El Congreso del Perú aprobó este jueves 2 de mayo
la moción de interpelación a la ministra de Educación, Flor Pablo Medina, para
que responda por las irregularidades en la elaboración e impresión de textos
escolares.
Según informa RPP, el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry,
señaló que la ministra irá al Congreso el jueves 9 de mayo para responder las
preguntas de los legisladores, luego del pedido que hiciera la bancada de
Fuerza Popular el pasado 15 de abril.
LA POLÉMICA DE LOS
TEXTOS ESCOLARES
El 6 de abril el abogado del colectivo Padres en Acción, Alberto
Gonzáles, denunció que en el texto para alumnos de tercero de secundaria del
Ministerio de Educación (Minedu) aparece un enlace que lleva a un sitio web en
el que se incentiva a experimentar el “placer sin
límites” con la masturbación, el sexo anal, oral e incluso prácticas sexuales
en grupo con personas del mismo sexo.
Tras las críticas de algunos congresistas, en redes sociales y medios de
comunicación, el sector de Educación anunció el 8 de abril el retiro del enlace
de su sitio web oficial.
No obstante, el texto ya ha sido impreso y distribuido a menores de edad
a nivel nacional.
En un comunicado la institución consideró “dicho
contenido inapropiado, lamenta su publicación y comparte el comprensible
malestar que ha generado entre los padres de familia”.
Luego informó que el texto “fue retirado de
su página web y del portal PerúEduca y, al mismo tiempo, ha iniciado un proceso
de investigación para determinar responsabilidades y tomar medidas pertinentes
establecidas por ley”.
Sin embargo y a pesar de la controversia, la ministra de Educación, Flor
Pablo, defendió la permanencia del “enfoque de
género” en el currículo nacional y pidió a los docentes “borrar con plumón” el cuestionado enlace.
El 11 de abril el presidente del Perú, Martín Vizcarra, dijo en un
mensaje a la nación que “los recientes errores
conocidos en los textos escolares son imperdonables” y anunció que
sancionará a los responsables y que tomará medidas correctivas.
A los pocos días otro texto escolar fue denunciado por promover en niñas
de segundo año de secundaria la anticoncepción y el aborto, calificando a este
último como “un proceso simple y seguro”.
Asimismo, el 12 de abril, el congresista Juan Carlos Gonzales encontró
otros tres enlaces inapropiados en el libro “Desarrollo
Personal, Ciudadanía y Cívica” para alumnos de tercero de secundaria.
Estos enlaces redireccionaban a sitios web sobre masturbación femenina.
Asimismo, el parlamentario mostró que en la bibliografía del mismo texto hay un
enlace que dirige a un video que ilustra diversos “objetos
sexuales”.
CUESTIONADA MESA DE
TRABAJO PARA REVISAR LOS TEXTOS ESCOLARES
Ante la polémica, el Ministerio de Educación creó una mesa de trabajo
para revisar los textos escolares, conformado por 17 personas que, según el
colectivo Padres en Acción, “no ofrece ninguna
garantía de imparcialidad”.
En un comunicado del 23 de abril, el colectivo advierte que “los integrantes de dicho grupo son, en su mayoría,
funcionarios y asesores que ya se encuentran alineados a las nefastas políticas
de género ideologizado de las últimas gestiones del Minedu, así como miembros
del Consejo Nacional de Educación (CNE), quienes fueron los que precisamente
recomendaron incorporar el enfoque transversal de género en el currículo
escolar”.
Por ello exigieron que “se convoque a una
mesa de diálogo auténticamente multisectorial, en la que estén también
representados los padres de familia, pues son parte vital de la comunidad educativa”.
Además de la cuestionada mesa de trabajo, la Contraloría General de la
República anunció la creación de una “comisión de
control para la recopilación de información, a fin de identificar las
responsabilidades y sanciones de servidores y funcionarios comprometidos en la
producción, impresión y distribución del material educativo en mención”.
La Contraloría recordó que “la educación es
un derecho fundamental reconocido en la Constitución para el desarrollo
integral de la persona”, y que la situación expuesta “develaría un serio perjuicio al servicio educativo
público”.
"Existirían dos afectados: los estudiantes y
el Estado. Los estudiantes, debido a la carencia de herramientas pedagógicas
cuyo contenido debe contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje; y, por
otro lado, el Estado por los recursos económicos invertidos en los referidos
textos escolares”, indicó la Contraloría el
pasado 15 de abril.
Redacción ACI
Prensa
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