¿Cómo se ha llegado a esta situación?
Dramática es la
situación que vive la Iglesia Católica en Nicaragua bajo el actual gobierno del
presidente Daniel Ortega. He aquí un resumen de cómo han sido las relaciones
Iglesia-Estado en Nicaragua desde el año 1979 hasta nuestros días.
(CWR/InfoCatólica) Un obispo bajo arresto
domiciliario, sacerdotes acosados por la policía, las Misioneras de la Caridad
expulsadas y numerosas restricciones al culto: esta es la situación que vive
hoy la Iglesia Católica en Nicaragua bajo el actual gobierno del presidente
Daniel Ortega.
PERO ¿CÓMO HA
LLEGADO EL PAÍS CENTROAMERICANO A SEMEJANTE CRISIS?
El 19 de julio de 1979, el
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), una guerrilla de izquierdas,
derrocó a Anastasio Somoza Debayle, el tercer y último miembro de la llamada
dinastía somocista -después de su padre, Anastasio Somoza García, y su hermano,
Luis Somoza Debayle-, que había gobernado el país desde 1937.
En noviembre de 1979, la
Conferencia Episcopal de Nicaragua publicó una carta pastoral titulada
«Compromiso cristiano para una nueva Nicaragua» que, entre otras cosas, veía
este «proceso revolucionario» como una oportunidad de conversión para el país.
Poco después de la caída de
Somoza, se estableció una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de cinco
miembros: tres del FSLN y dos independientes, entre
ellos Violeta Chamorro (viuda de Pedro Chamorro, director del periódico La
Prensa, asesinado por Somoza) y Alfonso Robelo. El coordinador era Daniel
Ortega.
La Junta gobernó Nicaragua
hasta 1985 y entregó el poder a Ortega, que había ganado las elecciones
presidenciales de 1984 con el FSLN, convertido en partido político.
SACERDOTES EN EL
GOBIERNO Y LA INTERVENCIÓN DE JUAN PABLO II
Con la inauguración de la
Junta, tres conocidos sacerdotes que promovían la teología marxista de la
liberación asumieron cargos en el gobierno sandinista: Miguel D'Escoto fue
ministro de Relaciones Exteriores (1979-1990); Ernesto Cardenal fue ministro de
Cultura (1979-1987); y Edgar Parrales fue viceministro subdirector general del
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (1979-1980), ministro de Bienestar
Social (1980-1982) y embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados
Americanos (1982-1986).
Sin embargo, en 1980 la
Conferencia Episcopal decidió que no podían seguir formando parte del gobierno
sandinista, pidiendo a los obispos pidieron a los sacerdotes que dimitieran de
sus cargos en el gobierno sandinista, pero éstos se negaron.
En febrero de 1984, Juan Pablo
II suspendió ad divinis a los tres sacerdotes y al padre Fernando Cardenal,
hermano de Ernesto, que también participó en el régimen de Ortega. Desde ese
año hasta 1990, Fernando Cardenal fue ministro de Educación.
UN ARZOBISPO
VALIENTE Y UN SACERDOTE EMBOSCADO
Durante el primer periodo
sandinista, uno de los miembros de la Iglesia católica que destacó por sus
denuncias de las violaciones de los derechos humanos fue el arzobispo de
Managua, Miguel Obando y Bravo (1926-2018), a quien Juan Pablo II nombró
cardenal en 1985.
El arzobispo ya era conocido
por denunciar las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura
somocista y no se quedó callado ante los abusos del régimen de Ortega.
El gobierno del FSLN tomó
represalias y apuntó a destacados pastores. En agosto de 1982, agentes del
régimen vestidos de policías detuvieron al padre Bismarck Carballo, entrando a
la fuerza donde se encontraba y fabricando un supuesto escándalo sexual con una
mujer. Lo desnudaron, lo sacaron a la calle y publicaron la falsa historia en todos
los medios oficiales.
En febrero de 1986, la
Secretaría de Estado de Estados Unidos publicó el testimonio del ex teniente
sandinista Álvaro Baldizón Avilés, un desertor que declaró que el escándalo de
Carballo fue un montaje del régimen de Ortega.
