La Iglesia en el norte del Perú fue sacudida hace algunos años por un escándalo de abusos sexuales en el que fueron acusados al menos diez sacerdotes. Las autoridades eclesiales involucradas afirman que los procesos ya han concluido y solo queda uno pendiente en el fuero civil, pero parecen haber olvidado a las víctimas.
El 12 de julio el diario La República publicó un
extenso reportaje sobre una serie de denuncias de abusos sexuales en la
Arquidiócesis de Trujillo y la Prelatura de Huamachuco, sufragánea
(dependiente) de la primera, sobre casos investigados desde 2016, con
acusaciones que se remontarían a casi 30 años atrás.
La reacción de las diócesis involucradas fue defensiva: la Arquidiócesis de
Trujillo y la Prelatura de
Huamachuco publicaron comunicados informando que los numerosos
casos denunciados ya estaban resueltos, sin hacer referencia alguna a la atención,
ayuda o reparación para las presuntas víctimas. Fuentes
vinculadas a ambas jurisdicciones consideraron que las numerosas denuncias son “tema cerrado” o “un
refrito”.
El Arzobispo de Trujillo, Mons. Héctor Cabrejos, quien además es
presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y presidente del Consejo
Episcopal Latinoamericano (CELAM) envió un
comunicado a los obispos de América Latina el 16 de julio
explicando que los casos de abusos sexuales en su Arquidiócesis y en la
Prelatura de Huamachuco fueron cerrados definitivamente en los fueros civil y
eclesial.
En su comunicado, Mons. Cabrejos aseguró que noticia original sobre el
escándalo había sido retirada del sitio web de La República tras dirigir una
carta a su director. Sin embargo, el informe siempre se mantuvo en línea
y el diario incluso ha publicado una sección especial
con toda la documentación, audios y videos de su investigación bajo el título: “Pederastia en Perú: Batalla al interior
de la Iglesia”.
ACI Prensa envió a Trujillo y Huamachuco a la periodista Gisú Guerra
para conocer la situación actual de los casos y solicitar aclaraciones a las
autoridades eclesiales.
Trujillo se ubica en el noroeste del Perú y es la tercera ciudad más
poblada del país. Huamachuco, ciudad minera y comercial, está a 184 kilómetros
al noreste de Trujillo, en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes.
Durante las décadas de 1980 y 1990, Huamachuco sufrió los embates del
terrorismo y esta podría ser una de las razones por las que los abusos sexuales
no fueron denunciados antes, ya que la atención de la prensa estaba dirigida a
la violencia que afectó seriamente al país.
En esta diócesis sirven los Franciscanos de la Tercera Orden Regular
(T.O.R.), a la que pertenece Mons. Sebastián Ramis Torrens, quien era Obispo de
Huamachuco cuando ocurrieron los abusos sexuales denunciados en el reportaje de
La República.
En 2016 y ante el surgir de denuncias públicas, se creó en la Prelatura
una comisión de investigación presidida por el P. Ignacio Gómez T.O.R. quien
buscó, sin éxito por la desconfianza de la población local, testimonios de
víctimas en diversos pueblos de la zona como Chugay, Huaylillas, Chilia,
Huancaspata, Tayabamba, Urpay y Pataz.
Una fuente cercana al caso, cuya identidad pidió mantener en reserva,
explicó a ACI Prensa que hacer comisiones de investigación es una costumbre muy
arraigada en el Perú y “posiblemente el Obispo
Sebastián Ramis (hoy Emérito de Huamachuco), poco o nada versado en derecho
canónico” vio en esta comisión “la respuesta
social y moral más adecuada. La consecuencia fue una investigación poco
profesional tanto en el método empleado para recabar y mantener los informes”, como
en lo que debió hacerse después.
OBISPO RAMIS ADMITE QUE
ROMPIÓ UNA DENUNCIA
En Huamachuco, ACI Prensa entrevistó a la madre de una presunta víctima
del Padre Manuel Mendoza Ruiz, uno de los sacerdotes acusados.
La mujer dijo que su hijo tenía 15 años en 2015 cuando en un viaje de
varias horas en autobús de Chimbote (al sur de Trujillo) a Huamachuco, el P.
Mendoza Ruiz “estaba haciéndose el dormido, cuando
metió las manos en los genitales de mi hijo. Este al sentirlo lo botó una vez,
pero lo volvió a hacer. Mi hijo le reclamó”.
