Un obispo con arresto domiciliario, sacerdotes asediados por la policía, misioneras de la caridad expulsadas y numerosas restricciones al culto. Esta es la situación que hoy sufre la Iglesia Católica en Nicaragua bajo el actual gobierno de Daniel Ortega.
¿PERO CÓMO EL PAÍS CENTROAMERICANO LLEGÓ A ESTA
CRISIS?
Esta historia comienza en 1979, cuando -tras la dictadura de la dinastía
Somoza- empezó el primer gobierno sandinista que dirigió Nicaragua hasta 1990.
Y 40 años después las hostilidades y persecuciones vuelven a repetirse.
EL INICIO DEL GOBIERNO
SANDINISTA Y LA ESPERANZA DE LOS OBISPOS
El 19 de julio de 1979 el Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN), grupo guerrillero de izquierda, derrocó a Anastasio Somoza Debayle, el
tercer y último miembro de la llamada dinastía Somocista —luego de su padre,
Anastasio Somoza García, y su hermano, Luis Somoza Debayle— que había gobernado
el país desde 1937.
En noviembre de 1979, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN)
publicó una carta pastoral titulada “Compromiso
Cristiano para una Nicaragua Nueva” que, entre otras
cosas, vio este “proceso revolucionario” como
una oportunidad para el país y llamó a la población a hacer los sacrificios
necesarios y a una “profunda conversión del
corazón”.
Los obispos también pidieron “un amplio
espacio de libertad que le permita (a la Iglesia) cumplir su labor apostólica
sin interferencias”.
Poco después de la caída de Somoza, se estableció una Junta de Gobierno
de Reconstrucción Nacional de cinco miembros: tres
del FSLN y dos independientes, incluyendo Violeta Chamorro (viuda de Pedro
Chamorro, director del diario La Prensa asesinado por Somoza) y Alfonso Robelo.
El coordinador fue Daniel Ortega.
Violeta Chamorro renunció a la Junta en abril de 1980 debido al rumbo
socialista que tomaba el FSLN y la influencia de Cuba en el gobierno. Robelo
renunció por los mismos motivos y luego integró el directorio político de la
Resistencia Nicaragüense (llamados “contras” por
“contrarrevolucionarios”) que, financiada por Estados Unidos, enfrentó en una
guerra civil a los sandinistas durante toda la década.
La Junta dirigió Nicaragua hasta 1985 y entregó el poder a Ortega, que
había ganado las elecciones presidenciales de 1984 con el FSLN, que ya era un
partido político.
LOS “SACERDOTES
MINISTROS” Y LA INTERVENCIÓN DE JUAN PABLO II
Con la asunción de la Junta, tres sacerdotes conocidos promotores de la
teología marxista de la liberación asumieron cargos en el gobierno sandinista: Miguel D’Escoto fue ministro de Relaciones Exteriores
(1979-1990); Ernesto Cardenal fue ministro de Cultura (1979-1987); y Edgar
Parrales fue viceministro subdirector General del Instituto Nicaragüense de
Seguridad Social (1979-1980), ministro de Bienestar Social (1980-1982) y
embajador de Nicaragua ante la OEA (1982-1986).
La participación de estos sacerdotes en el gobierno provocó tensiones
con los obispos. Aunque el Episcopado autorizó inicialmente esta participación,
en enero de 1980 la CEN decidió que ya no podían ser parte del gobierno
sandinista.
En abril de ese año, el Papa Juan Pablo II recibió a los obispos
nicaragüenses en el Vaticano y les dirigió un discurso en el que les dijo
que “una ideología atea no puede ser el instrumento
orientador del esfuerzo de promoción de la justicia social, porque priva al
hombre de su libertad, de la inspiración espiritual y de la fuerza del amor al
hermano, que tiene su fundamento más sólido y operante en el amor a Dios”.
Pocas semanas después, los obispos solicitaron a los sacerdotes que
renuncien a sus cargos en el gobierno sandinista, pero se negaron.
En febrero de 1984, Juan Pablo II suspendió ad
divinis a los tres sacerdotes y al P. Fernando Cardenal, hermano de
Ernesto, quien también participaba en el régimen de Ortega. Desde ese año hasta
1990, Fernando Cardenal fue ministro de Educación.
