Desobediencia civil y oposición del Congreso y de la Iglesia
Pedro Castillo,
presidente del Perú, dejó sin efecto el toque de queda que decretó para Lima y
Callao ante la desobediencia civil y la presión del Congreso y de la propia
Iglesia. Muchos analistas dudan que Castillo pueda acabar el mandato
presidencial.
(Agencias/InfoCatólica) Monseñor Miguel Cabrejos
Vidarte, Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, pidió a Pedro Castillo
que anulara el decreto de prohibición de la movilidad social (toque de queda),
anunciado por él el 4 de abril para las ciudades de Lima y Callao, ya que «atenta contra los derechos básicos de la
población».
En el comunicado titulado «Las
crisis no se resuelven con la suspensión de los derechos», publicado el 5 de
abril, el Arzobispo explica que la medida se tomó a raíz de las informaciones
de la policía nacional peruana sobre la compleja situación del país «esta medida es desproporcionada y el Gobierno debe transparentar el porqué de su
decisión. Esto es casi como un Estado de Sitio que solo aplica,
según nuestra Constitución, a casos de invasión, guerra exterior y guerra civil. Los ciudadanos interpretan esta medida como
una acción improvisada que pone de manifiesto la falta
de capacidad del Gobierno para gestionar los conflictos sociales surgidos en los últimos días en muchos puntos del país».
«Pedimos al
Gobierno que no aplique esta medida, que afecta gravemente a todos», concluye el texto de los
obispos, «pero especialmente a los más pobres, que
deben buscar a diario el sustento de sus familias. Recordemos que más del 70%
de los trabajadores del Perú son informales».
La medida fue tomada tras los
incidentes ocurridos la semana pasada como consecuencia de las protestas de los transportistas de cargas pesadas y de
los agricultores, que se
tradujeron en violencia, saqueos y agresiones, por el aumento
del precio del combustible y de los productos agrícolas. Se produjeron 4
muertos a consecuencia de
los incidentes violentos.
RETIRA LA MEDIDA
Castillo vio cómo su medida
encendía aún más las protestas, que no solo llegaron del transporte y otros
sectores sino también desde la oposición y desde partidos afines, que tachaban
las medidas del presidente de «arbitrarias y
desproporcionadas».
En el centro de Lima, a lo
largo de la tarde del martes, las protestas fueron en aumento y acabaron
derivando en fuertes disturbios y enfrentamientos con la Policía. Los
manifestantes clamaron por la dimisión de Castillo hasta bien entrada la noche.
«Debo anunciar
que a partir de este momento dejamos sin efecto esta inamovilidad y que
corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano», declaró entonces el presidente
peruano.
Ante la impresión cada
vez más generalizada de que Castillo no podrá seguir mucho tiempo en el poder, su primer ministro, Aníbal Torres, ha asegurado
que «el gabinete está muy sólido. Estoy muy
contento con este equipo que viene trabajando por el bien del país. Vamos a
seguir trabajando por todos los peruanos».
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