La madre relató lo ocurrido a Mons. Ramis, quien luego fue a su casa. “Mi hijo le contó cómo había sido. Y el Padre (Ramis) me
dijo, ‘¿Hija qué quieres que haga?’. Padre, yo quiero que bote a ese cura
porque no merece estar en nuestra parroquia”.
“Hicimos un documento, mi hijo y yo lo
firmamos. No había plata
para sacar copia. El Obispo me dijo que él iba a sacar una. Nunca
tuve la copia”.
ACI Prensa tuvo acceso a un video en el que se ve a la madre de la presunta
víctima, al Obispo Ramis y al Padre Gómez reunidos durante un retiro de
sacerdotes en 2016, en la sede de la Prelatura de Huamachuco.
En el video la mujer dice que no se ha hecho caso a la denuncia que hizo
y rechazó el ofrecimiento del P. Gómez de hacer una denuncia por escrito o
acudir a la fiscalía, algo que finalmente sí hizo después.
“Cuánto me gustaría confiar en eso Padre, pero si
he confiado en el Padre superior [el obispo Ramis] de la Iglesia Católica en
esta provincia y no se me ha hecho caso, ¿Qué pueden ustedes pensar padres
presentes?”, preguntó.
En el video, Mons. Ramis dice a la mujer: “Yo
le pregunté si usted quiere que denunciemos, usted dijo ‘No. No quiero hacer
nada’. Entonces, ¿qué hice? Pam, pam, lo rompí (la denuncia), porque usted dijo
‘no quiero que hagan nada’”.
Se aprecia luego en el video que la discusión crece en tensión y la
mujer le dice al Obispo: “usted, para darme
confianza, me dijo que este sacerdote no solo hizo eso a mi hijo; sino que había
cometido otras faltas”.
“OTRAS FALTAS”
En 2016, la comisión investigadora en Huamachuco recibió el testimonio
del sacerdote Nery Tocto, sobre dos seminaristas que acusaron al P. Mendoza
Ruiz de acercarse a ellos para buscar tener relaciones sexuales y, ante el
rechazo, presentaba conductas vengativas.
Tocto indicó que los denunciantes, Renzo Ortiz y Gonzalo Lloclla,
informaron por escrito al rector del Seminario San Carlos y San Marcelo de
Trujillo entre 2012 y 2013.
Los otros sacerdotes acusados de abusos en Huamachuco son los diocesanos
Emeterio Castañeda Muñoz, Marco Antonio Tito Valle, Walter Reátegui Ledesma y
Rodrigo Vargas. Por falta de pruebas fueron absueltos en los fueros eclesial y
civil. Todos sirven actualmente en la Prelatura de Huamachuco, aunque Vargas
está en año sabático.
También quedaron absueltos de cargos los franciscanos T.O.R. David
Castro Mayurí y Manuel Sanchíz Pons, que residen en Lima y España
respectivamente.
Los sacerdotes fueron denunciados por otro grupo de presbíteros entre
quienes están Esteban Desposorio, Agustín García, Nery Tocto y el ahora
exsacerdote Antonio Campos. Todos siguen en la Prelatura de Huamachuco.
La fuente cercana al caso dijo a ACI Prensa que durante las
investigaciones los sacerdotes Tocto y Desposorio querían que cada una de sus
afirmaciones fuese “tomada como prueba plena” cuando
“esto no es posible”. Para la fuente, “ambos tenían ambiciones de mayor relevancia y puestos de
poder en la Prelatura”. Cuando se les llamaba a declarar “eran muy renuentes, incluso amenazantes”.
En 2016, los sacerdotes denunciantes dieron a conocer las acusaciones a
través de un canal de televisión y se manifestaron en rebeldía contra el Obispo
Ramis.
En un video de
septiembre de 2016 se aprecia
a Tocto decir que “nosotros, hemos tomado la determinación de desconocer a
Sebastián Ramis Torrens como nuestro obispo de la Prelatura de
Huamachuco por incapacidad moral y complicidad con los sacerdotes pedófilos,
violadores y homosexuales”.
Este pronunciamiento suscitó la suspensión por un tiempo de algunos de
los sacerdotes denunciantes, a quienes luego se les habría levantado la sanción
tras la intercesión del Nuncio Apostólico en Perú, Mons. Nicola Girasoli, quien
viajó al lugar.
PRELATURA DE CARAVELÍ
ACEPTA A SACERDOTE INVESTIGADO
ACI Prensa encontró al P. Manuel Mendoza Ruiz en Huamachuco. “Ya la Iglesia no ha encontrado nada contra mí”,
dijo el sacerdote y agregó que “he ingresado a la
Prelatura de Caravelí pero por la pandemia y mi diabetes, he regresado con mi
familia. No tengo todavía ninguna parroquia en Caravelí”.
