Tras un pedido de
informes realizado por el diputado nacionalista uruguayo Pablo Abdala, el
Ministerio de Desarrollo Social (Mides) del país reconoció que contrató
a una escuela de yoga que es investigada por la Justicia de operar como una
presunta secta, según informa el diario El País. Se
trata de la Academia de Yoga Tradicional Ananda, de Montevideo, filial en
Uruguay de la secta de origen rumano MISA (Movimiento para la Integración del
Absoluto Sublime).
TRES AÑOS DE YOGA CON AMPARO OFICIAL
Abdala solicitó información
para saber si el Instituto Nacional de la Juventud (INJU) “celebró un convenio” con
la escuela, ya que “de acuerdo a distintas
investigaciones periodísticas y a una de tipo judicial”, en Montevideo, “a
partir del año 2010 habría actuado una
supuesta escuela de yoga que, en realidad, escondía una secta dedicada a la
trata de personas”.
“La
misma tenía por finalidad la
captación de mujeres que, a través de la manipulación sicológica, eran
incorporadas a la organización, adoctrinadas en determinadas creencias y luego
trasladadas a un campamento en una ciudad de Rumania”, dice el diputado en el
pedido. Además agrega: “Una vez allí, según las
referidas versiones judiciales y periodísticas, eran sometidas a distintas formas de explotación sexual”.
El Mides respondió que el
INJU “realiza llamados abiertos para la
presentación de propuestas de talleres artísticos, culturales y educativos” y que la escuela de yoga, hoy investigada por la
Justicia, “ofreció talleres desde
agosto de 2013 hasta julio de 2016”.
EVALUACIÓN POSITIVA DEL MAESTRO DE YOGA
Abdala solicitó se informe
acerca de si el INJU o el Mides tuvieron conocimiento sobre los antecedentes,
actividades y sobre “la eventualidad de que
la misma escondiera la existencia de una secta” al momento de
realizar el convenio. El ministerio respondió que para adjudicar los espacios y
la realización de un taller “son
necesariamente evaluados los currículum de los talleristas ofertantes” y que “el currículum del
tallerista titular de la escuela fue evaluado positivamente”.
El mismo –Octav Fercheluc– es un ciudadano rumano
vinculado a un movimiento originario del país europeo acusado de
pornografía, trata de personas y cuyo líder, Gregorian Bivolaru, está prófugo. La cartera indicó que “durante el período en que se ejecutaron los talleres en cuestión no
existió denuncia al respecto”.
Según supo El País,
la primera de varias denuncias ocurrió a principios de esta
década, cuando una madre aseguró que sus dos
hijas habían viajado a Rumania y no habían vuelto. La segunda fue en 2013 y la última, de un
anónimo, el año pasado. Abdala indicó que ayer, 17 de octubre, plantearía el
tema en la “Comisión Permanente” del
Parlamento.
Secretaría RIES
No hay comentarios:
Publicar un comentario