Un proyecto de ley que buscaba prohibir las terapias para dejar el estilo de vida homosexual en Colombia ha quedado “archivado” y no podrá ser debatido en la legislatura actual del Congreso de la República, afirmó Fernando Vélez, fundador de Red Provida Latam.
El pasado 10 de mayo fue presentado en la Cámara de Representantes
de Colombia el proyecto de ley 461, que buscaba prohibir las terapias de
conversión. No obstante, el martes 7 de junio el congresista homosexual Mauricio
Toro, quien presentó el proyecto, fue recusado y no se permitió el debate de la
iniciativa.
Según Toro, la recusación, presentada por el congresista Jonathan Silva,
apela a argumentos “homofóbicos y
discriminatorios”, con los cuales busca dejarlo por fuera del debate.
En declaraciones a ACI Prensa, Fernando Vélez, dijo que “la recusación se hizo apoyada en los intereses
personales del señor Mauricio Toro, por su condición sexual y por
su activismo a favor del movimiento LGBTI. Este hecho lo inhabilitaba según las normas colombianas”.
“Fue una recusación prudente y oportuna ceñida a la
ley, no había ningún ánimo
discriminatorio y menos homofóbico”, agregó.
Este 15 de junio la Comisión de Ética del Congreso informó que la
recusación no procedía y que el parlamentario sí podía presentar el proyecto de
ley.
“Sin embargo, por temas de tiempo, el proyecto
no puede pasar en la actual legislatura [que concluye el 20 de
junio]. Esto implica que el proyecto queda archivado y se hundió efectivamente.
Seguramente en el nuevo Congreso, que toma posesión el próximo 20 de julio de
2022, van a intentar que un senador vuelva presentarlo y entre a debate”, explicó Vélez.
“Debemos estar preparados para actuar en defensa de
los derechos fundamentales”, subrayó.
PELIGROS DEL PROYECTO
DE LEY 461
Según el fundador de Red Provida Latam, este proyecto de ley “tiene grandes amenazas para la sociedad colombiana”,
porque “atenta contra la libertad personal, la
libertad de culto y el ejercicio profesional”.
“Una amenaza tiene que ver con la patria potestad,
mencionado al principio del proyecto de ley, donde es seguro que a los padres
de familia se les va a impedir orientar a sus propios hijos en los
temas de identidad sexual, en las dudas e inquietudes en torno a
estos asuntos de tipo afectivo o emocional”.
“No solo el estado podría quitarles la patria
potestad sino también implicarlos en procesos penales que pueden llevar a la
cárcel a los progenitores”, explicó.
Otro punto que genera preocupación es el tratamiento de la objeción de
conciencia.
Vélez precisó que “los profesionales de la
salud no podrían acompañar un proceso en el que una persona, aún por
voluntad propia, quiera abandonar la homosexualidad”.
“Si el profesional de la salud interviene a favor
de la sanación de esa persona, puede perder no solo su trabajo sino su tarjeta
profesional y enfrentar un proceso penal, y la verdad, al paso que vamos, hasta
la vida”, dijo.
Otro elemento preocupante, señala, tiene que ver con los sacerdotes,
pastores, consejeros, orientadores, entre otros, “que
desde la fe y la psicología acompañan estos procesos de reconversión o
sanación”.
“Cualquier iglesia que quiera ayudar a estas
personas se podrían enfrentar a persecuciones jurídicas y procesos penales, así
como el cierre”, añadió.
¿QUÉ SON LAS TERAPIAS
DE CONVERSIÓN?
Lo que hoy se conoce como “terapias de
conversión” son un conjunto relativamente vago de formas religiosas o
psicológicas que provienen, en su gran mayoría, del mundo protestante
norteamericano, y que responden a la antropología evangélica, que es muy
distinta de la católica.
En muchos casos, especialmente en el pasado, entre las décadas de 1970 y
1990, muchas de estas prácticas eran física, mental y espiritualmente abusivas.
Sin embargo, este no fue el caso de todas estas prácticas.
El problema es que el término “terapias de
conversión” se ha vuelto un concepto genérico usado por el lobby LGBT
(lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) para satanizar cualquier forma de
ayuda cristiana o católica a las personas con atracción al mismo sexo, así como
para conseguir la aprobación de leyes que las conviertan en ilegales.
Las leyes que se están presentando en algunas partes del mundo condenan
de forma tan genérica las “terapias de conversión” que
convierten en ilegales y punibles por ley incluso el hecho de que un ministro o
sacerdote predique la doctrina bíblica sobre la homosexualidad.
Vélez explicó que “no hay evidencia alguna
de que en Colombia haya algún tipo de institución que promueva la reconversión
usando choques eléctricos, torturas o violencia física y psicológica”.
“En el caso de que exista algo tan grave, la
invitación es a que se emprendan acciones legales en contra de las personas o
las instituciones que practicarían este tipo de hechos. La ley colombiana
es explícita en condenar todo tipo de tortura o violencia física contra una
persona”, dijo.
También subrayó que “no es necesario
adelantar un proyecto de ley para tipificar un delito que ya está presente en
la ley”, y agregó que “este proyecto lo que
busca es atacar la familia y las creencias religiosas, atenta directamente
contra nuestros niños y adolescente sirviéndole al lobby LGBTI para adoctrinar
sin restricción”.
“Tenemos muchas evidencias de personas homosexuales
que sienten un deseo profundo y auténtico de cambio, no se encuentran bien con
lo que viven, son profundamente infelices y quieren una ayuda auténtica y
profesional”, aseguró Vélez.
También recordó que estas personas “buscan
de forma libre y voluntaria ayuda en muchos profesionales capacitados para
orientarlos adecuadamente”.
“En este proceso, que se adelanta con profundo
respeto, es donde se habla de una conversión en la que no solo se sana y
reconcilia diferentes aspectos de la vida, sino que la persona empieza a llevar
una vida más tranquila y coherente con sus anhelos más profundos”, explicó.
Según Vélez “este tipo de terapias o ayudas
psicológicas y espirituales han hecho mucho bien a miles de personas en
Colombia”.
“Repito que estas terapias se dan desde la libertad
y no desde la violencia física o psicológica, todo en el marco del respeto”, agregó.
POR DIEGO LÓPEZ
MARINA | ACI Prensa
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