ACI Prensa escribió a la Prelatura de Caravelí, a cargo del Obispo
Reinaldo Nann, para confirmar si el P. Mendoza había sido aceptado para
trabajar en esa jurisdicción eclesiástica ubicada en el departamento de
Arequipa, en el sur del Perú.
El 4 de agosto de 2020, la Prelatura respondió que el P. Mendoza, “fue denunciado por abuso sexual de un menor ante el
obispo de Huamachuco en 2016 por un hecho, que supuestamente pasó en el 2015.
El Padre fue investigado y procesado por la Prelatura de Huamachuco en
coordinación con la Congregación por la Fe (sic) en el Vaticano”.
La Prelatura parece referirse a la Congregación para la Doctrina de la
Fe, el Dicasterio del Vaticano que se encarga de las investigaciones sobre
abusos sexuales.
Según la respuesta de la Prelatura, el P. Mendoza “durante su proceso fue suspendido de sus funciones
sacerdotales ad cautelam (2016-2018). Su proceso terminó en 2018, absolviéndolo
por no encontrar pruebas sólidas, de que se haya producido el abuso”.
El texto agrega que “la misma denuncia se
hace en mayo de 2017 ante la fiscalía de Huamachuco. Hasta agosto del 2020 está
en calidad de investigado y no de acusado. El P. Manuel está
colaborando con la justicia civil de Huamachuco. Se espera el archivamiento del
caso. Si la justicia civil lo encontraría culpable en algún momento, la
justicia eclesial reabrirá de nuevo su caso”.
También señala que el P. Mendoza conversó con Mons. Reinaldo Nann “a inicios de 2020, para trabajar en esta jurisdicción. Después
de un examen sicológico exhaustivo y el permiso del obispo de
Huamachuco se le dio esta posibilidad, aunque por la crisis del Covid no ha
sido posible, que el Padre Mendoza se traslade a la Prelatura de Caravelí” y
confirma que el sacerdote debe de estar con su familia “sin
ejercer su ministerio”.
Sin embargo, en su último
comunicado sobre el caso, la Prelatura de Huamachuco no hace
referencia a que el P. Mendoza fuera absuelto en el fuero eclesial en 2018 como
dice la Prelatura de Caravelí. Tampoco menciona que fue aceptado para trabajar
en esta última.
Previamente, en abril de 2019 un comunicado firmado por el entonces
Obispo-Administrador Apostólico de Huamachuco, Mons. Emiliano Cisneros, informó
al clero local que el P. Mendoza Ruiz tenía prohibido ejercer su ministerio “con la salvedad de someterse a un examen y terapia
sicológicas en un régimen de internado, si así lo elige voluntariamente, de lo
contrario otras sanciones se podrán considerar oportunamente”.
La fuente consultada por ACI Prensa señaló que la fiscalía local archivó
el expediente del P. Mendoza Ruiz, pero la justicia eclesial “fue más severa” al imponerle restricciones y
prohibiciones que son fruto “de otras
indagaciones”, con lo que se demuestra “que
su idoneidad es muy cuestionable”.
La misma fuente explicó a ACI Prensa que es justo “reconocer la imparcialidad y buen hacer” de Mons.
Cisneros porque “los casos que llegaron a sus manos
fueron resueltos con rectitud, prontitud y competencia doctrinal”.
SACERDOTE SUSPENDIDO
POR ABUSO SEXUAL ES DIRECTOR DE UN COLEGIO
ACI Prensa entrevistó al sacerdote diocesano Ángel Cachay Malo, que
sirve actualmente en una parroquia en la localidad de Tayabamba en la Prelatura
de Huamachuco.
El P. Cachay relató que cuando era seminarista, el sacerdote –ahora
suspendido– Tulio Montenegro Infante le insinuaba tener relaciones sexuales.
“Cuando nos íbamos de regreso de Huamachuco a
Tayabamba, luego de la ordenación episcopal de Sebastián Ramis, en un lugar
llamado Chahuán nos dieron un cuarto para dormir todos: soldados, catequistas y
seminaristas. Tulio me llamaba. Ven a mi lado, aquí está tu espacio. En la
madrugada comenzó a bajarse el pantalón, darse vuelta hacia mí como para tener
relaciones, yo no acepté esas cosas”, dijo el
P. Cachay.
Según el sacerdote, este episodio lo hizo dudar de su vocación. “Yo no acepté esas cosas. Ahí sí me hizo llorar. Lloraba
de impotencia, de cólera, quería golpearlo, levantar a toda la gente que estaba
ahí al costado durmiendo”, recordó.
