Se puede cambiar de sexo pero no de orientación sexual
En España está
financiado con dinero público el tratamiento médico para el «cambio» de sexo
pero estará prohibido y penalizado por ley el tratamiento para el cambio de
orientación sexual aun en el caso de que las personas homosexuales lo soliciten
libremente.
(Efe/InfoCatólica) La futura ley de
igualdad LGTBI prohibirá las terapias de conversión de la orientación sexual, ha informado la Federación Estatal de
Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) tras una reunión con la ministra
de Igualdad, Irene Montero.
La FELGTB, la Fundación
Triángulo y la Asociación de Familias de Menores Trans Chrysallis se han
reunido con la ministra y la directora general de Diversidad Sexual y Derechos
LGTBI, Boti García Rodrigo, para conocer el contenido del «paquete legislativo» que Igualdad prepara para
proteger los derechos del colectivo LGTBI.
Este encuentro se produce días
después de la reunión de estos tres colectivos con la vicepresidenta
primera del Gobierno, Carmen Calvo, para «acercar posturas» en esta materia.
Estas organizaciones han
calificado de sólido y garantista el trabajo elaborado por el Ministerio de
Montero para garantizar los derechos de estos colectivos en las leyes trans y
de igualdad LGTBI.
DERECHO DE LOS
MENORES A CAMBIAR DE SEXO
La presidenta de la FELGTB,
Uge Sangil, ha explicado a Efe que se prohibirán por ley las terapias de
conversión de la orientación sexual -una medida que apoyan todos los partidos,
salvo Vox- y que la futura ley trans reconocerá la despatologización
y la libre determinación del género, también para los menores. Es
decir, el derecho a que los menores de edad puedan decidir cuál es su sexo.
A día de hoy las terapias de conversión están prohibidas en las comunidades autónomas pero no hay una
ley estatal que regule el tema.
La prohibición impedirá que las personas homosexuales que libremente quieran acudir a un profesional de la psiqcología
o la psiquiatría para cambiar su orientación sexual, tengan derecho a
recibir dicha ayuda médica. Todo ello en un contexto en el que sí se
admite, y financia con dinero público, que las personas puedan tratarse
médicamente para cambiar el sexo biológico con el que han nacido
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