Dos meses después de las masivas protestas contra el régimen dictatorial cubano (11J), la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas (CONCUR), denunció irregularidades en los procesos que se siguen contra los detenidos por las manifestaciones.
El pasado 11 de julio ocurrieron espontáneamente protestas en toda Cuba
en contra del régimen comunista del presidente Miguel Díaz-Canel, sucesor de
los dictadores Fidel y Raúl Castro. El gobierno respondió con violencia y con
detenciones arbitrarias.
En un comunicado
emitido el jueves 9 de septiembre,
el Servicio de Acompañamiento de la CONCUR, reiteró “la
necesidad del cumplimiento estricto de la legalidad aplicando la ley en favor de
los imputados y el sobreseimiento libre [archivamiento] de las
actuaciones, en los casos de los manifestantes pacíficos”.
La organización constató, “con pesar”, las
“reiteradas negativas” de las autoridades “a los cambios de medidas cautelares solicitados por los
abogados, así como la no consideración de las pruebas presentadas para este
fin”.
Asimismo, la CONCUR denunció “la dificultad,
y en muchos casos hasta la imposibilidad, de los abogados de entrevistarse con
sus representados por la compleja situación epidemiológica del país y de las
prisiones”, y de igual forma “la limitada
comunicación de los detenidos con sus familiares”.
Los religiosos también reclamaron por “el
lento procesamiento de las diligencias investigativas de los hechos, así como
los escasos elementos probatorios de los presuntos delitos”.
La ONG española defensa legal pro derechos humanos, Prisoners Defenders, reportó el 2 de
septiembre “que la cifra de
detenidos en la isla del día 11 al día 17 de julio, periodo sin obligatoriedad
de acusación fiscal para la detención, ha sido superior a los 5000 detenidos
como mínimo”.
“Estimaciones más alcistas de nuestro equipo
podrían situar la cifra entre los 6000 y los 8000 detenidos”, continúa.
El estudio de Prisoners Defenders se basó “en
la analítica de más de 100 entrevistas con personas afectadas por las
detenciones, sobre un universo de más de 550 registros de detenciones
recabados” por la misma organización.
El informe publicado por la ONG, también “arroja
la cantidad de personas que permanecieron detenidos una vez pasados dichos
días, en dependencias policiales y prisiones, mediante autos de limitación de
libertad decretados por fiscales o mediante sentencias judiciales: han
sido más de 1500 personas”.
De esos 1500 casos, Prisoners Defenders señala que se pudo constatar “una lista de 381 casos verificados de convictos y
condenados políticos”.
“De los juicios celebrados hasta la fecha, el
estudio refleja que la gran mayoría, al menos superior al 85%, se han celebrado
de forma sumaria, y en particular ha tenido predominancia el juicio por el
Proceso Sumario por Atestado Directo, como ya avisó Lisnay María Mederos
Torres, Fiscal Jefe de la Dirección de Procedimientos Penales de la Fiscalía
General del Estado en la televisión cubana, proceso que es policial y no
judicial, donde los acusados van a juicio sin necesidad de fiscal ni abogado, y
donde pueden recibir penas de prisión que oscilan entre los meses y varios años
en función del número de delitos imputados, siempre que cada delito imputado no
supere la pena de un año de privación de libertad”, explicó la organización.
Según la ONG española, “todos los acusados
que han sufrido procesos sumarios han sufrido privaciones de libertad
arbitrarias, tan solo ateniéndonos al proceso empleado”.
Señaló que el 11J “no ha sido solo un ataque
contra el pueblo cubano”, sino “una agresión contra el ser humano como
especie”.
“La articulación de la represión ha sido un
experimento exitoso a corto plazo de control y sometimiento de la especie
humana mediante la violencia, la censura, la técnica mediática, las relaciones
internacionales, y la pasividad de otros gobiernos, como el español y el
europeo, que han preferido visualizar la obra de teatro puesta en marcha sin
tomar partido tajante e irrestricto por la defensa inmediata, efectiva y
profunda de la integridad física, derecho a la libertad y derechos más
fundamentales de miles de seres humanos”,
concluyó.
POR DIEGO LÓPEZ
MARINA | ACI Prensa
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