En 2016, Montenegro también fue acusado por Héctor Reyes Prieto, un
joven huérfano que luego presidiría la Asociación de víctimas de abuso sexual
del Perú, de obligarlo a “tener relaciones sexuales
bajo amenaza”.
Los presuntos abusos habrían ocurrido entre 1994 y 2001, mientras vivía
una experiencia vocacional en una parroquia del distrito de Buldivullo, a cargo
de Montenegro. Según Reyes Prieto, los abusos terminaron cuando escapó de la
parroquia, de la cual el sacerdote le había prohibido salir durante casi 7
años.
Las denuncias de abuso sexual contra Montenegro prescribieron en el
fuero civil, pero la justicia eclesial sí lo sancionó en 2018.
Además, en abril de 2019, Mons. Emiliano Cisneros informó al clero local
que a Montenegro se le prohibió de manera “permanente
ejercer el ministerio presbiteral en público y no puede presentarse en ningún
caso como sacerdote”. Actualmente las penas que se le impusieron están
en apelación en el Vaticano.
“El cúmulo de indicios de una conducta permanente y
violatoria del celibato lo hacen poco o nada idóneo para el ejercicio
del ministerio”, dijo la fuente a ACI Prensa.
Sin embargo, “las pruebas ofrecidas por el
principal de sus acusadores no son conclusivas, especialmente por Héctor Reyes
Prieto” quien ha visto en la condena de Montenegro “una victoria para su causa: la de la promoción del
movimiento homosexual y la posible obtención de una suma de dinero. La
Prelatura le ofreció ayuda profesional, espiritual, psicológica, etc. pero no
dinero”.
La condena de Montenegro se dio por las “interminables
acusaciones muy verosímiles” en
su contra, así como las afirmaciones propias en el examen personal y otros
elementos”, agregó la fuente.
Montenegro siguió trabajando como maestro y ahora es director de la
escuela secundaria estatal “Manuel Scorza” en
la localidad de Pataz cercana a Huamachuco.
ACI Prensa consultó al Ministerio de Educación (Minedu) sobre el caso de
Montenegro.
El 24 de agosto, el Minedu informó que cuatro imputaciones de
hostigamiento sexual de Montenegro contra dos profesores, varios alumnos y un
vigilante entre 2005 y 2017, finalmente fueron archivadas.
Sin embargo, el organismo ha decidido revisar la situación de Montenegro
y ha solicitado –según indicó a ACI Prensa– a la Prelatura de Huamachuco
información sobre las razones por las cuales Montenegro “fue apartado del ejercicio público del ministerio sacerdotal”.
El Minedu recordó que en Perú está vigente la Ley Nº 29988, “que establece medidas tales como la separación
definitiva del sector educativo, al personal docente y administrativo de
instituciones educativas públicas y privadas con condenas por delitos de
violación de la libertad sexual, entre otros”.
LOS CASOS DE TRUJILLO
Trujillo es capital del departamento de La Libertad. Allí está la sede
de Arquidiócesis de Trujillo, que tiene como jurisdicciones sufragáneas a las
diócesis de Cajamarca, Chimbote, Huaraz, Huari, así como las prelaturas de
Huamachuco y Moyobamba.
En el 2016, mientras la Prelatura de Huamachuco investigaba las
denuncias de abuso sexual, el Arzobispado de Trujillo hacía lo propio ante las
denuncias contra los presbíteros William José Costa Serrano y Segundo Asunción
Fernández Haro por “participar en fiestas en las
cuales se bebía licor y prostituía a adolescentes”. Tras las acusaciones
ambos fueron suspendidos.
El comunicado del 13 de julio del
Arzobispado de Trujillo
señala que “la suspensión ad cautelam de todas las obligaciones ministeriales”
de ambos sacerdotes “se mantiene vigente hasta hoy”.
En Trujillo las presuntas víctimas debían declarar ante una comisión en
la que era delegado el P. Ricardo Angulo Bazauri. Sin embargo, los denunciantes
Héctor Reyes Prieto y Juan Blanco Ramírez no quisieron dar su testimonio ante
él porque aseguraron haberlo visto en las fiestas donde se prostituía a
menores.
Ante la desconfianza de las víctimas hacia el P. Angulo, tomó nota de
las denuncias el P. Ignacio Gómez T.O.R.
