El Gobierno de Mato Grosso do Sul (Brasil), prohibió el uso de lenguaje neutral en las escuelas, en documentos oficiales y materiales didácticos.
El proyecto de ley
fue aprobado por la Asamblea Legislativa del estado a principios de diciembre y
fue sancionado por el gobernador Reinaldo Azambuja. El texto fue publicado en
el Diario Oficial del estado el 30 de diciembre y determina el uso obligatorio
del estándar de idioma portugués.
El lenguaje neutral —también llamado “inclusivo”—,
es defendido por activistas de la ideología de
género y promueve el uso de expresiones que no son ni
masculinas ni femeninas. Por tanto, sustituyen las vocales “o” y “a”, por
ejemplo, por “e” o “x”,
para expresar lo que clasifican como género neutro o no binario. Así,
palabras como “todos” y “todas” se escriben como “todes”
o “todxs”, “niño” o “niña” se escriben como “niñe”,
entre otras.
La Ley Nº 5.820 del estado de Mato Grosso determina que “es obligatorio el uso de la norma portuguesa en los
instrumentos de aprendizaje utilizados en el ámbito escolar, en los documentos
oficiales y en la producción de materiales didácticos, como forma de
estandarizar el idioma oficial del país”. Esta regla solo no se aplica “en los casos en que existe la necesidad de utilizar la
lengua indígena en el entorno escolar”.
El proyecto de ley fue impulsado por el diputado estatal Marcio
Fernandes y aprobado por la Asamblea Legislativa el 8 de diciembre, por 14
votos contra 1.
Ese día, el congresista escribió en sus redes sociales que “puede parecer extraño tener una ley solo para obligar a
las escuelas a enseñar lo que es correcto, pero ya hay gente que quiere imponer
un lenguaje neutral en todas partes, sin debatir con la sociedad”.
“El nuevo acuerdo ortográfico se hizo obligatorio
en 2016 y aún hoy hay mucha gente con dificultades para adaptarse. Y para
discutir la inclusión, todavía tenemos muchas otras prioridades, como tener
cartas en braille, servicio en libras, rampas de acceso en los
establecimientos, entre otras”, comentó.
En octubre de 2021, el gobierno del estado brasileño de Rondônia también
prohibió el uso de lenguaje neutral en las escuelas. La ley estatal 5.123 /
2021 estableció “el derecho a aprender el idioma
portugués de acuerdo con la norma culta y los lineamientos legales de enseñanza
establecidos sobre la base de los lineamientos nacionales de Educación,
el Vocabulario Ortográfico de la Lengua Portuguesa (VolP) y la gramática
preparada en de acuerdo con los términos de la reforma ortográfica ratificada
por la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa - CPLP”.
Además, indicó que quedaba prohibido el "lenguaje
neutro" en el currículo y material didáctico de las instituciones educativas públicas o privadas, así
como en las licitaciones públicas".
La ley de Rondônia fue objeto de una acción directa de inconstitucionalidad
interpuesta por la Confederación Nacional de Trabajadores de Establecimientos
Docentes (Contee) ante el Tribunal Supremo Federal (STF). En una orden judicial
en noviembre de 2021, el ministro Edson Fachin ordenó la suspensión de la ley a
la espera de un juicio sobre la acción.
Según Fachin, "el riesgo de su
aplicación inmediata, silenciando a profesores, alumnos y alumnas, es inmenso
y, como tal, justifica la actuación excepcional de este Tribunal".
El 3 de diciembre comenzó el juicio virtual de la acción de
inconstitucionalidad, pero el ministro Kassio Nunes Marques solicitó que se
retire del entorno virtual y se lleve al pleno presencial. Aún no hay fecha
para el juicio.
En junio de 2021, el Gobierno del estado de Santa Catarina decretó el
uso obligatorio del idioma portugués en las instituciones educativas públicas y
privadas y juntas examinadoras para exámenes públicos. El Gobierno local
manifestó en un comunicado que, "en la
práctica, el contenido no se referirá a un lenguaje neutro de género, que no
existe en portugués y que es contrario a las reglas gramaticales consolidadas
en el país".
El Partido de los Trabajadores presentó ante el STF una acción directa
de inconstitucionalidad contra el decreto estatal de Santa Catarina ADI,
aduciendo que viola los principios constitucionales de igualdad, no
discriminación, dignidad humana y derecho a la educación. El juicio aún no ha
comenzado.
Redacción ACI Prensa
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