La Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECR) advirtió que el texto de la nueva ley de cannabis (marihuana) medicinal y cáñamo industrial, contiene algunos apartados que “entrañan riesgos para la salud y la seguridad públicas”, así como algunas incongruencias.
“Sin duda alguna, los fines del proyecto de ley
aprobado de favorecer la salud de la población costarricense, así como de
‘promover el desarrollo económico y social y el adecuado reparto de la riqueza
en las zonas rurales de nuestro país’, son altamente positivos”, señalaron en un comunicado
publicado el 24 de enero.
Sin embargo, “el texto de la ley aprobada en
la Asamblea Legislativa, no obstante, contiene en parte de su articulado
disposiciones que entrañan riesgos para la salud y la seguridad públicas, así
como algunas incongruencias que conviene resolver”.
El jueves 13 de enero el Congreso de Costa Rica aprobó con 29 votos a
favor y 10 en contra el proyecto de ley denominado “Ley
del Cannabis para uso medicinal y terapéutico y del Cáñamo para el uso
alimentario e industrial”.
Ahora, la iniciativa debe ser firmada por el presidente del país
centroamericano, Carlos Alvarado, para su promulgación.
Sin embargo, existe la posibilidad de un veto o un veto parcial, debido
a que el Ministerio de Salud tiene dudas sobre algunos puntos de la ley.
Según el medio DW, el principal cuestionamiento de este ministerio
es que la ley “permite el cultivo propio de
personas diagnosticadas como pacientes”.
“La ley permitirá a las autoridades costarricenses
otorgar licencias para la producción e industrialización del cannabis con fines
médicos o terapéuticos. Además, la ley declara libre el cultivo, la producción,
la industrialización, la comercialización de cáñamo o cannabis no psicoactivo y
sus productos o subproductos, para fines alimentarios e industriales, sin
autorización previa especial o adicional de las autoridades”, precisa el medio.
El cáñamo industrial es una variedad de cannabis o marihuana que se
utiliza en la industria textil, en la fabricación de cuerdas, papel, elementos
aislantes, combustible de motores, pintura y cosméticos, entre otros usos.
En su comunicado, los obispos costarricenses advirtieron que “dada la gran similitud entre las plantas de cáñamo y de
cannabis psicoactivo, la vastedad de los terrenos dedicados al cultivo del
cáñamo hará sumamente difícil el control de las plantaciones ilícitas de la
segunda, si se llega a camuflar en las plantaciones de las primeras”.
Esto “ya ocurre en otros países y es
altamente probable en el nuestro, teniendo en cuenta la gran actividad de quienes
hoy realizan este cultivo de manera delictiva”, alertaron los
prelados.
También resaltaron que “un cultivo
descontrolado de cannabis psicoactiva, muy factible en nuestro país,
ocasionaría un grave daño a la salud pública, sobre todo a la población
adolescente”.
“El IAFA [Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia] ha realizado mediciones que demuestran que la edad media de
inicio en el consumo de marihuana ha ido descendiendo consistentemente desde el
año 2012, llegando a 13.4 años en el último año de la medición (2018)”, recordaron los prelados.
Otro problema, precisaron, es que “no existen
garantías de que estos cultivos puedan contribuir a promover el reparto de la
riqueza en las zonas rurales, por cuanto no se contemplan medidas que
garanticen que los pequeños productores puedan obtener suficientes beneficios
para migrar de sus actuales cultivos al de estas plantas”.
“La producción puede convertirse en la actividad de
grandes productores, incluidas empresas transnacionales”, advirtieron.
También agregaron que “tampoco parece que la
generación de empleo sea significativa”, citando datos oficiales de la
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).
Por otra parte, indicaron que “en términos
ambientales, los monocultivos tienen implicaciones en el deterioro ambiental,
al margen del tipo de insumos que se utilicen como abono y para el control de
plagas”.
En su comunicado, la CECR pidió que se considere de manera especial “la recomendación de no apoyar el proyecto de ley”
que fue realizado por la Universidad de Costa Rica, con base en las
observaciones de académicos expertos de las escuelas de Medicina, Farmacia y
Biología, así como del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (Inifar).
Además, sostuvieron que es de “suma
importancia verificar la posible incompatibilidad de los permisos relacionados
con el autocultivo y autoconsumo con prohibiciones contempladas en convenciones
internacionales suscritas por el país en esta materia”.
Finalmente, los obispos afirmaron que “el
conjunto de estas y otras consideraciones nos mueve a solicitar respetuosamente
a las autoridades del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, una verdadera
reflexión que permita sopesar beneficios y perjuicios de este proyecto de ley
aprobado en su fase legislativa, al bien de toda la población nacional”.
“En caso de llegar a la autorización del uso industrial
del cáñamo y el medicinal del cannabis psicoactivo, deben asegurarse todos los
mecanismos que logren anular los riesgos sanitarios y de seguridad de esta
actividad”, exhortaron.
POR DIEGO LÓPEZ
MARINA | ACI Prensa
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