Según consta en su testimonio grabado de 2016, Reyes dijo que “el Padre Angulo mandó un emisario llamado Jorge Manrique
para que yo me retractara sobre Ricardo Angulo. Por ello él me iba a dar un
dinero. ‘A Juan Blanco le vamos a dar 15 mil soles [unos 4.200 dólares] y a ti
20 mil [unos 5.600]’, me dijo, ‘pero primero tienes que firmar la carta en la que
dices que a él no lo has visto participar de estas fiestas. En el papel decía
Yo me retracto (…) Tú
sabes que el Padre es así. A Ricardo Angulo no lo toquemos. Yo lo defiendo
porque es mi paisano’”.
El 15 de agosto de 2020 ACI Prensa preguntó al P. Ignacio Gómez si
informó al P. Ricardo Angulo sobre la acusación del envío de un emisario para
comprar el silencio de las víctimas, a lo que P. Gómez respondió: “Lo siento, no recuerdo si lo hice”.
El comunicado del
Arzobispado de Trujillo del 13 de julio de 2020 señala
que sobre el P. Ricardo Angulo Bazauri “no ha
recibido denuncia de ningún tipo y no ha sido denunciado ni en lo civil ni en
lo canónico”.
El P. Angulo es el actual Gerente de
Desarrollo Institucional de la Universidad Católica de Trujillo. Fue
Vicario General de Mons. Héctor Cabrejos y presidente del Directorio de la Caja
Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo.
El 14 de agosto de 2020 ACI Prensa le envió fotografías a Héctor Reyes
Prieto y este identificó en ellas al que sería el emisario del P. Angulo. Reyes
dijo que se trata de Jorge Manrique Catalán, director de la Oficina de Educación Católica (ODEC)
de Trujillo.
Este no es el único episodio que involucra al P.
Ricardo Angulo.
En la entrevista concedida a ACI Prensa, el P. Ángel Cachay acusó al P.
Angulo de abusar repetidamente de un seminarista –cuyo nombre mantenemos en
reserva– en el Seminario San Carlos y San Marcelo de la Arquidiócesis de
Trujillo.
“Casi siempre, todas las mañanas salía Ricardo
Angulo del cuarto de él. Parecía raro si el reglamento del Seminario era bien
estricto”, dijo el P. Cachay cuya habitación
estaba al lado del de la presunta víctima.
“Eso era normal y pasaba a vista y paciencia de
todo el seminario”, agregó.
Al ser consultado sobre si alguna vez le preguntaron algo al
seminarista, el P. Cachay dijo que “no, nadie se
metía. Se callaban la boca. Lo que pasa es que cuando uno es seminarista anda
con el temor de que cualquier cosa que haga o diga le puedan decir ‘ya no
sirves’”.
El P. Cachay contó también que en Trujillo el Obispo Ramis compró una
casa “para que los sacerdotes, seminaristas y religiosas
se hospedaran mientras estaban de paso. Ahí llegaban Tulio [Montenegro] y
Emeterio [Castañeda]. Eran los que más frecuentaban. Se cometían muchas
atrocidades”.
Sobre las acusaciones de abusos, el sacerdote dijo que “si bien es cierto para el fuero civil prescribieron, para
el fuero eclesiástico es una cosa moral que nunca va a prescribir. La moral
nunca prescribe”.
La versión de la casa donde ocurrían las fiestas entre sacerdotes y
jóvenes menores de edad en Trujillo, coincide con los relatos de 2016 de Héctor
Reyes y Juan Blanco.
“Luego del trago venía el sexo (...) nos pagaban
una propina, 20 soles [unos seis dólares]. Eso fue más de un año”, dijo Juan Blanco a la prensa en Trujillo, luego de negarse a declarar
ante la comisión investigadora de la Arquidiócesis.
ACI Prensa buscó en distintas oportunidades y por varios medios al P.
Ricardo Angulo y a Jorge Manrique Catalán, para obtener su versión sobre las
acusaciones en su contra. Nunca recibimos una respuesta.
ACI Prensa también acudió al Seminario de San Carlos y San Marcelo en
Trujillo para pedir los archivos de los alumnos y verificar la denuncia sobre
el seminarista presuntamente abusado. El P. Nilton Saavedra explicó que los
archivos están en el Arzobispado de Trujillo.
Después de una Misa celebrada por Mons. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte
el 27 de julio en la Catedral de Trujillo, la periodista de ACI Prensa intentó
entrevistarlo personalmente sobre el caso del P. Angulo y otros dos sacerdotes
suspendidos –William Costa y Segundo Fernández– sin éxito.
