En una votación del 7 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución que rechaza la patria potestad, es decir, el conjunto de derechos y deberes de los padres sobre sus hijos menores de edad.
El resultado de la votación sobre el proyecto de resolución A/HRC/45/L.48/Rev.1
sobre los “Derechos del niño: realización de
los derechos del niño a través de un medio ambiente saludable”, fue 13 a
favor de los padres, 27 en contra y 6 abstenciones.
La votación del proyecto fue codirigida por países latinoamericanos a
través del Grupo de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC) y la Unión Europea.
Uruguay lideró las negociaciones sobre la resolución, que se presentó para su
adopción después de un mes de negociaciones. Los países del GRULAC, bajo el
liderazgo de Uruguay, se negaron a incluir el debido reconocimiento de la
patria potestad en la versión final de la resolución a pesar de las constantes
demandas de un grupo internacional de países.
Como resultado, la Federación de Rusia propuso enmendar la resolución
con la inserción del lenguaje de los derechos de los padres, extraído
literalmente de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el tratado
internacional más ratificado.
Rusia dejó en claro que el voto de un gobierno en contra de los derechos
de los padres los llevaría a “eludir
deliberadamente sus responsabilidades internacionales de garantizar los
derechos del niño”.
En declaraciones a ACI Prensa, Elyssa Koren, experta legal internacional
y directora de ADF International ante la ONU, confirmó que el derecho
internacional sí responsabiliza a los gobiernos de garantizar los derechos de
los padres.
“La Convención sobre los Derechos del Niño enfatiza
clara y repetidamente los derechos de los padres. Cualquier gobierno que votó
en contra de la inclusión de los padres en esta crítica resolución tomó una
posición no solo contra los padres, sino también contra el interés superior
genuino de los niños, en violación de sus obligaciones legales
internacionales”, aseguró.
Previo a la votación, la representación de Uruguay afirmó que la
inclusión de la patria potestad “traería un
desequilibrio a la resolución y también iría en contra del espíritu de la
resolución”. México, por su parte, siguió la misma posición y señaló que
el lenguaje sobre los derechos de los padres “traería
retrocesos en el disfrute de los derechos del niño”.
Koren dijo que, si bien “una postura
ideológica contra los padres no es infrecuente entre los gobiernos extremistas
de la ONU”, es “impactante ver que países que tradicionalmente han otorgado un
alto valor cultural al papel de la familia repudian formalmente el papel de los
padres”.
“El patrón de votación apunta a una profunda
desconexión cultural de las posiciones que toman los gobiernos en las
instituciones internacionales y el espíritu nacional adoptado por su población
en casa. América Latina está firmemente a favor de la familia, un valor social
profundamente arraigado que este voto contraviene directamente”, explicó Koren.
La experta explicó que el hecho de que el Consejo no afirme los derechos
fundamentales de los padres apunta a la “politización
arraigada del organismo”, que suscitó muchas críticas en los últimos
años, incluso de Estados Unidos, que optó por retirarse del
organismo.
Koren declaró que “es imperativo que los
Estados miembros responsabilicen al Consejo por estos atroces errores, que malinterpretan
peligrosamente los términos del derecho internacional”.
Según la especialista, el derecho internacional, basado en la Convención
sobre los Derechos del Niño, “afirma
inequívocamente los derechos de los padres”.
Por ese motivo, cree que la premisa propuesta por Uruguay, México y
otros Estados miembros que adoptan una posición anti-parental, es que “los derechos de los padres violan inherentemente los
derechos de los niños”.
“La realidad reconocida por el derecho
internacional es que los derechos de los padres son un requisito para que
prosperen los derechos del niño. Los niños no pueden disfrutar adecuadamente de
sus derechos si no se garantizan los derechos de los padres o tutores legales
para protegerlos”, dijo.
Agregó que si bien los niños tienen derechos altamente calificados a la “toma de decisiones” en áreas que les son
pertinentes, estos derechos “de ninguna manera
superan los derechos correspondientes de los padres para guiar a sus hijos”.
En su opinión, Koren cree que los países del GRULAC se basaron en la
suposición “de que los padres no están a la altura
de la ejecución adecuada de su papel”, lo que fue utilizado “como excusa para cuestionar el concepto de derechos
parentales en general”.
A pesar de la “tragedia” ocurrida en
la votación, Koren afirma que “el papel de las
Naciones Unidas es promover el ideal en el que los padres están empoderados y
equipados para cumplir con sus derechos y responsabilidades hacia sus hijos”.
Asimismo, dejó en claro que los derechos de los padres suelen ser
apoyados por la mayoría de los Estados miembros, a pesar del resultado de la
votación.
“Este resultado apunta a las graves fallas del
Consejo, ya que la mayoría de los países, particularmente los del mundo en
desarrollo, continúan teniendo un profundo respeto por los derechos de los
padres, que ven como el antídoto para muchas de las agendas sociales
contenciosas que se infiltran en sus países a través de la 'colonización
ideológica' occidental”, concluyó.
Redacción ACI Prensa
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