a estas
creencias como «narrativas excluyentes» que equivalen al discurso
del odio e incluso a la violencia.
Tales narrativas «explotan las ideas preconcebidas,
el estigma y los prejuicios para crear una atmósfera de pánico y preocupación
moral y crea el riesgo de perpetuar la violencia y la discriminación».
Madrigal-Borloz pide a los
Estados miembros de la ONU que «adopten medidas
decisivas y concertadas para contrarrestar las prácticas excluyentes que
amenazan con socavar los marcos internacionales, regionales y nacionales de
derechos humanos y de género...» En especial, afirma que «las prácticas de exclusión no son conformes con el
derecho internacional de los derechos humanos y deben ser tratadas en
consecuencia, incluso... incluyéndolas en el marco jurídico de la incitación al
odio y los delitos de odio».
Cabe señalar que la Asamblea
General de la ONU nunca ha reconocido el «género» como
una construcción social. De hecho, el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, un tratado de derecho imperativo de 1998, definió el «género» como hombres y mujeres.
La Asamblea General nunca ha
reconocido la «orientación sexual e identidad de
género» como una categoría de no discriminación. El derecho
internacional tampoco reconoce el concepto de «transgénero».
El informe de Madrigal-Borloz
es un documento de objetivos que no tiene fuerza de ley, pero que sin duda será
utilizado por otros actores de la ONU para promover estas ideas. También puede
ser utilizado por los gobiernos nacionales para hacer ilegal incluso la crítica
a la ideología de género.
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