EL PAPEL DE LA
IGLESIA EN EL ACUERDO DE PAZ
En los años 80, los
enfrentamientos entre el FSLN y la resistencia o los «Contras» dejaron decenas
de miles de muertos. El 7 de agosto de 1987 se firmó en Guatemala el Acuerdo de
Paz de Esquipulas II para poner fin a la guerra civil en Nicaragua y lograr una
"paz duradera" en Centroamérica.
El documento exigía la celebración de elecciones multipartidistas libres y la
creación de una Comisión de Reconciliación Nacional.
Obando y Bravo y el entonces
obispo auxiliar de Managua, Bosco Vivas Robelo, participaron en esta comisión.
Ortega se presentó a las
elecciones presidenciales de febrero de 1990 y fue derrotado por Violeta
Chamorro. Ortega volvió a presentarse sin éxito en 1996 y 2001.
ORTEGA HACE LAS
PACES CON LA IGLESIA CATÓLICA
Tras perder las elecciones, en
julio de 2003, Ortega -que entonces lideraba la oposición- aparentemente hizo
las paces con la Iglesia Católica, y pidió perdón por los «excesos» y «errores» de
su gobierno contra los católicos en los años 80.
En junio de 2004, Ortega
propuso nominar a Obando y Bravo para el Premio Nobel de la Paz, «en
reconocimiento a su lucha por la reconciliación nacional» y la firma de los
acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil.
Ese mes, Obando y Bravo aceptó
la petición de Ortega de ofrecer la misa patrocinada por los sandinistas por
los miles de muertos en la guerra civil.
En julio de 2004, en el marco
del 25º aniversario de la revolución sandinista, Ortega pidió perdón
públicamente por los abusos contra la Iglesia Católica durante su primer
gobierno y se refirió explícitamente a Carballo.
ORTEGA VUELVE AL
PODER EN 2007
Ortega ganó las elecciones de
2006 con el 38% de los votos gracias a una reforma electoral que rebajó el
porcentaje para ganar la presidencia al 35% de los votos si hay un margen del
5% sobre el segundo clasificado.
En febrero de 2007, Ortega
invitó a Obando y Bravo, entonces arzobispo emérito de Managua y de 81 años, a
presidir el Consejo Nacional de Reconciliación y Paz creado por su nuevo
gobierno. El cardenal aceptó el cargo a «título
personal» y contó con el apoyo del episcopado.
Sin embargo, en septiembre de
2008, el obispo de Matagalpa, Jorge Solórzano, advirtió que, si bien las
relaciones con el gobierno parecían amistosas, se anticipaban medidas contra la
labor de la Iglesia, como la eliminación de los subsidios estatales a las
escuelas católicas.
En noviembre de ese año, la
violencia volvió a estallar en el país tras las denuncias de fraude en las
elecciones municipales que dieron el 62% de las alcaldías de todo el país al
FSLN. Los obispos hacen un fuerte llamado a la paz.
ORTEGA VUELVE A
ATACAR A LA IGLESIA CATÓLICA
A principios de 2009, un
correo electrónico de la presidencia nicaragüense envió a los medios de
comunicación un documento que calificaba a los obispos nicaragüenses de
corruptos, lo que provocó una reacción formal del episcopado.
En junio, Ortega trató de
silenciar las críticas que varios obispos hicieron a su gobierno llamándolos a
rezar en lugar de comentar la política. Los prelados respondieron que no basta
con rezar si no se trabaja por la justicia.
En abril de 2010, cuando se
debatía la posibilidad de que Ortega se presentara a la reelección en 2011, los
obispos llamaron al país al diálogo y denunciaron los «actos
de transgresión» a la Constitución que prohíbe expresamente la sucesión
de mandatos presidenciales.
Sin embargo, la Corte Suprema
de Justicia, con miembros sandinistas, permitió a Ortega presentarse a las
elecciones celebradas el 6 de noviembre de 2011.
En este contexto, el obispo
auxiliar de Managua, Silvio José Báez, advirtió que Nicaragua se encaminaba «a un totalitarismo visible o encubierto» y
solicitó la presencia de observadores internacionales.
El secretario de la
Conferencia Episcopal, monseñor Sócrates René Sandigo, dijo que, con esta
candidatura, el país carecía de Estado de Derecho y que había crecido la desconfianza
entre la población.
