La concejal de Juventud del Ayuntamiento de Vilassar de Mar, cerca de Barcelona (España), Montserrat Gual, ha presentado su dimisión tras la polémica generada por una yincana sexualmente explícita dirigida a niños menores celebrada el pasado mes de julio.
Desde el consistorio se reconoce que la concejal desconocía “las actividades
concretas programadas” en las pruebas de la yincana dentro
del programa Julio Joven, por lo que “asume
voluntariamente con su renuncia la responsabilidad” de no haber trasladado de
forma previa los detalles “a los participantes y a los padres y madres de los
menores”.
La pasada semana el Ayuntamiento aseguró que organizó la actividad para “concienciar y hacer pedagogía de las prácticas sexuales para crear una realidad más allá del
imaginario de la pornografía”.
Sin embargo, según testimonios de los padre y participantes, “las chicas se
tenían que poner en la pared con el c**o en pompa y detrás se tenía que
poner un chico, con un globo en medio que tenían que reventar con esta
postura”.
Otras de las pruebas consistían en colocar preservativos en palos, lamer plátanos untados de miel o nata o modelar penes y vulvas con
plastilina.
Cerca de 30 mil personas ya han presentado una queja ante la Fiscalía
para que investigue los hechos, a través de una
campaña impulsada por Hazteoir.org.
QUERELLA POR INCITACIÓN
SEXUAL A MENORES
A raíz de los hechos la Fundación Española de Abogados Cristianos ha
presentado una querella penal contra la concejal por un presunto delito de
incitación a la práctica sexual a menores de 16 años y otro delito de
exhibicionismo.
La entidad de juristas también presentará ante la Agencia Española de
Protección de Datos una denuncia contra el Ayuntamiento de Vilassar de Mar “por la difusión de imágenes de los menores sin
autorización”.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos recuerda que “los padres tenemos el derecho a decidir sobre la
educación que reciben nuestros hijos. Estas actividades no sólo son educativas,
sino que constituyen un delito”.
A su juicio, “la dimisión de la concejal no
es más que un reconocimiento de su responsabilidad. La justicia no puede dejar
impunes estos comportamientos. No podemos permitir que los políticos vulneren
nuestros derechos fundamentales”.
Por su parte, el partido político VOX ha denunciado ante la Fiscalía a
la concejal “por delitos contra la libertad e
indemnidad sexuales de menores del art. 183 bis del Código Penal”.
La vicesecretaria nacional jurídica de VOX, Marta Castro, destaca en el
escrito de denuncia que no “se informó de forma
previa a los padres de los menores que parte de las pruebas tenían alto
contenido sexual, ni de que los participantes de la gincana iban a ser parte
activa de los actos sexuales”.
VOX también considera que se ha podido cometer un delito de
descubrimiento y revelación de secretos por haber difundido imágenes de los
menores en las redes sociales sin consentimiento de los menores.
POR NICOLÁS DE
CÁRDENAS | ACI Prensa
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