UN ARZOBISPO VALIENTE Y
LA EMBOSCADA CONTRA UN SACERDOTE
Durante el primer periodo sandinista, uno de los miembros de la Iglesia
Católica que destacó por sus denuncias contra las violaciones de derechos
humanos fue el Arzobispo de Managua, Mons. Miguel Obando y Bravo (1926-2018), a
quien en 1985 Juan Pablo II hizo cardenal.
El Arzobispo ya era conocido por denunciar las violaciones a los
derechos humanos durante la dictadura de los Somoza y no calló ante los abusos
del régimen de Daniel Ortega.
Además, su papel fue decisivo para impedir la difusión de la llamada "iglesia popular", promovida por
sacerdotes y religiosos afines a la teología marxista de la liberación.
El gobierno del FSLN tomó represalias y se ensañó con destacados
pastores. En agosto de 1982 agentes del régimen, vestidos como policías,
detuvieron al P. Bismarck Carballo, que entonces era vocero de la Iglesia y
director de una emisora católica.
Los agentes ingresaron a una vivienda donde estaba el sacerdote y
fabricaron un supuesto escándalo sexual con una mujer. Lo desnudaron, lo
sacaron a la calle y publicaron la historia falsa en todos los medios
oficiales.
En febrero de 1986, la Secretaría de Estado de Estados Unidos publicó los
testimonios del exteniente sandinista Álvaro Baldizón Avilés, un desertor quien
aseguró que el escándalo en que se involucró al P. Carballo fue montado por el
régimen de Daniel Ortega.
Otro de los atropellos de Ortega contra la Iglesia fue la expulsión de
diez sacerdotes extranjeros en julio de 1984. Los presbíteros fueron acusados
de violar las leyes nacionales y participar en actividades contrarias al
gobierno por asistir a una marcha convocada por Mons. Obando y Bravo en
solidaridad con el P. Luis Amado Peña, un sacerdote acusado de terrorismo por
el régimen.
EL PAPEL DE LA IGLESIA
EN EL ACUERDO DE PAZ
En la década de 1980 los enfrentamientos entre el FSLN y la resistencia
o “contras” dejaron decenas de miles de
muertos. El 7 de agosto de 1987 se firmó en Guatemala el Acuerdo de Paz
de Esquipulas II para
poner fin a la guerra civil en Nicaragua y lograr una “paz
duradera” en Centroamérica. El documento llamó a realizar elecciones
libres y plurales, y a establecer una Comisión
Nacional de Reconciliación.
En el caso de Nicaragua, en esta comisión participaron el Cardenal
Obando y Bravo, y Mons. Bosco Vivas Robelo, entonces Obispo Auxiliar de
Managua.
Daniel Ortega se presentó a las elecciones presidenciales de febrero de
1990 y fue derrotado por Violeta Chamorro. Ortega volvió a postular sin éxito
en 1996 y 2001.
El 18 de octubre de 1996, dos días antes de las elecciones, el Cardenal
Obando y Bravo relató una historia –que la prensa
llamó “la parábola de la víbora”– exhortando
a los nicaragüenses a ser prudentes y pensar qué conviene más al país.
ORTEGA HIZO LAS PACES
CON LA IGLESIA CATÓLICA
Tras su fracaso electoral, Daniel Ortega –que entonces lideraba la
oposición– aparentemente hizo las paces con la Iglesia Católica. En julio de
2003, el exguerrillero
pidió perdón por los “excesos” y “errores” de
su gobierno contra los católicos en la década de 1980.
En junio de 2004, Ortega propuso nominar al Cardenal Miguel Obando Bravo
para el Premio Nobel de la Paz, "en
reconocimiento a su lucha por la reconciliación nacional" y la
firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil.
Ese mes, el Cardenal Obando aceptó el pedido de Ortega de presidir la
Misa auspiciada por el sandinismo por los miles de muertos de la
guerra civil.
En julio de 2004, en el marco de
los 25 años de la
revolución sandinista, Daniel Ortega pidió perdón en público por los atropellos
contra la Iglesia Católica durante su primer gobierno y se refirió
explícitamente a Mons. Carballo.
