En el contexto del caso de una niña de 11 años embarazada producto de una violación en Bolivia, la asesora legal de la Conferencia Episcopal (CEB), Susana Inch, explicó que la Iglesia “está cumpliendo con un deber moral y también legal”.
Una niña de 11 años en la ciudad de Yapacaní, Santa Cruz, resultó
embarazada tras sufrir reiterados abusos sexuales por parte de su abuelastro de
61 años, hoy detenido.
La niña tiene 21 semanas de gestación y se encuentra en un albergue
dirigido por la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, por decisión de la
Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
Por ese motivo, la Iglesia ha sido duramente criticada ya que los que
están a favor del aborto le acusan de intervenir en la decisión de la niña.
Sin embargo, el sábado 23 de octubre, con una carta escrita a mano, la
niña desistió formalmente de proseguir con el aborto y fue dada de alta el
martes 26 de octubre. Esta decisión también fue apoyada por la madre de la
menor.
El delegado episcopal de Salud de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la
Sierra, Víctor Hugo Valda, aseguró a ACI Prensa que la Iglesia no incurrió en
injerencia o intervención alguna y que “no se ha
hablado hasta el momento ni con la niña ni con la madre”.
“Lo que la Iglesia hizo fue apersonarse el día
lunes (25) para que se respete la voz de la niña y de la mamá que no querían
interrumpir el embarazo, y porque además, obligarle a hacerse un aborto sería
un delito. La Iglesia estuvo presente para eso y preguntar por el estado de la
niña”, comentó.
La asesora legal de la CEB, Susana Inch, explicó al programa “Iglesia Viva en diálogo” que “es una situación excepcional muy difícil para una niña
de 11 años, pero desgraciadamente ya está dada la situación y toca ver cómo
ayudar, cómo acompañar para que sea un proceso lo menos traumático posible y
obviamente proteger los derechos del bebé”.
Inch aseguró que “desde la fe hay una
convicción absoluta de protección de la vida. Aun cuando haya habido una
situación de violencia sexual, aun cuando la situación sea de un embarazo de
alto riesgo, aun cuando todo sea adverso en este momento, la convicción es que hay que proteger
y defender esa vida bajo cualquier circunstancia. Sobre todo,
porque Dios es el que da la vida y es el único que la puede quitar”.
Desde el punto de vista legal, Inch expresó que “todos
estamos obligados a dar las condiciones” para que el bebé pueda nacer y
continuar su vida después. “La Iglesia no está
actuando ni por gusto, ni en busca de reivindicaciones, sino que la Iglesia
está cumpliendo con un deber moral y también legal”.
En ese sentido, “si la Iglesia se mantuviera
al margen de esta situación estaría incurriendo en un grave compromiso de
omisión ético y también de incumplimiento de la ley, porque la ley es clara en
cuanto la obligación, primero del Estado y luego de todos, de dar el cuidado y
la atención necesaria a un bebé en gestación” y posteriormente a su
nacimiento.
“La Defensoría de la Niñez, juzgados, centro de
salud, ministerios, cualquier persona estamos obligados a dar la protección
necesaria a niños, niñas y adolescentes desde la concepción”, indicó.
La asesora legal de la CEB dijo que para que no se sigan repitiendo
estas situaciones se debe trabajar aún más la prevención a través de la
formación, la educación sexual desde los principios y valores, de espacios
adecuados, entre otros factores.
POR GISELLE VARGAS | ACI Prensa
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