Luego de repetidos intentos y ante el silencio del encargado de prensa
del Arzobispado, Juan Andonaire, el 17 de agosto ACI Prensa llamó por teléfono
y envió un correo electrónico al Arzobispado de Trujillo con una nueva
solicitud de declaración.
Al día siguiente el Arzobispado respondió al correo indicando que “sobre este tema que usted indica, el Arzobispado de
Trujillo ya se manifestó de manera contundente e indubitable mediante el comunicado de
fecha 12 de julio, el cual le adjunto”.
¿POR QUÉ LAS VÍCTIMAS
NO QUIEREN HABLAR?
Una fuente en Huamachuco dijo a ACI Prensa que luego de la investigación
en el fuero eclesial que comenzó en 2016, las presuntas víctimas ya no querían
hablar por miedo al poder político y social de la Iglesia en
Trujillo y Huamachuco.
“Iniciaron una persecución contra todas aquellas
personas que han apoyado a las víctimas que han declarado. Denunciaron a siete
personas en la fiscalía y durante 3 años hemos llevado un juicio. ¿Quién ordenó
la denuncia? El Arzobispo de Trujillo y el Obispo de Huamachuco de entonces
[Sebastián Ramis]. Los temores están ahí”, dijo la
fuente.
El 3 de junio de 2016, el P. Ricardo Angulo Bazauri presentó una
denuncia por el delito de asociación ilícita para delinquir, contra Héctor
Reyes Prieto, el ahora ex sacerdote Antonio Campos, su hermana Gregoria, y el
P. Nery Tocto. Los acusó de generar una campaña mediática para luego
extorsionarlo con la afirmación de que participó en fiestas homosexuales.
En su denuncia, el P. Angulo dijo que la acusación contra él era un
intento de deslegitimar la comisión investigadora de la Arquidiócesis de
Trujillo en la que era delegado.
El P. Angulo indicó que la versión de Reyes Prieto acusándolo de
participar en las fiestas se debía a que el sacerdote “era
pieza clave para obtener dinero”.
El 3 de mayo de 2018 un juzgado Trujillo archivó la
denuncia de Angulo.
“[Mons.] Cabrejos es el Arzobispo de Trujillo, es
presidente de la Conferencia Episcopal y del CELAM [Consejo Episcopal
Latinoamericano]. Ni siquiera hay una palabra que se refiera a que van a escuchar a las
víctimas. Nada, siempre a la
defensiva. Cuando se ha dicho alguna cosa al periodismo, de alguna
forma se vuelve una persecución contra quienes han denunciado”, indicó la fuente en Huamachuco.
Para la fuente, las presuntas víctimas de abusos en Huamachuco y
Trujillo se enfrentan a “un poder
aplastante y enfermizo que quiere hacer callar los hechos y las víctimas. Pero no van a poder hacerlo eternamente”.
“Después de que se van ustedes [los periodistas] la
gente sigue ahí ante el poder de la Iglesia, se les deja sin trabajo,
se les amenaza de muerte”, alertó.
Según la fuente, otra razón para el silencio de las víctimas sería que
algunos sacerdotes creen que la Iglesia está dividida en “izquierda” y “derecha”;
y que el caso de los escándalos podría ser usado por ACI Prensa para “atacar” a la “izquierda”
eclesial y difundir la idea de que no hay un verdadero interés en las víctimas.
ACI Prensa se contactó con Reyes Prieto, quien aceptó una entrevista el
sábado 25 de julio junto al P. Esteban Desposorio, otro de los sacerdotes
denunciantes, en el local de la defensoría del pueblo en Trujillo. Sin embargo,
ni Reyes ni Desposorio llegaron a la cita y ya no contestaron las llamadas
telefónicas.
Pese a su ausencia, algunos días después Reyes envió archivos de audio a
ACI Prensa con los testimonios que presuntas víctimas grabaron en 2016 e
identificó a Jorge Manrique Catalán como el “emisario”
que el P. Ricardo Angulo habría enviado para comprar su silencio.
En Lima, el P. Ignacio Gómez T.O.R dijo no conocer ni el número de
teléfono, ni el correo electrónico del Prelado Emérito de Huamachuco, Mons.
Sebastián Ramis, quien hoy reside en Mallorca (España).
En la sede de los franciscanos T.O.R. en Lima, ACI Prensa preguntó por
el P. David Castro Mayurí –absuelto por la comisión investigadora de
Huamachuco–, y nos informaron que debido a su edad es “población
vulnerable” ante el coronavirus y por eso se encuentra guardando
distancia social en otro lugar.