DANIEL ORTEGA VUELVE AL
PODER EN 2007
Daniel Ortega ganó las elecciones de 2006 con el 38% de los votos
gracias a una reforma electoral que rebajó el porcentaje para obtener la presidencia
al 35% de los votos si es que hay un 5% de margen sobre el segundo lugar.
En febrero de 2007 Ortega invitó al Cardenal Obando, entonces Arzobispo
Emérito de Managua y con 81 años de edad, a presidir el Consejo Nacional de
Reconciliación y Paz creado por su nuevo gobierno. El Purpurado aceptó el
cargo a “título personal” y tuvo
el respaldo del
Episcopado.
Sin embargo, en septiembre de 2008, el Obispo de Matagalpa, Mons. Jorge
Solórzano, advirtió que las relaciones con el gobierno parecían amables, pero
se anticipaban medidas contra la labor de la Iglesia como la eliminación de las
subvenciones del Estado para las escuelas católicas.
En noviembre de ese año, estalló nuevamente la violencia en el país tras
las denuncias de fraude en las elecciones municipales que dieron el 62% de las
alcaldías de todo el país al FSLN. Los obispos hicieron un enérgico llamado a
la paz.
DANIEL ORTEGA VUELVE A
ATACAR A LA IGLESIA CATÓLICA
A inicios del año 2009 comenzaron de nuevo las tensiones entre el
gobierno sandinista y la Iglesia Católica. A finales de abril, se envió a los
medios de comunicación, desde un correo electrónico de la Presidencia de
Nicaragua, un documento que calificó a los obispos nicaragüenses de corruptos
suscitando una reacción formal del Episcopado.
En junio, Daniel Ortega trató de silenciar
las críticas que varios obispos expresaron sobre su gobierno llamándolos a orar
en vez de opinar sobre política. Los prelados respondieron que no basta con
rezar si no se trabaja por la justicia.
En abril de 2010, cuando se debatía la posibilidad de que Ortega postule
a la reelección en 2011, los obispos llamaron al país a dialogar y denunciaron
los "actos de transgresión” a la
Constitución que justamente prohibía la reelección presidencial inmediata.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, con miembros sandinistas,
permitió a Daniel Ortega participar en los comicios del 6 de noviembre de 2011.
En ese contexto, el Obispo Auxiliar de Managua, Mons. Silvio José Báez,
advirtió que Nicaragua iba camino "a un totalitarismo visible o
encubierto" y pidió la presencia de observadores
internacionales.
Por su parte, el secretario del Episcopado, Mons. Sócrates René Sandigo,
dijo que con esta postulación el país carecía de Estado de derecho y que había
crecido la desconfianza en la población.
Casi un mes antes de las elecciones, varios
obispos denunciaron que recibieron amenazas.
El líder sandinista ganó los comicios con más del 62% de los votos
emitidos, en medio de denuncias de fraude. El informe del
Centro Carter dijo que, según las valoraciones de observadores
nacionales e internacionales, las elecciones “no
fueron transparentes”.
En un comunicado, el
Episcopado señaló que la legitimidad de los resultados ha quedado “totalmente en entredicho".
IGLESIA CATÓLICA SE
OPONE A LA REELECCIÓN INDEFINIDA
Luego de su tercer periodo, en el que también hubo
fricciones con los obispos, Daniel Ortega decidió postular a un
cuarto mandato.
En enero de 2014, la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional aprobó
la reforma constitucional para permitir la reelección indefinida de Ortega.
Esto fue criticado por los obispos. El Parlamento también dio a la Presidencia
la facultad de emitir decretos con fuerza de ley.
En junio de 2016, el Episcopado llamó a Daniel Ortega a garantizar que
las elecciones del 6 de noviembre fueran transparentes y con presencia de
observadores nacionales y extranjeros.
Sin embargo, Ortega ganó los comicios nuevamente
bajo denuncias de fraude.
“SOMOS UNA IGLESIA
PERSEGUIDA”
La actual crisis en Nicaragua se inició en abril de 2018, durante el
cuarto periodo de Daniel Ortega. La reforma del sistema de salud y de pensiones
detonó numerosas protestas en todo el país, que fueron reprimidas con violencia
por la policía y durante las cuales, numerosos obispos y
sacerdotes recibieron amenazas de muerte.