Casi un mes antes de las
elecciones, varios obispos denunciaron haber recibido amenazas.
El líder sandinista ganó las
elecciones con más del 62% de los votos emitidos, en medio de acusaciones de
fraude. El informe del Centro Carter decía que, según las evaluaciones de los
observadores nacionales e internacionales, las elecciones «no fueron
transparentes».
LA IGLESIA CATÓLICA
SE OPONE A LA REELECCIÓN INDEFINIDA
Tras su tercer mandato, en el
que también hubo roces con los obispos, Ortega decidió presentarse a un cuarto
mandato.
En enero de 2014, la mayoría
sandinista en la Asamblea Nacional aprobó la enmienda constitucional para
permitir la reelección indefinida de Ortega, lo que los obispos criticaron. El
legislativo también otorgó a la presidencia la facultad de emitir decretos con
fuerza de ley.
En junio de 2016, el
episcopado pidió a Ortega que garantizara que las elecciones del 6 de noviembre
fueran transparentes y con presencia de observadores nacionales y extranjeros.
Sin embargo, Ortega
volvió a ganar las elecciones bajo denuncias de fraude.
SOMOS UNA IGLESIA
PERSEGUIDA
La actual crisis en Nicaragua
comenzó en abril de 2018, durante el cuarto mandato de Ortega. La reforma del
sistema de salud y pensiones desencadenó numerosas protestas en todo el país,
que fueron reprimidas violentamente por la policía y durante las cuales
numerosos obispos y sacerdotes recibieron amenazas de muerte.
En este contexto, el arzobispo
de Managua, el cardenal Leopoldo José Brenes; su auxiliar, el obispo Silvio
José Báez; y el nuncio apostólico, el arzobispo Waldemar Somertag, fueron
golpeados por una turba progubernamental cuando realizaban una visita pastoral
a la Basílica Menor de San Sebastián en Diriamba, a 40 kilómetros de la
capital.
El 13 de julio de 2018,
policías y paramilitares tirotearon la parroquia de la Divina Misericordia en
Managua, donde se habían refugiado jóvenes que protestaban contra el régimen.
Báez condenó en Twitter la
«represión criminal» contra los civiles y pidió a la comunidad internacional
que no sea indiferente.
Poco después, la Iglesia
católica aceptó participar de nuevo como mediadora en las conversaciones
nacionales para resolver la crisis que ya había dejado cientos de muertos, pero
las negociaciones se suspendieron.
En 2019 hubo otro intento de
conversaciones entre el gobierno y la oposición, pero esta vez la Conferencia
Episcopal de Nicaragua declinó participar y pidió que «sean
los laicos los que asuman directamente la responsabilidad» de este
proceso.
UN OBISPO BAJO
ARRESTO DOMICILIARIO
Tras ordenar la disolución de
100 ONG, la expulsión de las Misioneras de la Caridad y el cierre de varios
medios de comunicación católicos, el gobierno tiene ahora en la mira al obispo
de Matagalpa, Rolando Álvarez, uno de sus más fuertes críticos.
Desde el 4 de agosto, el
prelado permanece bajo arresto domiciliario en la cancillería junto a cinco
sacerdotes, dos seminaristas y tres laicos.
Ese día, Álvarez salió a la
puerta de la cancillería con el Santísimo en una custodia y denunció que la
policía enviada por Ortega no dejaba entrar a sus sacerdotes y colaboradores en
su capilla para celebrar la misa.
Después de casi una hora de
llamar al diálogo y al respeto a la Iglesia católica, el prelado volvió al
interior de la cancillería y celebró la eucaristía con sus asistentes.
Sin embargo, esa misma tarde,
la policía antidisturbios bloqueó el acceso a la cancillería y no dejó salir
del edificio a Álvarez, que había invitado a los fieles a acudir a la catedral
de Matagalpa para celebrar la hora santa y la misa.
El régimen sandinista ha
amenazado con encarcelar al obispo, que sólo ha recibido muestras de
solidaridad del episcopado local y de algunos países.
En el pasado, Ortega ha
llamado a los obispos «terroristas» y «diablos con sotana», de igual forma a
otros dictadores de ideología marxista como Hugo Chavez y Nicolás Maduro.
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