POR SU PARTE, E-CRISTIANS CRITICA LOS FALLOS LEGALES Y ESTADÍSTICOS DEL INFORME GABILONDO
Los obispos españoles en la Plenaria Extraordinaria
sobre los abusos a menores en la Iglesia
Tras una larga reunión en la
tarde del lunes, en una Asamblea Plenaria extraordinaria en la que muchos
obispos han participado por Zoom desde sus diócesis, la Conferencia Episcopal Española ha difundido de noche una nota de prensa
valorando el llamado "Informe Gabilondo" sobre abusos a menores, presentado el pasado
viernes 27.
Los obispos denuncian que la extrapolación de datos a partir de la encuesta que ofrece el informe "no corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y
religiosos que trabajan lealmente y con entrega de su vida al servicio del
Reino".
"Duelen los
abusos cometidos en la Iglesia, aunque sorprende también la extrapolación que se
hace de los datos obtenidos en una encuesta adjunta al
informe", dice la nota.
Los obispos consideran valiosos
los testimonios de víctimas que recoge el informe y "las recomendaciones propuestas en este informe", que no van dirigidas solo a la Iglesia sino a otras instituciones
sociales.
Los obispos dicen sumarse a la
petición del Defensor del Pueblo que urge al Estado a aplicar esas
recomendaciones. Las propuestas les parecen "convergentes"
con otras que la Conferencia Episcopal trabaja "desde
ya hace algún tiempo".
Señalan que el mismo informe
confirma que los abusos son una lacra extendida en la sociedad. "Dejar de tener en cuenta la magnitud del problema y su
dimensión mayoritariamente extraeclesial, supone no afrontar las causas
del problema y perpetuarlo en el tiempo. Además, poner
el foco exclusivamente en la reparación de las víctimas de la Iglesia,
discriminaría a la mayoría de las víctimas, a las que convertiría en
víctimas de segunda", afirma la nota.
Esa frase parece sugerir
una propuesta más amplia de reparación, que atienda no
sólo a víctimas en entornos católicos, sino en todo tipo de entornos, lo que necesariamente
implicaría al Estado. En esta reunión, los prelados han decidido que sea el
Servicio de Protección de Menores de la CEE quien vaya aplicando las
recomendaciones sobre reparación, prevención y formación, con una serie de
decisiones concretas que se implementarán en la asamblea plenaria de noviembre.
Sobre la auditoría encargada por Conferencia Episcopal al despacho Cremades &
Calvo-Sotelo, cuyos resultados se
han ido aplazando durante meses, los obispos han escuchado la solicitud y la
motivación para la ampliación del plazo de su auditoría, que ha presentado el
presidente del Despacho, Javier Cremades, y en la plenaria de
noviembre decidirán sobre ella.
Los obispos españoles en la
Plenaria Extraordinaria para hablar sobre el Informe Gabilondo de abusos a
menores (convocada desde el viernes para reunirse el lunes. muchos obispos se
conectaron por Zoom en modalidad online).
El sábado el presidente de la
Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, ya avanzó en un mensaje en
X (antes Twitter) que "las cifras
extrapoladas por algunos medios son mentira y tienen intención de
engañar". Sin
embargo, reconocía que cada víctima "es un
drama terrible a la que pedimos perdón y acompañamos". "Seguimos
trabajando para acabar con esta terrible lacra en la Iglesia y en toda la
sociedad. No nos cansaremos de pedir perdón a las víctimas y trabajar por su
sanación", subrayó Omella.
LA
CONFER PONDRÁ LA EXTRAÑA ENCUESTA "EN MANOS DE EXPERTOS"
El dominico Jesús Díaz,
presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) ha comentado en
una entrevista en Radio Estel (del
obispado de Barcelona) que la extrapolación que realizan los medios a partir de
una encuesta "no nos convence en absoluto a los
religiosos", que
es un cálculo que se hace "de manera excesivamente
gratuita" y que "nos parece
difícil de asumir". Además, anuncia que "pondremos
la encuesta en manos de expertos que nos den una visión más profesional".
La encuesta, con un margen de error del +/-1%, localizaba
que casi 12 de cada 100 encuestados decían haber sufrido abusos sexuales en su
minoría de edad, y que un 1,13% de encuestados los
habría sufrido en entornos de la Iglesia Católica. Aunque con un
margen de error de 1%, unos datos que afectan a un 1% son estadísticamente sin valor,
la prensa hizo una rápida regla de tres a partir de los adultos que viven en
España y calculó unos 440.000 víctimas de abusos en entornos católicos.
El religioso dice que la Iglesia
está a disposición de las víctimas, con voluntad de "abordar
esta realidad y evitar que se repitan estas cuestiones en el futuro". Sobre
la reparación a las víctimas, considera que no basta con la
escucha y el apoyo psicológico que ya ofrecen muchas diócesis. Preguntado por posibles
compensaciones económicas, aunque dice que el daño causado es "económicamente irreparable",
defiende que haya unos criterios objetivos para establecer
las compensaciones. Cree que el "informe Gabilondo" sólo es un elemento
más para ir "mejorando y aprendiendo" en
la lucha contra los abusos.
