La madre de la niña de 11 años, embarazada producto de una violación, denunció que la Defensoría del Pueblo desde un comienzo ofreció como única alternativa el aborto y que presionó al hospital para que esta práctica se realice.
La niña, que reside en la ciudad de Yapacaní, en Santa Cruz, quedó
embarazada tras sufrir reiterados abusos sexuales de su abuelastro de 61 años,
quien hoy está detenido.
Actualmente tiene 22 semanas de gestación y se encuentra en un albergue
dirigido por la Arquidiócesis de Santa Cruz, por decisión de la Defensoría de
la Niñez y Adolescencia de Yapacaní.
En la solicitud de una medida cautelar que la madre presentó ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 1 de noviembre, señaló que
cuando la niña fue llevada al Hospital Percy Boland, el 22 de octubre, en un
principio aceptó recibir una pastilla para iniciar el aborto.
Sin embargo, el 23 de octubre, a través de una carta, la menor desistió
formalmente de proseguir con la práctica y fue dada de alta el martes 26. Esta
decisión también fue apoyada por la madre de la menor.
La solicitud de la medida cautelar, a la que tuvo acceso ACI Prensa, fue
presentada ya que la Defensoría del Pueblo habría pedido al mismo organismo
internacional que exija al Estado boliviano que realice a la niña el aborto
químico.
La posición proaborto de la Defensoría del Pueblo es apoyada por la
Defensoría de la Niñez y otros grupos como Casa de la Mujer, que sustentan que
la ejecución del aborto se ampara en la sentencia 206 del año 2014 del Tribunal
Constitucional Plurinacional.
Esta establece como requisitos para acceder al aborto la presentación de
una copia de la denuncia de violación y el consentimiento de la niña,
adolescente, joven o adulta.
En ese contexto, la madre de la menor aclaró en su solicitud a la CIDH
que “la Defensoría del Pueblo de Bolivia no
representa ni en forma legal ni convencional a [la menor] L.A.S. y además está
ignorando en forma consciente su voluntad, la que expresó al personal de salud”
cuando se encontraba en el Hospital Percy Boland.
La intencionalidad de la Defensoría del Pueblo de Bolivia “se encuentra claramente distorsionada y responde a su
obsesión con la idea de que no podría querer tomar una decisión distinta a la
de abortar, en circunstancias de que como constató el personal médico del mismo
recinto, ella [la niña] no se encuentra bajo ningún riesgo real e inminente a
su salud que justifique y exija la realización inmediata y directa de un
aborto”, aseguró.
“Están poniendo palabras e intenciones en su boca,
ignorando su opinión y decisión, con el objeto de obligarla a abortar, porque
ellos y no ella, pretenden que eso es lo mejor para L.A.S. en contra de su
opinión y deseo”, insistió la madre de la menor.
La presión sobre la niña sucedió el 22 de octubre, luego que se realizó
la denuncia por violación. L.A.S. fue conducida al hospital y el “personal de la Defensoría del Pueblo jamás
mencionó que existía la posibilidad de no abortar”.
“Desde un inicio se le presentó una sola
alternativa, que era abortar el niño porque estaba permitido por la sentencia
constitucional 2016/2014. En ningún momento tomaron consideración sus
sentimientos, pensamiento y opinión sobre no querer matar al bebé si no era
necesario y que cuando supo que tenía un bebé adentro, expresó que ella no
quería hacerle daño”, relató la madre de la niña.
“El personal de la Defensoría comentó al pasar que
habría que comprar un frasco y poner al bebé en agua con sal una vez que
estuviera muerto, para que con eso se pudieran hacer pruebas y concluir quién
había sido el violador”.
“Eso le generó una enorme pena y angustia. Violaron
flagrantemente la ley, pues se supone que la decisión que se tome debe
adoptarse sin medias presiones y de manera informada”.
Pero “no sólo la presionaron en un sentido, sino
que además nadie nunca le dio información distinta, pues todos asumieron desde el primer momento que no
podría querer ninguna otra cosa”, denunció la madre.
