Diversas
entidades en defensa de la familia y la vida han criticado que el Gobierno vaya
a permitir inscribir a los niños nacidos por vientre de alquiler. «Temo que se
esté dando el primer paso para convertir esta práctica», prohibida en España,
«en un derecho», opina María Teresa López, de la cátedra de Políticas de
Familia UCM-Acción Familiar. Desde el Foro Español de la Familia subrayan que
«la mujer y su cuerpo, y el niño, no pueden ser objeto de tráfico mercantil»
La decisión del Gobierno,
anunciada el pasado viernes por el ministro de Justicia, de permitir que se
inscriban en el Registro Civil los niños nacidos fuera de España por vientre de
alquiler ha despertado inquietud en varias entidades de la sociedad civil.
María Teresa López, de la cátedra de Políticas de Familia UCM-Acción Familiar,
ha explicado a Alfa y Omega que, para tomar esta decisión, el Gobierno
no ha consultado al Comité de Bioética que ella preside. Por tanto, aunque el
Comité no se ha pronunciado, la opinión de López es que los vientres de
alquiler «no son un problema jurídico -ha explicado-, sino fundamentalmente
ético. Lo que se está haciendo es igualar personas y cosas. Se está cosificando
e instrumentalizando a las mujeres, y también a los niños» nacidos por medio de
estos contratos, prohibidos en España.
López teme que, permitiendo que
estos niños se puedan inscribir en el registro, «se esté dando el primer paso
para convertir los vientres de alquiler en un derecho. Esperamos que no sea
así». Subraya, además, la contradicción de que «todos los políticos están
buscando la igualdad y la defensa de la mujer», pero ni han hecho nada hasta
ahora por la maternidad y para que muchas no tengan que abortar, ni tampoco
parecen querer impedir la cosificación y explotación que supone un contrato de
maternidad subrogada.
Otra contradicción de la medida
es la que denuncia el Presidente del Foro Español de la Familia, Benigno
Blanco, en un comunicado: el hecho de que, por un lado, se prohíban los
vientres de alquiler en España pero, por otro, se legalicen los efectos que
esta práctica puede tener en nuestro país. Esto «incentivará hacer fuera de
España lo que se considera tan malo como para prohibirlo en nuestro país».
CONTRATAR UN VIENTRE DE ALQUILER
ES COMPRAR UN NIÑO
Contratar a una mujer para que
geste un hijo y lo entregue a quienes desean ser padres es en la práctica
-subraya el comunicado- la compra de un niño. Además, en muchos casos, supone
una nueva forma de explotación económica de mujeres pobres del tercer mundo. Es
por tanto una nueva forma de esclavitud para mujeres que venden su capacidad de
ser madres, explica el comunicado del Foro.
«En una sociedad comprometida con
los derechos humanos, resulta inadmisible que se admitan contratos sobre
personas», y también que en España se les dé validez jurídica a estos
contratos. «La mujer y su cuerpo y el niño por nacer, o ya nacido, no pueden
ser objeto de tráfico mercantil si no queremos retroceder a épocas que creíamos
superadas», subraya Blanco.
Por tanto, lo razonable es que
las leyes nacionales, como hace la española, prohíban este tipo de contratos y
fijen que la maternidad la determina el parto. En cambio, la medida anunciada
por el Gobierno implicaría que los niños nacidos por vientre de alquiler
figuren como hijos de las personas que han contratado a una mujer para
gestarlos. El Foro también pide al Gobierno que promueva, como ya están
haciendo otros países, que se incluya esta práctica entre las prohibiciones de
trata de seres humanos establecidas en el convenio europeo de derechos humanos.
Su Presidente concluye subrayando
que prohibir los efectos jurídicos de los vientres de alquiler no deja
desprotegidos a los niños, pues «ya hay mecanismos en nuestro derecho, como el
acogimiento o la adopción, para que ningún niño quede desprotegido».
Permitirlos, en cambio, discrimina económicamente a las personas que no tienen
recursos económicos para viajar fuera de España para contratar un vientre de
alquiler.
M.M.L.
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