La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Chile), realizó los días 13 y 14 de diciembre un seminario online con el insólito título “Hacia un contrato sexual en la Constituyente”, en el que se defendió que la nueva Constitución del país sureño se escriba desde la óptica feminista y con “perspectiva de género”.
Desde hace unos meses la Convención Constitucional, también llamada
Constituyente y conformada por 155 miembros a quienes se conoce como
convencionales, se dedica a redactar la nueva Constitución de Chile, que una
vez lista será sometida a plebiscito con voto obligatorio.
Daniela Andrade Zubia, presentadora del evento, indicó que el seminario
tenía como objetivo responder a la pregunta: “¿Cómo
redactar una Constitución desde una perspectiva de género y qué relevancia
tiene incluir este sujeto de derecho de las mujeres desde estas diferentes
autonomías para la generación de un nuevo contrato sexual?
Este que nos llamaba a repensar (Carole) Pateman, que decía que había
un pacto originario de tipo sexual antes que social”.
Las “autonomías” de las mujeres a las
que hizo referencia son “la toma de decisiones, la
autonomía económica y la autonomía física”, que incluye los llamados “derechos sexuales y reproductivos y el aborto”.
Una descripción del libro “El
contrato sexual” de Pateman, publicado en 1988, señala que la autora “descubrió que en la base de las sociedades patriarcales
ha habido siempre un pacto anterior al que hasta ahora se creía que fundaba las
sociedades humanas, el que Jean-Jacques Rousseau denominó en el siglo XVIII ‘el
contrato social’”.
“El verdadero pacto fundador era el contrato
sexual, que consiste en un pacto no pacífico entre hombres para distribuirse el
acceso al cuerpo femenino fértil”, agrega.
“El contrato social” es un libro de Jean-Jacques Rousseau y publicado en 1762. Es una obra
sobre filosofía política y trata principalmente sobre la libertad e igualdad de
los hombres bajo un Estado instituido por medio de un contrato social.
En su libro “El contrato sexual”, Carole
Pateman afirma que el aborto es un derecho.
“La afirmación de que las mujeres son propietarias
de sus personas ha animado muchas campañas feministas del pasado y del
presente, desde los intentos de reformar la ley de matrimonio y obtener la
ciudadanía hasta las demandas sobre el derecho al aborto”, indica la autora feminista.
Lucía Miranda Leibe, otra de las participantes en el seminario, explica
que “FLACSO surgió en 1957 en Santiago de Chile y
ahora tiene sedes en más de 15 países de la región”.
La institución, prosigue, fue “creada por la
UNESCO con la intención de generar conocimiento y compartirlo” respecto
a diversos temas como el género y los movimientos sociales.
En ese sentido, dijo, “FLACSO tiene una especial
vocación para influir en el ámbito de las políticas públicas”.
En el seminario en el que participaron varias feministas más, se resaltó
la importancia que tiene para ellas la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.
La CEDAW es el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la
Mujer de la ONU, que ha presionado durante años a los países de América y el
mundo para que aprueben el aborto.
La “Convención
Interamericana para Prenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer”, conocida como Convención de Belem do Pará, es
usada como un instrumento del feminismo radical para promover el aborto en la
región.
Camila Maturana Kesten, abogada feminista chilena, dijo en el seminario
que “la Constitución (chilena) no reconoce los
derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que se trata de derechos humanos,
y que hacen parte de los tratados internacionales”.
Esta falta de reconocimiento “impacta en
nuestras vidas, perpetuando los patrones de discriminación hacia las mujeres y
hacia la disidencia sexual”, agregó la feminista.
La abogada se refirió luego a “algunas de
las consecuencias de que estos derechos no estén en la Constitución”,
como “la criminalización del aborto fuera de las tres
causales de la ley” y la “falta
de protección frente a la violencia obstétrica”.
Otra de las feministas participantes fue Alda Facio Montejo,
costarricense de 73 años que promueve el aborto desde hace décadas.
En septiembre de 2016, en el marco del “Día
Internacional del Aborto Seguro”, la Oficina de las Naciones Unidas del
Alto Comisionado de los Derechos Humanos publicó un texto titulado “El aborto
inseguro sigue matando a decenas de miles de mujeres en todo el mundo”,
escrito por un varias personas entre quienes estaba Facio.
“Los expertos también expresaron su apoyo a la
iniciativa de organizaciones no gubernamentales para considerar el 28 de
septiembre día oficial de las Naciones Unidas para el aborto seguro en todo el
mundo, y así instar a los gobiernos a despenalizar el aborto y proporcionar servicios
de salud reproductiva de manera legal, segura y asequible”, indica el texto.
El 13 de diciembre, Facio felicitó a FLACSO Chile por “la realización de este seminario dentro de este
emocionante contexto que están viviendo en Chile, relativo a la formulación de un
nuevo contrato social, que necesariamente debe incluir un nuevo contrato sexual”.
“Un nuevo contrato social que no incluyera un nuevo
contrato sexual no tendría sentido hoy en día”, aseguró.
En el seminario participó también Alejandra Mora Mora, abogada feminista
de Costa Rica, actual directora de la Comisión
Interamericana de Mujeres (CIM).
Entre otras cosas, Mora afirmó que “no solo
no somos iguales a los hombres por las brechas, sino que entre las mujeres
somos distintas. No es lo mismo ser indígenas, afrodescendientes, pobres,
diversas sexualmente. Si no se visibiliza, lo que se hace es exacerbar la
discriminación”.
Cuando fue ministra de la condición de la mujer de Costa Rica, Mora se presentó
ante la OEA en 2016, para agradecer que se haya puesto en la agenda “la salud sexual y reproductiva de las mujeres, porque es un tema que tiene que ver con lo más
intrínseco de nosotras, que es la posibilidad de controlar el cuerpo”.
