Líderes provida en el Perú denunciaron que el
ministro de Salud, Víctor Zamora, aprovecha la actual crisis del coronavirus
para impulsar el aborto en el país, donde ya hay casi 37 mil casos confirmados de
COVID-19 y más de 1.050 muertos,
pese a la cuarentena establecida el 15 de marzo por el Gobierno del
presidente Martín Vizcarra.
El 22 de abril y través de una resolución ministerial, el Ministerio de
Salud aprobó la directiva
sanitaria 094-MINSA/2020/DGIESP “para
garantizar la salud de las gestantes y la continuidad de la atención en la
planificación familiar ante la infección por COVID-19”.
La directiva fomenta el uso de la anticoncepción oral de emergencia
(AOE) o píldora del día siguiente, cuyo efecto abortivo ha sido reconocido por
la Food and Drugs Administration (FDA) de Estados Unidos, ya que impide la implantación
del óvulo fecundado o embrión en el útero.
El numeral 6.2.15 de la directiva, que debe seguirse “en todos los establecimientos de salud del Ministerio de
Salud”, señala que se debe “garantizar la
entrega de métodos anticonceptivos y AOE durante esta emergencia nacional a usuarias nuevas o continuadoras en las visitas domiciliarias o que
acudan a los establecimientos de salud por diferentes motivos”.
Asimismo, el punto 6.3.14 establece que se debe “valorar
finalizar el embarazo en cualquier momento, en caso que se encuentre en riesgo
la vida de la gestante infectada por COVID-19”.
En Perú el aborto es un delito. Según el Código Penal vigente es no
punible cuando se realiza al no existir “otro medio
para evitar la muerte o un mal permanente en la madre”.
“Denunciamos el aprovechamiento ideológico y
político de esta pandemia para fomentar agendas abortistas con la venia de las
altas autoridades del Estado y con el apoyo de ONGs feministas que promueven la
ideología de género y apoyan la enseñanza de prácticas sexuales contranatura en
la educación, así como de multinacionales del aborto bajo investigación
como Planned Parenthood” (PPFA),
señaló la Red Nacional
de Abogados por la Defensa de la Familia (RENAFAM) en la
presentación de un video en Facebook el 28 de abril.
En el video se ve a la jueza suprema y presidenta de la Comisión
Permanente de Acceso a la Justicia, Janet Tello Gilardi, quien explica que la
directiva “es fruto del trabajo de la mesa de
vigilancia ciudadana por los derechos sexuales y reproductivos que ha trabajado
con el ministerio de salud, en la cual están muchísimas ONGs”.
Entre los grupos participantes, prosigue Tello, están “Promsex, Kallpa, la Casa de Panchita, y apoyadas por
PPFA, PPF global, que también nos apoya a nosotros para poder llevar a cabo
muchas acciones en la línea de la protección de los derechos sexuales y reproductivos”.
Carlos Polo, director de la Oficina de América Latina del Population
Research Institute (PRI), dijo a ACI Prensa este jueves 30 de abril que “cuando todo el mundo está luchando por proteger la vida
humana, tenemos un ministro de Salud en el Perú que está pensando en
matar seres humanos inocentes sin ningún respaldo científico”.
“Ya la congresista Martha Chávez había advertido
sobre el perfil proaborto
de Víctor Zamora cuando fue designado como ministro de Salud”, continuó Polo.
Carlos Polo explicó también que “Zamora es
el primer ministro abortista que invita a dar recomendaciones a PPFA, el mayor
proveedor de abortos del mundo e investigado en EEUU por tráfico de órganos de
fetos”.
A mediados de este mes, se difundieron una serie de documentos en los
que se reveló que la principal proveedora de abortos en Estados Unidos, Planned
Parenthood Federation of America (PPFA), cobró casi 25 mil dólares
por las partes de bebés abortados en sus clínicas en 2012.
Los documentos se hicieron públicos como parte del proceso que se sigue
al investigador David Deleiden, quien desde 2015 grabó de modo encubierto más
de 10 videos en los que se muestra cómo se discute sobre la mejor manera
de desmembrar y vender partes de bebés abortados.
El caso también generó una investigación del Congreso estadounidense
contra PPFA, la organización que es la principal proveedora de abortos en
Estados Unidos.
“Nos preguntamos por qué el ministro Zamora emite
una norma con recomendaciones basada en una organización que promueve la
industria del aborto como PPFA sin ningún rigor médico y no recoge las recomendaciones
de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia del Perú”, dijo Polo a ACI Prensa.
“La sociedad fue muy clara en afirmar en un reciente informe
que no hay evidencia de que las embarazadas tengan un riesgo mayor al resto de
la población”, precisó el líder provida.
“No hay ningún respaldo científico que haga pensar
que el aborto vaya a mejorar la condición de una mujer gestante con COVID-19”, subrayó.
“Es muy elocuente que mientras el ministro Zamora,
asesorado por PPFA, quiere que toda gestante con COVID19 aborte, los
especialistas digan que el COVID19 ni siquiera constituye una indicación
de cesárea”, concluyó Polo.
POR WALTER SÁNCHEZ
SILVA | ACI Prensa
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