“Sin que se le presentara ninguna otra opción y con
miedo e incertidumbre sobre lo que estaba pasando, es que dijo en un principio
que aceptaba que se realizara el aborto” y debido
a ello es que se le dio “una primera dosis de
mifepristona en el Hospital Percy Boland”.
El procedimiento químico “terminaría con la
muerte y expulsión del bebé al día siguiente. Pero la dosis no era suficiente
para terminar el acto, pues a las casi 21 semanas de embarazo el aborto químico
puede requerir más de una dosis y hasta 24 horas para su finalización”, relató
la madre.
Mientras la niña se encontraba hospitalizada en compañía de su madre,
fue visitada por Sandra, una mujer “que
acostumbraba a ofrecer su compañía y consuelo emocional y espiritual a las
mujeres hospitalizadas en la maternidad”.
En la conversación, Sandra “fue la primera
persona que le dijo que tenía una alternativa distinta” al aborto. “Fue la primera persona que la trató con respeto a su
libertad de conciencia y en forma digna, presentándole verdaderamente
alternativas, y no solo empujándole a una decisión que ella no quería”.
Luego de realizar un bautizo, por si el bebé moría por la primera dosis
de mifepristona, la niña manifestó que “no quería
hacerle daño”.
Sandra le explicó que podía evitar su muerte y darlo en adopción si esa
era su decisión, que “existían centros de acogida
en los que recibiría ayuda material, médica, psicológica y espiritual antes y
después del nacimiento”.
Fue entonces cuando la niña manifestó que no quería abortar al bebé y su
madre empezó a escribir una carta con la decisión, firmada por ambas.
Al día siguiente conversaron con los médicos del hospital y les
presentaron la carta. Sin embargo, les respondieron “que
la carta no era un documento legal y que tenía que firmarse la ficha del
paciente si la decisión era de no terminar en aborto”.
“El 23 de octubre quedó establecida su voluntad
formal” de no continuar con las dosis de
mifepristona para no matar al niño en gestación.
La menor se quedó unos días más en observación y el aborto no se
concretó, porque no continuó tomando las otras dosis del fármaco.
La niña fue dada de alta el 26 de octubre y por decisión de la Defensoría
de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní fue trasladada al hogar Madre María
donde actualmente se encuentra, “y desde donde
pretenden secuestrarla para terminar el embarazo contra su voluntad expresa y
en violación de sus derechos a decidir al respecto”, alertó la madre.
En este caso, la Iglesia ha sido acusada por quienes están a favor del
aborto de intervenir en la decisión de la niña. Sin embargo, la Iglesia local
precisó que solo tomó contacto con la madre y la niña desde
el día 25 de octubre.
Por ese motivo, manifestantes proaborto han atacado iglesias y las
dependencias de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB). Este último, ocurrió
durante una marcha a favor del aborto liderada por la defensora del pueblo,
Nadia Cruz.
La asesora legal de la CEB, Susana Inch, aseguró que la Iglesia
tiene “una convicción absoluta de protección de la
vida. Aun cuando haya habido una situación de violencia sexual, aun cuando la
situación sea de un embarazo de alto riesgo, aun cuando todo sea adverso en
este momento, la convicción es que hay que proteger
y defender esa vida bajo cualquier circunstancia. Sobre todo,
porque Dios es el que da la vida y es el único que la puede quitar”.
ABORTO EN BOLIVIA
Si bien el aborto sigue siendo un delito, desde diciembre de 2017,
durante el gobierno de Evo Morales, se creó un nuevo Código del Sistema Penal
para que bajo ciertas causales esta práctica no sea punible.
Esto hace que el aborto en Bolivia esté permitido en los casos de riesgo
de vida de la madre, malformaciones del que está por nacer, violación, incesto,
estupro.
También en caso de reproducción asistida no consentida por la mujer y en
los casos que la embarazada sea niña o adolescente, hasta la octava semana de
gestación siempre que haya “consentimiento de la embarazada”.
POR GISELLE VARGAS | ACI Prensa
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