El costarricense Víctor Madrigal-Borloz, es el 'experto' funcionario de la ONU encargado de formular las 'recomendaciones' para que las legislaciones de los estados adapten sus leyes de libertad religiosa a la ideología de género.
Hace un par de meses, el 21 de
junio de 2023, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) publicó el polémico informe
Madrigal; el cual, a pesar de su importancia, ha sido
ignorado por la mayoría de los medios de comunicación.
Dicho informe afirma que la libertad religiosa está en conflicto con
los derechos LGBT debido a las "contradicciones
percibidas" entre la libertad de religión o creencias y la
protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación
sexual e identidad de género. Debido a ello, el documento condena tajantemente
las "narrativas religiosas que históricamente
se han utilizado para, suprimiendo la diversidad sexual y de género, promover,
permitir y tolerar la violencia institucional y personal así como la discriminación
contra las personas por su orientación sexual o género”. Asimismo,
afirma que a menos que todas las religiones respalden las ideas pro-LGBT, “las personas que se identifiquen como tales serán
alienadas y excluidas, causándoles dolor y problemas de salud mental
llevándolas, potencialmente, al suicidio”.
Como era de esperarse, el informe
formula “recomendaciones”
a fin de que los Estados y otras partes involucradas cumplan plenamente
con sus “obligaciones” en virtud del derecho
internacional de los derechos humanos; a saber, proteger y
empoderar a las personas LGBT. El
documento concluye haciendo un llamado a todas las religiones a apoyar al
colectivo evitando toda marginación, exclusión y discriminación.
Se puede prever que dicho
informe, que estipula que las personas LGBT tienen “derecho
a acceder a la espiritualidad en igualdad de condiciones”, presionará,
en especial a la religión católica, a callar cuando no a reinterpretar sus
enseñanzas y pasajes bíblicos, cuya afirmación de la moral sexual natural promueven,
de acuerdo con el informe de la ONU, el delito de odio, la discriminación y la
violencia. Como ya lo advirtiera Hillary Clinton años atrás: “Los
códigos culturales profundamente arraigados, las creencias religiosas y las
fobias estructurales deben ser modificadas; empleando, de ser necesario, los
recursos coercitivos para redefinir los dogmas religiosos tradicionales”. Ya
que la ideología del arcoíris, promovida por el sistema imperante, no se
contenta con la tolerancia, no se conforma con la condescendencia, ni siquiera
ya les basta el reconocimiento de una unión que, a pesar de ser ilegitima,
actualmente es legal en varias partes del mundo. Ahora exigen de las instituciones religiosas el reconocimiento, la
aclamación y hasta la bendición, ya no sólo de la
homosexualidad sino del amplísimo abanico de la ideología de
género.
Actualmente, los valientes que se
atreven a proclamar la verdad que al mundo tanto ofende sufren una persecución
cada vez más cruel y despiadada que incluye la cancelación en
las redes sociales, la expulsión de
universidades e instituciones educativas, la revocación de títulos profesionales, la terminación del contrato
laboral, visitas nada amigables de la policía, multas y hasta arrestos.
Ahora además, el mencionado informe otorgará a los gobiernos el respaldo
(in)moral de la ONU para denunciar, perseguir y castigar con mayor saña y
severidad a quien ose afirmar, aun de manera privada (como ya ha pasado),
la perenne moral cristiana.
Difíciles son los tiempos en los
cuales las enseñanzas bíblicas son calificadas de retrógradas, opresivas y
crueles; la defensa de la ley natural es señalada como fanática y ofensiva; afirmar
que un hombre no puede ser mujer y viceversa, es violenta intransigencia; y el
promover una sexualidad sana basada en la ley divina, perenne e inmutable se
considera delito de odio.
Hoy en día, cada vez hay más
políticos que afirman que la libertad religiosa no puede ser “utilizada” en contra de los derechos
reproductivos de las mujeres ni de las prerrogativas del colectivo del
arcoíris. De ahí a que nos quiten a los padres el derecho natural
de transmitir a nuestros hijos las enseñanzas morales cristianas (ya calificadas por varios organismos y
líderes internacionales como delito de odio) hay solo un paso. De hecho, dicho
informe pretende terminar con la libertad religiosa de los cristianos
precisamente en nombre de la libertad religiosa del colectivo LGBT, al que
alega “proteger y empoderar mejorando su acceso a
la fe y la espiritualidad de acuerdo con su propio derecho a la libertad de
religión o de creencias”.
Al rechazar, en nombre de la
tolerancia, la ley natural, hemos aceptado “nuevos derechos” que, impuestos a través de la manipulación,
cuando no de la fuerza, van contra la moral natural y la misma razón. Ahora se
está utilizando la libertad religiosa para cambiar la moral sexual a fin
de legitimar artificialmente conductas que ofenden gravemente a Dios y
destruyen al ser humano.
Por ello, debemos decir alto y
claro que dicho informe representa una grave amenaza para la
libertad religiosa y para la
libertad de conciencia de millones de personas que siguen la moral sexual,
acorde con la ley natural. Mas, sobre todo y ante todo, representa un
fuerte ataque a la Verdad defendida y transmitida por las perennes enseñanzas de la
Iglesia católica. Verdad que no es negociable, pues no solo es válida y
provechosa para ciertos creyentes conservadores, sino para toda la humanidad.
Hay una ley escrita en cada
corazón humano que puede ser conocida por la razón. Dicha ley natural, que
participa de la ley de Dios, debe nutrir la ley positiva y es la base para la construcción de una
sociedad sana, libre y plena. Por ello, ante el peligro de esta guerra
despiadada y tenaz contra la ley de Dios, debemos unirnos todos los hombres de
buena voluntad en oración, acción y penitencia. La salvación de muchas almas
depende de ello. El error fragmenta la sociedad. Sólo la verdad une y además,
solo la verdad nos hará libres.
Por: Angélica Barragán
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