Hay 30 iniciativas contra las redes de prostitución.
Cáritas, los obispos y los religiosos piden eliminar los anuncios de contactos de los medios de comunicación como un gesto para no ser cómplices.
Hace más de diez años que Cáritas y las congregaciones religiosas femeninas trabajan de forma conjunta contra la trata de seres humanos y la explotación sexual en España, y hace tiempo que la Iglesia mantiene en nuestro país más de 30 iniciativas y programas para ayudar a las mujeres atrapadas en las redes de la prostitución, con una amplia base de experiencia «a pie de calle».
Ahora, la Iglesia quiere dar un paso más. Cáritas, la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Justicia y Paz, y los obispos, a través de las Comisiones Episcopales de Migraciones y de Pastoral Social, han unido fuerzas para combatir el tráfico de seres humanos y la explotación sexual.
En un extenso informe que se presentó ayer, las entidades católicas piden «dejar de favorecer y contribuir al negocio lucrativo de la prostitución, tan vinculado a la trata, desalentando la demanda y eliminando la publicidad de ofertas sexuales en los medios de comunicación social, para no ser cómplices de este mercado de seres humanos». También se comprometen a «informar a empresas, agentes sociales y turísticos para que conozcan y actúen ante esta situación de explotación y no contribuyan al turismo sexual». Y piden a la sociedad «tolerancia cero» y recuperar «su capacidad de indignación y movilización».
Con un enfoque internacional, las entidades católicas se comprometen a «poner en juego el potencial de la universalidad de la Iglesia para sensibilizar sobre la trata en los países de origen, tránsito y destino».
El documento no lo especifica, pero usuarios del turismo sexual que acuden a lugares remotos en Asia o América, pueden encontrar misioneros y asociaciones católicas dispuestos a difundir las vergüenzas de la clientela occidental y de la industria a la que acuden.
El plan también pide dotar económicamente al actual Plan de Lucha contra la Trata del Gobierno español, que se considere la trata como «vulneración de derechos humanos» (y no simple delito de entrada ilegal de inmigrantes), que se den más recursos a los centros de acogida para las víctimas y que se facilite la integración laboral y legal de las personas que denuncian redes de traficantes o explotación. Solo en Europa, la Policía identificó 7.300 víctimas, y se considera que por cada una de ellas, hay 20 más sin detectar.
Pablo J. Ginés/La Razón
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