El término “salud sexual y reproductiva” suele
ser usado por las feministas para referirse a los anticonceptivos y el aborto.
En el seminario también participó María Inés Salamanca, coordinadora de
la Oficina de ONU Mujeres Chile, quien trabaja “por
los derechos de las mujeres y las niñas” y que en 2016 organizó otro
seminario titulado “Igualdad de género y
Constitución”.
El 6 de marzo de 2020, en el marco del Día Internacional de la Mujer que
se celebra el 8 de marzo, Salamanca escribió un artículo en el diario La Tercera en el
que señalaba que “ONU Mujeres se ha comprometido
con esta causa, impulsando la campaña ‘Generación igualdad: por los derechos de
las mujeres y un futuro igualitario’”.
Con esa campaña se buscaba promover “una
agenda transformadora en materia de violencia de género; de justicia y derechos
en el ámbito económico; autonomía física y derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva;
promoción de la acción feminista a favor de la justicia climática; avanzar en
la tecnología e innovación para la igualdad de género, y fortalecer el movimiento y
liderazgo feminista”.
Otra feminista participante fue la paraguaya Olinda “Line” Bareiro, quien comentó que “el contrato sexual es fundamental pero las mujeres
tenemos que estar en todo el contrato social”.
“Estamos en plena construcción del nuevo contrato
social y sexual. Esto es muy importante. Ustedes acaban de aprobar el matrimonio
igualitario, ¿verdad? Es parte de un cambio profundo en las normas
del contrato sexual”, aseguró
Barreiro.
El Congreso de Chile aprobó el 7 de diciembre, en tiempo récord, el
proyecto de ley sobre “matrimonio homosexual” que
en junio de 2021 recibió el respaldo del presidente Sebastián Piñera.
Daniela Constantino, asesora legislativa de la Corporación Comunidad y
Justicia, dijo ese día a ACI Prensa que “no hubo
debate, fue todo muy deprisa e incluso la misma oposición estuvo en contra de
cómo quedó el proyecto”.
El proyecto de “matrimonio homosexual” fue
“más urgente que las pensiones, más urgente que la
violencia, más urgente que la salud digna. No hay ningún otro proyecto de ley,
ni siquiera la salud que es primordial, que sea tan rápido”, lamentó la
jurista.
LOS PELIGROS DEL
“CONTRATO SEXUAL”
“Cuando se habla que la Constitución contenga un
contrato sexual –como símil del contrato social– quiere decir que busca
consagrar la autonomía de la mujer en todas las materias: física, sexual,
económica, política, etc. para pasar de ser un objeto de derecho –como ellas
estiman que se les considera actualmente–, a ‘sujetas de derechos’, para así
garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en la nueva Constitución”, explicó a ACI Prensa el abogado Roberto Astaburuaga, también miembro de
la Corporación Comunidad y Justicia.
El 19 de diciembre, Astaburuaga precisó que quienes quieren incluir un “contrato sexual” en la Carta Magna de Chile,
buscan que “la nueva Constitución incluya la
perspectiva de género y el enfoque feminista; y lo hacen tanto desde el
interior como del exterior de la Convención. Así lo han declarado
convencionales feministas en sus discursos de apertura y organizaciones
feministas en las audiencias públicas”.
El experto precisó además que “este objetivo
se ha cumplido en gran parte, y se ha manifestado en los reglamentos –los
cuales incluyen la perspectiva de género y el enfoque feminista como uno sus
principios–, en las audiencias públicas de las comisiones temáticas”.
Esto se refleja en “la composición paritaria
en todos los órganos del Estado, la perspectiva de género como un criterio para
juzgar y resolver por los tribunales de justicia, los derechos de las mujeres y
los derechos sexuales y reproductivos en el catálogo de derechos fundamentales,
etc., y en algunas iniciativas constituyentes populares, como la que propone
el derecho al aborto sin límite alguno y consagrar una vida libre de
violencia de género”.
“Con lo anterior se busca que todos los futuros
órganos del Estado, las leyes y las sentencias que resuelvan asuntos
relacionados con estas materias, adopten estas ideologías en la toma de
decisiones en el ámbito que les compete”, dijo el
experto jurista.
“Lo peligroso de esto es que se pretende que la nueva
Constitución consagre posturas ideológicas que presentan una visión deformada
de la relación entre el hombre y la mujer, dividiéndolos de forma antagónica”, alertó.
“La experiencia comparada, como el caso Artavia
Murillo en Costa Rica, el caso Manuela en El Salvador, o el reciente caso Lucio
en Argentina, han demostrado lo dañino que es el pack de perspectiva de género,
enfoque feminista y derechos sexuales y reproductivos, para las personas y la
sociedad”, dijo Astaburuaga a ACI Prensa.
El caso Artavia Murillo fue el que hizo
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aprobara la fecundación in
vitro en Costa Rica, mientras que el caso Manuela
es una manipulación de los promotores del aborto para buscar su
legalización en El Salvador, donde está completamente prohibido.
El caso Lucio, el más reciente de los mencionados por el experto, se
refiere al asesinato de Abel Lucio Dupuy,
un niño de cinco años, asesinado a golpes por una pareja de lesbianas
feministas que también llevaba al pequeño a marchas a favor del aborto en
Argentina.
En opinión de Astaburuaga, incluir la perspectiva de género y el
feminismo “en la nueva Constitución de Chile será
nuestra derrota cultural, política y moral”.
POR WALTER SÁNCHEZ
SILVA | ACI Prensa
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