EL
OBISPO DE IBIZA SEÑALA ERRORES DEL INFORME
El "informe
Gabilondo" asegura que "un grupo de obispados no
suministró prácticamente información de los casos que reconoce, ni sobre agresores, ni víctimas, ni abusos, ni lugar o
tiempo. Son las diócesis de Sant Feliu de Llobregat, Almería, Menorca, Ibiza,
Mondoñedo-Ferrol y Vic".
A esto ha respondido con una nota
larga y muy difundida en prensa el obispo de
Ibiza, Vicent Ribas, asegurando
que la diócesis cooperó activamente y envió por duplicado toda la información
solicitada. El informe parecía indicar que la diócesis ibicenca no respondía
sobre 2 casos de sacerdotes. El obispo Ribas declara que "para responder a los requerimientos del Defensor
del Pueblo, determiné que yo mismo daría cuenta de las denuncias de abusos que se
habían recibido en este obispado desde el año 1950. Y encargué a
la Oficina Diocesana de Protección al Menor la respuesta a los dispositivos y
protocolos por ser la encargada de ello y estar lo pedido en el marco de su
actuación".
Así, el obispo escribió al
Defensor del Pueblo que desde 1950 la diócesis solo ha recibido
dos denuncias. Una se presentó en 2011, la justicia civil
la desestimó enseguida por incongruencias y falta de pruebas y el proceso
canónico, más exhaustivo, llegó a la conclusión de que era una denuncia falsa contra un sacerdote, director de un colegio, cuyo
buen nombre quedó manchado sin reparación alguna. La otra denuncia
se presentó en 2020, aún está pendiente de juicio civil, y el sacerdote
denunciado pidió dispensa a Roma perdiendo su estado clerical.
Cuando el Defensor del Pueblo
pidió más datos (lugares, víctimas, etc) el obispo respondió que en el primer
caso, al ser denuncia falsa, no hay víctimas, aunque indica el año y cargo, y
que el segundo está bajo secreto judicial (civil). Sobre un
supuesto tercer caso en Ibiza que señala El
País, el obispo no sabe nada, y detalla que los casos sobre capellanes castrenses,
aunque sucedan en Ibiza, corresponden al arzobispado castrense. El obispo añade
que a la hora de difundir datos "no puedo
saltarme lo que dicta la ley (ni la civil ni la canónica), ni lo que pide el bien de las personas, ni lo que
sugiere la prudencia".
El obispo de Ibiza también
comenta el uso de la encuesta. "Lamento profundamente las
conclusiones y especialmente las extrapolaciones que tan
libremente ha hecho el Defensor del Pueblo de lo que son unos datos concretos y
de una encuesta realizada sobre una base poblacional tan limitada y a la
que se ha encuestado de una manera tan genérica",
protesta. Y pide "que esta investigación ayude
a detener esta lacra de los abusos sexuales a menores en todos los ambientes en
los que estos se producen, que no sólo es el eclesiástico ni es, con todo, el
mayoritario".
EL
ANÁLISIS DE E-CRISTIANS: UNA "CAUSA GENERAL" CONTRA LOS CATÓLICOS
Por su parte, la asociación
católica E-Cristians, que durante
2022 y 2023 difundió varios informes críticos contra la investigación del
Defensor del Pueblo (por no ser su función y por ser discriminadora
contra los católicos), ha publicado un primer análisis
del informe considerándolo
"una causa general" contra los
católicos.
"Ceñir
la investigación solo a entornos católicos es incurrir en una “Causa General” y
en un juicio por razones políticas, con el Congreso como escenario", denuncia la asociación.
"Imaginemos que donde el Congreso y el Informe mencionan 'Iglesia
Católica' se leyera cualquier otro grupo social (por ejemplo:
socialistas, gitanos, escuelas concertadas, homosexuales,…) y se verá su
dimensión de discriminación injusta a un colectivo. Queda claro que se desvían
las funciones de una institución pública (el Defensor) y así crece la
degradación de las instituciones políticas".
E-Cristians recuerda que el
Defensor del Pueblo existe para investigar a los poderes públicos y las
administraciones, no a la Iglesia o entidades privadas. El organismo intenta
disimular que ha realizado una investigación
sin atribución para ello diciendo
que también investigaba "el papel de los
poderes públicos" (la expresión "poderes
públicos" aparece más de 80 veces en 800 páginas), pero "la estructura misma del informe muestra con
claridad que no busca investigar a las administraciones públicas, sino a los católicos
y sólo a los católicos".