En este contexto, el Arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo José
Brenes; su Obispo Auxiliar, Mons. Silvio José Báez; y el Nuncio Apostólico,
Mons. Waldemar Somertag fueron golpeados mientras realizaban una visita
pastoral en la Basílica Menor de San Sebastián de Diriamba, a 41 kilómetros de
la capital.
El 13 de julio
de 2018 policías y paramilitares
atacaron a balazos la parroquia Divina Misericordia de Managua, donde se habían
refugiado jóvenes que habían protestado contra el régimen.
En su cuenta de Twitter, Mons. Báez condenó la
“represión criminal” contra civiles y pidió a la comunidad internacional no ser
indiferente. El Prelado
dijo que “estamos empezando a ser ya una
Iglesia perseguida”.
Poco después, la Iglesia Católica aceptó participar una vez más como
mediadora en el diálogo nacional para resolver la crisis que ya había dejado
cientos de muertos pero las negociaciones se suspendieron.
En 2019 hubo otro intento de diálogo entre el gobierno y la oposición,
pero esta vez la Conferencia Episcopal de Nicaragua desistió de participar y pidió que
sean “los laicos los que asuman directamente la
responsabilidad” de este proceso.
En marzo de 2019, el Papa Francisco recibió a Mons. Báez en audiencia
privada en el Vaticano. Dos semanas después el Cardenal Brenes informó que el Pontífice
pidió a Mons. Báez mudarse a Roma. Actualmente el Obispo vive en Estados Unidos.
Un año después, el 31 de julio de
2020 ocurrió uno de los ataques más simbólicos contra la
Iglesia. Un desconocido ingresó a una de las capillas de la Catedral de Managua
y lanzó una bomba incendiaria que destruyó la famosa imagen de la Sangre de
Cristo, un crucifijo de 382 años muy querido por los nicaragüenses.
Nicaragua llegó a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de
2021 con los principales candidatos opositores encarcelados. Días antes, el
Episcopado dijo que cada ciudadano debía actuar considerando qué era
lo más justo y conveniente para el país.
Se calcula que el ausentismo
fue del 81,5%. El Obispo de León, Mons. René Sándigo, fue el único
prelado que acudió a votar. Daniel Ortega fue reelegido
por cuarta vez consecutiva con el 75% de los votos.
UN OBISPO “SECUESTRADO”
Tras ordenar la disolución de 100 ONG, la expulsión de las
Misioneras de la Caridad y el cierre de varios medios de
comunicación católicos, el gobierno ahora tiene en la mira al Obispo
de Matagalpa, Mons. Rolando Álvarez, uno de sus más fuertes críticos.
Desde el 4 de agosto el Prelado está recluido en la sede del Obispado
con cinco sacerdotes, dos seminaristas y tres laicos.
Ese día, cuando la Iglesia celebraba a San Juan María Vianney, patrono
de los párrocos, Mons. Álvarez salió con el Santísimo Sacramento
y denunció que los policías enviados por Daniel Ortega no dejaban que
sus sacerdotes y colaboradores entraran para celebrar la Misa en su
capilla.
Luego de casi una hora de llamar al diálogo y al respeto a la Iglesia
Católica, el Prelado reingresó y celebró la Eucaristía con sus asistentes.
Sin embargo, esa misma tarde, policías
antimotines bloquearon el acceso al Obispado y no dejaron
salir a Mons. Álvarez, que había invitado a los fieles a ir a la Catedral de
Matagalpa para celebrar la Hora Santa y la Misa.
El régimen sandinista ha amenazado con encarcelar al Obispo, quien solo
ha recibido muestras de solidaridad del Episcopado local y de algunos países.
La abogada Martha Patricia Molina Montenegro, integrante del
Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, publicó recientemente la
investigación “Nicaragua: ¿una
iglesia perseguida? (2018-2022)”, que documenta 190 ataques y
profanaciones contra la Iglesia Católica hasta mayo de este año.
Para expertos como Molina, no hay duda que “la
dictadura” de Ortega “tiene una guerra
frontal en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua y su objetivo es eliminar
por completo todas aquellas instituciones afines a la iglesia”.
POR EDUARDO BERDEJO | ACI Prensa
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