La Guardia Civil pudo atentar contra la libertad
religiosa
El prior de la
abadía del Valle de los Caídos ha denunciado en el juzgado de guardia de San
Lorenzo del Escorial a dos guardias civiles y a un alto cargo de la Delegación
del Gobierno en Madrid por impedir a los monjes benedictinos el ejercicio de
derechos cívicos reconocidos en las leyes y coacciones.
(El Independiente/InfoCatólica) Santiago Cantera ha presentado
este lunes una denuncia ante el juzgado de guardia de San Lorenzo
del Escorial, término
municipal madrileño en el que se ubica el Valle de los Caídos, al entender que las medidas que se han adoptado
desde que el Gobierno decidió el pasado 11 de octubre cerrar el recinto
para organizar el traslado de los restos de Francisco Franco «van mucho más allá» de lo previsto en los
distintos acuerdos de Consejo de Ministros.
En la denuncia, a la que ha
tenido acceso El Independiente, el
prior explica que guardias civiles armados ha estado
accediendo a la abadía desde ese día «sin autorización judicial» y al interior
de la basílica sin permiso
eclesiástico, como ya puso en conocimiento del Tribunal Supremo el pasado
viernes.
«Desde
entonces, entran y salen a su antojo y, ante la persistente reclamación
de explicaciones, únicamente alegan que tienen órdenes verbales en tal
sentido de la Delegación del Gobierno, sin facilitar nunca una
resolución escrita que así lo recoja y fundamente», expone.
Cantera también denuncia que se negara el acceso a la iglesia a «numerosas personas», entre ellas
familiares de los niños de la escolanía y ciudadanos autorizados por la
abadía, para asistir a oficios religiosos. Ello
les llevó el domingo 13 de octubre a organizar la misa de las 11 en la
explanada exterior.
Tampoco pasa por alto Santiago
Cantera que los dos guardias civiles señalados les pidieran
un listado en el que se detallara la identificación completa (nombre,
apellidos y DNI) de las personas que quisieran acudir a la Eucaristía, exigencia
que decayó después de hacerles ver que esa solicitud «podía
ser contraria al derecho a la libertad religiosa y a declarar sus
creencias».
El prior también incluye en
las acciones que denuncia la prohibición de acceso a la
basílica de los monjes desde las 14 horas
de este domingo a fin de preparar los trabajos necesarios para
desenterrar el cuerpo embalsamado de Franco, que descansa desde el 23 de noviembre
de 1975 en un sepulcro habilitado en el presbiterio de la basílica del Valle de
los Caídos (entre el altar mayor y el coro).
Según detalla en el escrito, Santiago Cantera ya advirtió al alto cargo de la Delegación del Gobierno
en Madrid durante una reunión
mantenida el pasado viernes que
formularía denuncia si se impidiera a los «monjes custodios del lugar» entrar
en la iglesia, como así
sucede desde este domingo. Una cadena y un candado en la puerta imposibilita el
tránsito desde la abadía al templo, sin que -dice- la Guardia Civil haya
exhibido «una orden judicial» que ampare esa
prohibición.
«Lo grave no es
sólo que se impida el acceso a los monjes, sino que en una basílica campen
libremente militares armados y operarios de funeraria y constructoras sin
control alguno, pudiéndose, en consecuencia, producir profanaciones
y actos contrarios al culto y a la piedad propios de una basílica», añade.
El prior interpreta que el permiso que el Gobierno les solicitó para entrar en el templo a fin de ejecutar el traslado de los restos de
Franco –denegado y sustituido posteriormente por el del Tribunal Supremo– era «exclusivamente» para realizar las labores de exhumación, «sin que en modo
alguno incluyera el acceso de guardias civiles semanas antes del inicio de los
trabajos ni mucho menos prohibiera el acceso a la basílica de los monjes
benedictinos al menos para asegurarse que no se llevaba a cabo ningún acto que
pudiera considerarse impropio de un lugar de culto».
Cantera considera que los hechos tienen encaje en el artículo 542
del Código Penal, que prevé la pena de
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro
años a la autoridad o el funcionario que, a sabiendas, impida a una persona el
ejercicio de derechos cívicos consagrados por la Constitución o las leyes.
«CADENAS Y CANDADOS»
«Se ha impedido,
sin
estar legítimamente autorizado y con violencia (guardias civiles armados
colocándose como barrera para impedir el acceso, colocación de
cadenas y candados en la puerta de acceso), ejercer un derecho fundamental», resume la cabeza visible de
los benedictinos en el Valle de los Caídos. Éste también aprecia que los hechos
pueden ser constitutivos de un delito de coacciones.
El
prior señala como responsables de esta presunta vulneración de derechos a dos agentes de
la Guardia Civil –los mandos que les han ido transmitiendo
verbalmente las decisiones que se han ido adoptando– y al alto cargo de la Delegación del Gobierno,
no sin reconocer el «trato exquisito» y «correcto» recibido de ellos.
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