Maximina Tamayo, quien trabajó 24 años como cocinera en la sede de la
Prelatura de Huamachuco, declaró a ACI Prensa que las acusaciones contra el
Obispo Ramis “son calumnias que le hacen los
sacerdotes, quien los ha educado como un padre”.
Tamayo explicó que Mons. Ramis financia desde España el tratamiento de
su nieta, en una clínica de rehabilitación física de los hermanos de San Juan
de Dios.
UN EXSACERDOTE ADMITE
NO HABER ACTUADO ANTE UNA DENUNCIA DE ABUSOS
ACI Prensa también buscó insistentemente al actual Administrador
Apostólico de la Prelatura de Huamachuco, Mons. Benjamín Rivera Montoya T.O.R.,
pero no obtuvo respuesta.
En Radio Los Andes, emisora local de Huamachuco, una periodista puso a
ACI Prensa en contacto con un exsacerdote dispuesto a contar su experiencia con
la condición de mantener en reserva su identidad.
Este exsacerdote admitió haber recibido una acusación contra un
sacerdote por tocamientos indebidos en la localidad de Tayabamba y no hacer
nada al respecto, cuando formaba parte de la estructura de la Prelatura de
Huamachuco.
Al ser preguntado sobre si cuestionó al presbítero aludido, el
exsacerdote dijo que no lo hizo porque recibió la denuncia de una tercera
persona y no de la supuesta víctima ni de un familiar directo.
¿ES POSIBLE ABRIR UN
NUEVO PROCESO EN EL FUERO ECLESIAL?
Según canonistas peruanos y estadounidenses no vinculados al proceso de
Trujillo y Huamachuco sí es posible abrir
un nuevo caso en el fuero eclesial, teniendo en cuenta dos
condiciones: que el delito no haya prescrito y que
el delito no haya sido juzgado.
Los expertos coinciden en que si hay nuevas evidencias, como por ejemplo
que alguien haya cometido otros abusos que no se conocían, entonces esa sería
una nueva causa y debe ser tratada como tal.
Al ser preguntados sobre los derechos de las víctimas de conocer los
detalles de los procesos en Trujillo y Huamachuco, así como los pasos a seguir
en el futuro para prevenir situaciones similares a las denunciadas, los
canonistas dijeron que ese “es un tema muy difícil”
porque “las actas de un juicio canónico, por
la doctrina, principios y lenguaje jurídico son inaccesibles tanto para la
prensa secular como para las partes del proceso”.
También explicaron que, de hacerse públicas estas actas, la prensa y las
partes involucradas necesitarían la ayuda de un canonista, de lo contrario las
interpretaciones y conclusiones que se obtendrían serían muy distorsionadas y
en vez de esclarecer el caso, podrían generar más confusión.
Las normas eclesiales que sirven como marco en estos casos son el motu
proprio “Como una Madre amorosa” de 2016 y Vos estis lux
mundi (Vosotros sois
la luz del mundo) de 2019, ambos documentos firmados por el Papa Francisco
sobre lo que debe hacer la Iglesia ante las denuncias de abusos sexuales.
Vos estis lux mundi establece que cuando hay denuncias sobre abusos en
una diócesis, corresponde la investigación a la Arquidiócesis sede de la
provincia eclesiástica.
Los canonistas dijeron que si dicha Arquidiócesis está en cuestión,
entonces se debe contactar con el obispo sufragáneo más antiguo de la provincia
eclesiástica para que realice la investigación.
Los expertos explicaron que si bien el Nuncio Apostólico o representante
del Papa no tiene competencia jurisdiccional sobre los obispos porque no es su
superior, sí puede actuar como nexo con el Vaticano. Mediante el
Nuncio se puede acudir a uno de los dicasterios competentes: Congregación
para los Obispos o Congregación para el Clero.
Consultado por ACI Prensa sobre si estaría dispuesto a ir a la
Nunciatura Apostólica para la posible reapertura del caso, Héctor Reyes Prieto
dijo: “Yo ya no creo en nadie porque nunca he visto
justicia. Yo todo lo dejo en las manos de Dios que es el único en quien confío.
Él es el único justo y que nunca se vende”.
El 21 de agosto Reyes comentó que ya no cree “ni
en el Papa. Yo creo que si él desea ayudarnos lo hubiese hecho rápido y nos
hubiese dado la ayuda a todas las víctimas con ayuda psicológica” pero “no veo ni una iniciativa por parte de la Iglesia”.
