Dos de la víctimas pidieron que llegara vivo al juicio
La titular del
juzgado de instrucción número 5 de Tarragona, Sonia Zapata, ha determinado que
no debe interrumpirse el proceso de eutanasia iniciado por Marin Eugen Sabau,
quien está a la espera de juicio por el tiroteo que protagonizó en diciembre
del 2021 y que dejó varios heridos.
(Agencias/InfoCatólica) Eugen Sabau había trabajado
como vigilante en Securitas y pretendía quería vengarse por el «infierno» al que aseguraba que le habían sometido
sus jefes. Antes de cometer el crimen lo anunció en diversos correos
electrónicos: «Voy a ‘vacunar’ a los jefes de
Securitas», dijo. El 14 de diciembre del 2021, entró en las oficinas de
la compañía en Tarragona disfrazado con una peluca, sacó un arma larga y, tras
una breve charla, empezó a disparar.
Eugen Sabau huyó del lugar de
los hechos y fue acorralado por la policía en una masía abandonada en Riudoms.
Tras amenazar con quitarse la vida, disparó contra los agentes que finalmente
se vieron obligados a abatirlo, dejándolo en estado crítico y con una lesión
medular. Desde entonces está ingresado en ll hospital penitenciario de
Terrassa (Barcelona) a la espera de juicio. Hace dos semanas el hospital
autorizó que iniciara el proceso de muerte asistida.
Dos de sus víctimas pidieron
al juzgado que parara el procedimiento, pero la jueza ha descartado intervenir.
La ley de la eutanasia «no atribuye ninguna
competencia al juez de instrucción para decidir sobre el proceso»
La jueza, en una decisión que
puede ser recurrida, indica que según la normativa, corresponde a los médicos
responsables y a la verificación llevada a cabo por la Comisión de Garantía y
Evaluación:
«No existe
ninguna previsión legal que permita que un juez pueda interferir en un proceso
que viene específicamente regulado en una ley orgánica en cuanto que afecta a
derechos fundamentales».
Además constata que en la ley «sólo se prevén exclusiones en caso de menores o personas
que no tengan capacidad de decidir».
El abogado de dos de las
víctimas defendían que el tribunal debía parar el proceso de eutanasia para no
vulnerar el derecho de los afectados a la tutela judicial efectiva, es decir,
que se pueda juzgar al acusado: «Un presunto
asesino no puede sortear ni el juicio ni la condena mediante la eutanasia»,
planteó.
La jueza Zapata asegura que no
hay un conflicto de derechos al mismo nivel, puesto que tienen «prioridad» los derechos a la integridad física y
moral, a la dignidad, a la libertad y autonomía personal del acusado, «no solo
por la entidad» de estos derechos, «sino por su proximidad al núcleo del
derecho en la vida».
El abogado aseveraba también
que la prisión preventiva tiene que asegurar la presencia del acusado, pero la
magistrada no opina lo mismo: «en este caso, la no
presencia del investigado no vendría frustrada por la fuga sino por su
defunción» por lo cual tampoco sería responsabilidad del tribunal.
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