Y añade que la única
justificación que da el informe para investigar a las entidades católicas son "los cinco años de campaña del periódico El
País, de la que incluso alardea en su edición del sábado 28 de octubre, afirmando
que sin su campaña el informe no se hubiera producido. Por tanto, el Defensor del Pueblo es una institución del Estado que ha actuado a
instancias del complejo ideológico formado por El País, el PSOE y el Gobierno,
con la colaboración (innecesaria) del PNV".
EL
INFORME GABILONDO ENCONTRÓ 27 VÍCTIMAS DEL SIGLO XXI
E-Cristians señala que en
realidad la oficina del Defensor del Pueblo sólo ha aportado
"405 entrevistas con presuntas víctimas, de las que en realidad solo 360
eran víctimas efectivas porque las
45 restantes se referían a casos de terceros que decían conocer". Víctimas del siglo XXI, sólo han encontrado 27. Hay que recordar que la Iglesia en España cuenta
con 23.000 parroquias y casi un millón y medio de menores en sus centros
escolares.
Mientras en décadas recientes en
los juzgados españoles se multiplican los casos de abusos sexuales, los casos recientes que implican a clérigos son escasísimos, lo que
parece indicar que la Iglesia "ha resuelto razonablemente bien su problema, pero las instituciones sociales, el Estado y sus gobiernos no lo
han hecho".
E-Cristians destaca que el Defensor ya sabía que el porcentaje de abusos ligados a entornos
católicos era muy pequeño, por ejemplo, por "los
datos recogidos por la Fundación ANAR durante diez años (2009-2019), de que los
agresores sexuales contra menores ligados a entidades de la Iglesia (clérigos o
trabajadores laicos) eran entre el 0,2 y 0,4% del total de agresores sexuales
en España".
E-Cristians señala además
que "España ha sido el único país del mundo donde el
poder político, es decir, los partidos, encargan una investigación sobre abusos
en la Iglesia Católica y solo en la Iglesia Católica. En
Alemania el parlamento encargó investigar abusos en todos los ámbitos sociales.
En Australia, en todas las religiones, no solo en la católica".
E-Cristians lamenta que el
informe haya ignorado toda la información que esta asociación le remitió, así
como su petición de ampliar su investigación más allá de los entornos
católicos.
“LAS
440.000 VÍCTIMAS SON UN INVENTO DE EL PAÍS"
E-Cristians también denuncia que
la cifra de "las 440.000 víctimas es un invento de
El País. Es una cifra que en ningún momento aparece en el Informe del Defensor del Pueblo si bien permite que lo
haga El País, sin desmentir la burda manipulación". La
asociación católica considera "muy grave que haya medios
de comunicación que publiquen la cifra de los 440.000 como si la diera el
Informe del Defensor del Pueblo. Así lo hacen medios importantes como La Vanguardia o
TV3. Así engañan a sus lectores".
La asociación católica señala una
serie de razones por las que el sondeo sería
ineficaz para estudiar la prevalencia de abusos en la sociedad española, y
no es la menor que no hay forma de verificar la veracidad de las respuestas, la
fiabilidad del recuerdo (es gente que dice recordar haber sufrido abusos, y
recordar dónde o por parte de quién) además de carecer de preguntas de control
necesarias, y dudas sobre la representatividad de la muestra. El sondeo no especifica las preguntas exactas que ha hecho a los encuestados, ni
qué es lo que se define como abusos.
E-Cristians pide "que la encuesta se someta a
un examen de pares a cargo de expertos independientes no designados por el
Defensor del Pueblo".
¿DE
VERDAD 12 DE CADA 100 ADULTOS SUFRIERON ABUSOS DE NIÑO?
Pero además, señala E-Cristians,
si casi un 12% de los adultos en España recuerdan haber sufrido abuso sexual en
su minoría de edad, si cientos de miles de ellos lo
sufrieron en entornos de escuela pública o concertada laica (9,6% de los
abusados) o
entornos deportivos (3% de los abusados), un 18% en la vía pública, etc... ¿no debería la prensa, el Gobierno y las instituciones volcarse
también en todos esos cientos de miles de casos?
E-Cristians apunta que al menos "las entrevistas confirman que la cuestión decisiva
de los casos producidos en ámbitos eclesiales es la existencia, en algunos de
los miembros de la Iglesia, de tendencias homosexuales, mucho más frecuentes a
mitad del siglo XX que en este siglo. Este problema, que desvirtúa la realidad del
delito, que en la sociedad en general afecta mucho más a niñas, ya
fue apuntado con prudencia en el informe de E-Cristians".
Por último, E-Cristians considera
que "las
medidas que propone el informe son rotundamente insuficientes y son un fracaso, como el propio trabajo de más de 700 páginas".
En eso E-Cristians parece más crítica que la Conferencia Episcopal que parte de
una apreciación positiva de las medidas.
"Pedimos
un gran debate social sobre la pederastia en la sociedad, también en la Administración del Estado, y sobre
cómo combatirla", afirma la asociación, esta vez
en plena sintonía con los obispos.
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