“Es por eso que ya no deseo saber nada de este
caso. Todo lo dejo en las manos de Dios que él es justo. Más bien gracias por
todo. Que el Señor los bendiga y paz a las personas de buena voluntad”, concluyó.
En 2016, Reyes, Nery Tocto, Esteban Desposorio, Agustín García y otros
más llegaron hasta la Nunciatura Apostólica en Lima con su denuncia. El Nuncio
Apostólico era entonces Mons. James Patrick Green.
El 17 de octubre de 2019, el actual Nuncio, Mons. Nicola Girasoli, que
se desempeña en el cargo desde 2017, dirigió una carta a un periodista del
diario La República en la que explica que recibió dos comunicaciones de Esteban
Desposorio sobre “casos de abusos sexuales y
comportamiento homosexual de algunos sacerdotes de la Prelatura Territorial de
Huamachuco”.
En su carta, el Nuncio explica que, por su naturaleza institucional y
diplomática, la Nunciatura que es la Embajada de la Santa Sede en el Perú, “no es un organismo judicial”, pero sí recibe a
todos “y de inmediato alerta a la competente
autoridad eclesiástica” y al Ministerio Público de ser el caso.
Mons. Girasoli concluye la carta indicando que para conocer la actual
situación de los sacerdotes denunciados, se debe consultar a Mons. Benjamín
Rivera Montoya, Administrador Apostólico de Huamachuco, quien no respondió a la
solicitud de entrevista de ACI Prensa.
¿OBSTACULIZACIÓN DE LA
JUSTICIA?
Los canonistas consultados por ACI Prensa coincidieron en que en los
casos de Trujillo y Huamachuco, las acusaciones específicas se refieren a “obstaculización de la administración de justicia o
negligencia en administrarla por parte de un miembro de la jerarquía. Es decir,
en este caso, un obispo diocesano, o su equivalente, cabeza de una Iglesia
particular”.
“La cuestión sustancial que afecta a la
Arquidiócesis de Trujillo es que es posible que algunos casos no hayan sido
tratados de acuerdo a derecho. Es también muy posible que algunos
casos hayan prescrito porque la acción penal no es posible de aplicarse a
determinados individuos, pero la responsabilidad del superior queda aún en
entredicho y ese es un delito distinto del abuso del súbdito. Todo esto se
entiende en caso de menores”, señaló uno de los expertos.
En caso de adultos, la situación es más difícil de enfrentar. Se puede
alegar abuso de autoridad o amenaza, normados en el canon 1395 o 1389 del
Código de Derecho Canónico, pero estos casos prescriben en un máximo de 5 años.
El canon 1395
señala que si un sacerdote comete “un delito contra
el sexto mandamiento del Decálogo, cuando este delito haya sido cometido con
violencia o amenazas, o públicamente o con un menor que no haya cumplido
dieciséis años de edad, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la
expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera”, mientras que
el canon 1389 establece
que “quien abusa de la potestad eclesiástica o del
cargo debe ser castigado de acuerdo con la gravedad del acto u omisión, sin
excluir la privación del oficio”.
En cuanto a los obispos, los canonistas dijeron que la responsabilidad
más grande corresponde a los obispos diocesanos o sus equiparados. No así a los
obispos auxiliares, obispos titulares y eméritos (jubilados).
Los expertos canonistas advirtieron que cuando el obispo
conoce algo debe “indagar inmediatamente
cualquier notitia criminis [noticia de un crimen] y a la vez informar de
la investigación tanto a los dicasterios romanos como a las autoridades civiles
si el abuso o el resultado de la investigación es relevante jurídicamente”.
El canon 1717
establece que siempre que el obispo “tenga noticia,
al menos verosímil, de un delito, debe investigar con cautela, personalmente o
por medio de una persona idónea, sobre los hechos y sus circunstancias así como
sobre la imputabilidad”.
El Vaticano publicó este año el Vademécum o
Manual “sobre algunas cuestiones procesales ante los casos de abuso sexual a
menores cometidos por clérigos”, un documento que da
claras indicaciones sobre cómo las autoridades eclesiales deben actuar en casos
como los de Trujillo y Huamachuco.
Entre otras cosas, el manual en el artículo 17 explica que “incluso en ausencia de una explícita obligación legal,
la Autoridad eclesiástica dé noticia a las autoridades civiles competentes cada
vez que considere que esto es indispensable para tutelar a la persona ofendida
o a otros menores del peligro de eventuales actos delictivos”.
POR GISÚ GUERRA
FARRO Y WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa
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